El Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos solicitada por el empresario Zamir Villaverde, investigado por presuntos pagos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para adjudicarse la buena pro de la obra Puente Tarata, en la región San Martín.
La titular del 10° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, resolvió que no se vulneró el principio de imputación y si bien Villaverde tuvo investigaciones previas por lavado de activos, estas no se encuentran relacionadas al delito de corrupción.
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Se imputa a Zamir Villaverde García haber realizado “actos de transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero ilícito” entregado por las empresas Termirex S.A.C, Tableros y Puentes S.A Sucursal del Perú y HB Estructuras Metálicas S.A.S Sucursal del Perú, a fin de que este interceda ante Juan Silva, entonces ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Castillo, para obtener la buena pro de la obra.
Así, el investigado habría utilizado las estructuras organizacionales de las empresas Villaverde Company S.A.C, Mazavig S.A.C y Vigarza S.A.C y otras para ingresar el dinero ilícito.
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De este modo, para el Poder Judicial no ha existido una vulneración a derecho de Zamir Villaverde debido a que según la hipótesis del Ministerio Público, habría tenido vinculación con actos de lavado de activos como consecuencia del direccionamiento de la buena pro de licitaciones públicas convocadas por Provias Descentralizado.
También refiere que si bien el empresario fue investigado por presunto lavado de activos, esto habría estado relacionado con delitos precedentes como usurpación, secuestro, extorsión, concusión y hurto.
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“En el presente caso, los delitos precedentes que habrían dado lugar al presunto lavado de activos estarían relacionados a otras formas delictivas vinculadas a la corrupción del poder en la que habrían estado inmersos ex ministros de Estado”, manifestó.
Cabe indicar que días atrás Zamir Villaverde cuestionó la decisión del Ministerio Público de mantenerlo como investigado en dicho caso, pese a que, según dijo, no tiene vinculación con las empresas ni con las personas implicadas en el proceso.
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Además, el empresario indicó en la audiencia judicial por la tutela de derechos que el periodo de investigación del caso abarca del 2012 al 2020, pero que él conoce a dos de los implicados, Bruno Pacheco y Luis Pasapera, recién desde el 2021.
