La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín programó cuatro fechas en el mes de agosto para evaluar la condena de 4 años de prisión efectiva contra el exgobernador regional Vladimir Cerrón por el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’.
De este modo, la audiencia se reiniciará el próximo martes 8 de agosto de 3pm. a 6 pm., continuará al día siguiente, miércoles 9, en el mismo horario y se reanudará el martes 15, prosiguiendo el jueves 17.
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Como se recuerda, en febrero último el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Junín condenó a cuatro años de prisión efectiva por colusión al fundador del partido Perú Libre.
En aquella oportunidad, el titular de dicha instancia del Poder Judicial de esa región, Guido Arroyo, dispuso que la sentencia contra Cerrón Rojas será ejecutada cuando sea confirmada en segunda instancia.
La condena contra Vladimir Cerrón también incluye una inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos, aunque vengan de elección popular, así como S/2 millones 18 mil 180 como reparación civil, que deberán pagar de manera solidaria todos los condenados.
Según el Ministerio Público, el gobierno regional de Junín no debió haber realizado gestiones para generar el proyecto del aeródromo en Orcotuna, provincia de Concepción.
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Según sustentó, había una postura del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que alegaban que esta región ya contaba con un aeropuerto y no se debía invertir en la creación de otro.
También sostiene que Vladimir Cerrón y Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, suscribieron un contrato para la construcción del aeródromo sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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El juez impuso diversas restricciones, como no ausentarse de la localidad de su residencia y cumplir con registrarse en el control biométrico los lunes de cada semana hasta la culminación del proceso penal con sentencia firme. De incumplirlas, se procederá a la ejecución provisional de la condena.
