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“Keiko: tras cuernos, palos”, una crónica de Fernando Vivas

Tras la derrota de Fuerza Popular en las elecciones locales, Keiko Fujimori pasó el fin de semana detenida. El fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción decidieron ser implacables

Keiko Fujimori

“No se puede entender el drama que viven Keiko y el fujimorismo sin un componente de negación de la realidad”.

El último tuit de Keiko Fujimori antes de ser detenida fue: “Un saludo especial a los 47 alcaldes distritales y 3 alcaldes provinciales de Fuerza Popular elegidos el pasado domingo”. La lideresa de FP se aferró a una cifra sin contexto: 47 alcaldes distritales de 1.874 distritos son apenas un 0,4%, tres alcaldes provinciales de 196 provincias son el 1,5%, ningún gobernador en 26 regiones es un lastimero 0% para un partido que en el 2016 casi ganó la contienda y logró una histórica mayoría absoluta en el Congreso.

Donde todos vieron una debacle electoral, Keiko quiso ver las huestes que seguirán sustentando su sueño del 2021. No se puede entender el drama que viven el fujimorismo y su cabeza sin este componente de negación de la realidad. Con frecuencia, ha hecho caso omiso de extendidas percepciones populares –la ‘realidad’ en el análisis político– antes de tomar decisiones. Luego, ha reculado cuando las reacciones fueron extremas. Dos ejemplos de las últimas semanas: pausó las reformas, reculó y tuvo que acelerar; blindó al juez César Hinostroza de acusación por crimen organizado, luego se retractó.

El caso que la llevó a prisión empezó a agravarse cuando negó que una evidencia tan contundente como la anotación “aumentar Keiko para 500” en la agenda de Marcelo Odebrecht se refiriera a ella y a su campaña del 2011. Lo siguió negando incluso después del 9 de noviembre del 2017, cuando el propio Odebrecht admitió que era ella de quien hablaba, y volvió a negarlo incluso luego de que Jorge Barata confirmó, el 28 de febrero del 2018, que la plata se la entregó a sus correligionarios Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Siguió negándolo después de que el fiscal José Domingo Pérez allanó las casas de ese par y los locales partidarios en pos de la documentación que confirmara la existencia de falsos aportantes usados para enmascarar el millón de dólares de Odebrecht bajo la táctica del ‘pitufeo’ (trocear una gran suma en varios aportes truchos).

—Negar y sufrir—
El negacionismo de las evidencias, similar al cometido por Humala y Heredia, la enfrentó con un Ministerio Público que tuvo que investigar más. La batalla llegó a tal extremo que el entonces portavoz del fujimorismo, Daniel Salaverry, denunció al entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en noviembre del 2017. Si Humala y Heredia primero, Keiko después, hubieran admitido de saque que recibieron aportes de Odebrecht y violaron la normativa electoral, quizá atenuaban y hasta evitaban que los procesaran por graves delitos como lavado de activos primero, y pertenencia a una organización criminal después.

En el caso del fujimorismo están, además, las pasiones que desata. Para jueces y fiscales, es más difícil blindarse ante la presión pública y tragarse sus propias fobias, si las tienen. El fiscal Pérez y el juez Concepción parecen haber resuelto su dilema con una implacabilidad que quiere ser ciega y plural. Pero podrían estar encarnando el temperamento ciudadano desaprobador de la política que celebra la criminalización de los partidos al presumir que son, en buena parte, entes en busca de aportes ilícitos y que una vez en el poder resarcirán a los aportantes con obras sobrevaloradas. La apuesta política es mucho más que eso y tiene su propia lógica de fines y lealtades distinta a la de una organización cualquiera, criminal o no, pero se reduce a los expedientes judiciales que cada líder se labra cometiendo y negando estropicios ante fiscales implacables.

Entonces, la lógica del Ministerio Público que busca colaboración eficaz para negociar penas choca fatalmente contra la lógica del político para el que admitir lo que le endilgan es una derrota. Cualquier civil tiene más flexibilidad para escoger su defensa pragmática, aunque, por otro lado, el político tiene la capacidad de presionar y victimizarse como perseguido por la maquinaria del establishment.

He conversado, para esta crónica, con juristas y políticos que apuntan una razón adicional de la escalada penal que abate a Keiko y a otros políticos tercos: la decisión de un fiscal de invocar la teoría del crimen organizado no solo se basa en su convicción sobre el fondo del caso, sino que, a veces, puede también estar motivada por el simple hecho de que así obtienen más plazo para sus diligencias.

Los plazos son esenciales en el complicado frente judicial de Keiko y pueden explicar la sorpresiva medida del fiscal Pérez. Así me lo dijeron dos personas ligadas a la lideresa de FP. Resulta que el pasado jueves había dos casaciones ante una sala de la Corte Suprema para decidir si se los podía seguir investigando, a Keiko y a su esposo Mark Vito Villanella, por el llamado Caso Cocteles. La sala decidió que sí. La otra casación era por el caso que la tiene detenida, y se confirmó que a mediados de noviembre vence el plazo para formalizar la acusación.

¿Entonces, por qué esta medida de impacto si Pérez aún tiene un mes para investigar? Además de la razón anterior, estaría la táctica de quebrar, con un operativo en masa, el silencio de algunos investigados. Y algo más importante, la posibilidad de acumular este caso de las anotaciones de Odebrecht (carpeta 55 del 2017) a otro muy similar sobre las finanzas de la campaña del 2011.

—Nunca Domingo—
Los keikistas creen que Pérez, si ya pidió lo más en fase preliminar, pedirá prisión preventiva muy pronto, cuando se acabe el plazo de los diez días, si no antes. La apelación ante la detención que se resolverá en estos días podría lograr la liberación de Keiko, pero no alterará necesariamente el plan de Pérez.

Finalmente, y este es un argumento crucial, los keikistas temen que nuevos pedidos de Pérez vayan a parar donde Concepción Carhuancho. Prefieren tentar suerte con cualquier otro juez. Y Pérez teme que sus casos vayan a otros jueces. El fiscal es muy cauteloso con el secreto de sus diligencias, de ahí que nos enteramos de sorpresa junto a los fujimoristas y al gobierno. Es probable que ni Palacio lo supiera; si no, Vizcarra no hubiera aparecido un día antes a decirle ‘no’ a uno de los cuatro ítems del referéndum y enrarecer la atmósfera, haciendo aun más difícil digerir el impacto de la detención.

También me dicen, keikistas y antikeikistas, que estas operaciones en masa para detener a una veintena de investigados son una táctica para lograr que uno o varios se quiebren y canten. Ya existen, por lo menos, un testigo protegido y un colaborador eficaz citado en la resolución de Concepción.

Otro motivo de desconcierto para los anonadados fujimoristas ha sido la ausencia del fiscal Pérez en las diligencias. Luego, supimos que viajó, junto a su superior Rafael Vela Barba, a un evento en México.

Quizá quiso aprovechar el viaje para guardar sigilo y no enervar la detención con su presencia. Es muy creíble que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fuese tan sorprendido con la detención de Keiko Fujimori como Pérez con la remoción de la fiscal Érika Delgado de su equipo. Chávarry se juega su carrera en estos días, mientras Keiko se juega su libertad y su futuro. Otra semana trepidante nos espera.

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