Keiko Fujimori se enfrenta a una acusación de 30 años de cárcel por el delito de lavado de activos, organización criminal y otros. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori se enfrenta a una acusación de 30 años de cárcel por el delito de lavado de activos, organización criminal y otros. (Foto: GEC)
Karem Barboza Quiroz

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A más de cinco años de haberse iniciado las primeras investigaciones por el delito de lavado de activos contra la candidata presidencial y su partido (), el fiscal José Domingo Pérez decidió formular la acusación en su contra.

Para la excongresista ha pedido , para su esposo Mark Vito Villanella otros 22 años y 8 meses; y para su abogada Giulliana Loza, solicitó 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad.

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Los delitos por los cuales ha sido acusada Fujimori Higuchi son crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la administración de justicia, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Según explicó el fiscal Pérez Gómez, los ilícitos fuente para la configuración del lavado de activos proviene de los delitos previos como corrupción, fraude en la administración y tráfico de drogas.

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La acusación, incluye a más de 30 personas entre naturales y jurídicas.

El caso ahora, ya se encuentra en manos del Poder Judicial que, a través del juez Víctor Zúñiga, deberá revisar la investigación y determinar el inicio del control de acusación y posterior determinación de un juicio oral.

Pero, ¿cuál fue el proceso que siguió este caso para concluir en una acusación?

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Inicio del caso

Lo primero que hay que precisar es que esta investigación acumula tres carpetas que inicialmente estaban divididas en tres pesquisas a lo largo del tiempo.

El caso “Aportes fantasmas del 2011” que inició en octubre del 2015 cuando se reportó la existencia de falsos contribuyentes de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, en la campaña electoral del 2011.

El segundo caso fueron los “Cócteles o rifas” que se organizaron para financiar la campaña electoral del 2016 de Fujimori Higuchi. Aquí se detectó que los ingresos por esas actividades no se condecían con los reportes ante la Oficina Nacional de Procesos Relectorales (Onpe).

Finalmente, el “Caso Odebrecht” que inició en agosto del 2018 luego que, desde Brasil, se conocieran un reporte de la agenda electrónica del empresario Marcelo Odebrecht -investigado por financiar a políticos y entregar dinero a cambio de proyectos públicos en diversos países- en la que se mencionaba a Fujimori Higuchi.

José Domingo Pérez aseguró que ha pedido restricciones para que Keiko Fujimori no se pueda comunicar con congresistas. (Lino Chipana / GEC)
José Domingo Pérez aseguró que ha pedido restricciones para que Keiko Fujimori no se pueda comunicar con congresistas. (Lino Chipana / GEC)

Odebrecht lo cambió todo

“Aumetar Keiko 500” fue la anotación de Marcelo Odebrecht que llevó al Ministerio Público -gracias a la confesión de los empresarios de la constructora brasileña- a determinar que la lideresa Keiko Fujimori habría recibido aportes desde Brasil por la suma de US$1′000.000.00 y que habrían sido “blanqueados” en sus campañas a la presidencia los años 2011 y 2016.

Ese fue el hilo de la madeja que la fiscalía siguió y unió piezas para elaborar una hipótesis sustentada en la creación de una organización criminal al interior del partido político Fuerza Popular bajo el liderazgo de Keiko Fujimori.

Estamos ante una organización criminal que, precisamente, ha realizado modalidades criminales y hemos presentado esto cargos para que sea el Poder Judicial quien los evalúe, con las garantías que merecen todos los acusados”, dijo ante la prensa el fiscal José Domingo Pérez.

Dentro de la acusación también se ha contemplado que la tres veces candidata presidencial, habría recibido otros montos de dinero del que tampoco habría sido consignado dentro de los reportes ante la Onpe.

En esa línea, se determinó unificar los tres casos antes mencionados pues según la hipótesis, tanto las rifas, cócteles y aportantes fantasmas sirvieron para introducir el dinero no declarado y financiar así las actividades electorales de Fujimori Higuchi y Fuerza Popular.

