El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín declaró infundadas las observaciones presentadas por el abogado del prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón contra la acusación del Ministerio Público por el presunto resguardo ilegal de policías.
Asimismo, el juez Walter Camarena Madrid declaró formalmente saneada la acusación y dio por concluido el control formal del caso, tras lo cual se pasará al control sustancial donde las partes deberán presentar sus medios técnicos de defensa.
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El abogado de Cerrón Rojas señalaba que la sustentación del fiscal Rodrigo Mera no ha sido objetiva al delimitar los hechos imputados y que solo se había limitado a describir “actos administrativos”, los mismos que no configurarían ilícito penal.
Del mismo modo, el juez declaró fundada en parte las observaciones de la defensa de Silva Carmen Ticse Huamán, al considerar que no se encuentran debidamente establecidos los hechos materia de imputación en contra de su patrocinada.
Por este caso la fiscalía pidió nueve años de cárcel efectiva en contra del líder de Perú Libre por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible, falsedad ideológica e, incluso, falsificación de documentos.
El proceso comprende, además de Vladimir Cerrón, a más de una decena de personas, entre los que se encuentran cuatro efectivos de la Policía Nacional (PNP), así como funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín.
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Según la tesis del Ministerio Público, se gestionó, de manera irregular, al interior del Gobierno Regional de Junín una “bonificación especial” para los efectivos a cargo del resguardo de Cerrón Rojas.
Así, se le asignaron el suboficial PNP Carlos Zárate Villalobos y el suboficial de segunda PNP Edwin Mamani Cáceres, quienes percibían una remuneración adicional a su sueldo a través de órdenes de servicio emitidas por el Gobierno Regional de Junín.
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En este caso también se encuentra comprendido el suboficial PNP Yrineo Perales López, asignado un mes después. Todos ellos recibieron S/35.000 entre enero y diciembre del 2019 en bonificaciones, a razón de S/1.000 mensuales.
El pedido del Ministerio Público también comprende a otros once exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín con penas de entre 4 a 12 años de prisión por los delitos de colusión agravada, negociación incompatible y falsedad ideológica.
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