El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, afirmó que la presidenta Dina Boluarte habría recortado el presupuesto asignado a la fiscalía este año en represalia por las diversas investigaciones que se le inició.
En entrevista con RPP Noticias, indicó que la mandataria sostiene que no puede ser investigada por la Fiscalía de la Nación, pese a que la Corte Suprema sentó jurisprudencia en el tema con el caso del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
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Mencionó que el Ministerio Público tiene una demanda de presupuesto de S/150 mil millones para atender normalmente todos los servicios que presta. De esa suma, se le asignó la quinta parte, es decir S/2.900 millones, cifra inferior a la del año anterior.
“Indudablemente que sería una consecuencia de estas investigaciones y de estas alegaciones que hace la señora presidenta de la república –que ella no puede ser investigada- que ha tomado la represalia y ha disminuido drásticamente el presupuesto del Ministerio Público”, expresó.
Cubas Villanueva también aseguró que existe una “campaña de desinformación” desde el Ejecutivo donde se pretende atribuirle al Ministerio Público ser el causante de la inseguridad ciudadana en nuestro país.
Aseveró que el censurado exministro del Interior Juan José Santiváñez, en reiteradas oportunidades, ha utilizado “cifras absolutamente infladas” para sostener que la fiscalía libera a las personas que la Policía detiene en flagrancia.
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“Esto lo hace con la intención de que la ciudadanía considere que el Ministerio Público y los órganos encargados de administrar justicia son los responsables del problema de una inusitada actividad del crimen organizado”, remarcó.
El exfiscal también enfatizó que se pretende señalar que la fiscalía está politizada que y persigue a políticos, acotando que el Ministerio Público solo cumple con su función constitucional y que de no hacerlo, estaría incurriendo en un delito.
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En ese sentido, indicó que las personas sometidas a investigación, en vez de defenderse y contribuir con el esclarecimiento del hecho, desatan una campaña de desinformación afirmando que el Ministerio Público está “politizado”, que la justicia se ha “criminalizado” y que ellos son “víctimas de la persecución”.
“En los últimos años el Ministerio Público ha practicado investigaciones en relación a personas que están ejerciendo funciones políticas, pero que están señalados como presuntos autores de delitos y el Ministerio Público no es responsable de ello”, acotó.
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“La situación sería muy fácil de solucionar: que quienes ejercen funciones en el ámbito de la administración pública, y mucho más como altos funcionarios, no se involucren en la comisión de delitos, entonces el Ministerio Público no tendría por qué investigar”, agregó.
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