Fiscalía pide 22 años de cárcel para Martk Vito Villanella (Foto: REUTERS/Guadalupe Pardo)
Fiscalía pide 22 años de cárcel para Martk Vito Villanella (Foto: REUTERS/Guadalupe Pardo)

Además, otra parte del dinero también habría sido destinada para la compra de terrenos en Chilca, a través de su esposo Mark Vito Villanella, quien también forma parte de la acusación.

Por ello, para el Ministerio Público, se ha concluido que el dinero ingresado en las campañas de Fujimori Higuchi, proviene de actos de corrupción no solo cometido por la empresa Odebrecht; sino también que en el decurso de la investigación alega que parte del dinero proviene de los actos ilícitos cometidos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

El fraude en la administración es, presuntamente, por haber dispuesto que Fuerza Popular incumpla con los procesos de transparencia sobre los aportes en sus campañas. Y, según el fiscal Pérez Gómez, el tráfico de drogas proviene por la detección de aportantes vinculados con dicho delito.

Todos estos actos se realizaron dentro de la formalización de la investigación preparatoria que se formuló el 19 de octubre del 2018.

Fiscalía pide 6 años de prisión para abogada Giulliana Loza (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Fiscalía pide 6 años de prisión para abogada Giulliana Loza (Foto: César Bueno / @photo.gec)


Cabe precisar que según la abogada Giulliana Loza, defensa legal de Fujimori Higuchi, la acusación “no tiene sustento porque es un caso que se le ha caído. Entonces en base a eso intenta ahora meterse escandalosamente de manera lamentable en este proceso electoral”.

Mientras que el abogado Elio Riera, defensa legal del partido Fuerza Popular, dijo a El Comercio que la fiscalía había dejado de actuar diligencias dispuestas por ellos mismos por tanto, “todo esto genera una invalidez del acto de conclusión de investigación que oportunamente será corregido por el Poder Judicial”.

Dos veces en prisión

Durante la investigación preparatoria, que duró 2 años y 4 meses (de los 5 años y 5 meses que estuvo el caso en el Ministerio Público), Keiko Fujimori fue recluida en prisión hasta en dos oportunidades.

La primera vez se ordenó su prisión preventiva el 31 de octubre del 2018, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho -quien tenía el caso en ese momento- dispuso su internamiento en prisión preventiva por 36 meses.

La decisión fue ratificada por la segunda instancia y por la Corte Suprema. Aunque esta última, en su resolución, redujo a 18 mese el tiempo en que debería permanecer bajo prisión preventiva.

Finalmente, en noviembre del 2019, el Tribunal Constitucional anuló la orden de prisión preventiva y ordenó excarcelar a Keiko Fujimori. Un año después de estar en prisión, el TC determinó que no se había sustentado adecuadamente la obstrucción a la justicia por parte de la lideresa de FP.

La segunda vez que Fujimori Higuchi fue enviada al penal Santa Mónica (Chorrillos) por el mismo caso, fue en enero del 2020, cuando el juez Víctor Zúñiga dispuso 15 meses de prisión preventiva.

No obstante, tres meses después, la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado dispuso su libertad por no existir riesgo de fuga por parte de la investigada, hoy acusada.

Sobre esta decisión aún está pendiente un recurso de casación ante la Corte Suprema interpuesta tanto por el Ministerio Público como por la defensa de Fujimori Higuchi.

Caso Joaquín Ramírez aún está pendiente

Actualmente, la Fiscalía para casos de lavado de Activos y Pérdida de Dominio sigue una investigación preparatoria contra Keiko Fujimori y el exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por el presunto delito de lavado de activos.

Como se recuerda, el caso fue reabierto luego que el Ministerio Público dispuso su archivamiento a inicios del 2017.

Finalmente, en julio del 2019, el fiscal Wilson Salazar formalizó la investigación preparatoria. El caso se vincula a la compra de inmuebles por parte de Ramírez por un monto superior a los US$2′000.000.00.

Dentro del caso también se incluyó la declaración del expiloto, Jesús Vásquez, quien aseguró en un reportaje periodístico que Joaquín Ramírez habría lavado dinero para Keiko Fujimori.

En el 2020, el juez para delitos de Crimen Organizado, Víctor Raúl Zúñiga Urday, ordenó el allanamiento y descerraje de uno de los predios vinculados con Joaquín Ramírez.

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