La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró bien concedido el recurso de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular que ordena el estricto cumplimiento de las medidas impuestas en su comparecencia. (Foto: El Comercio)
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró bien concedido el recurso de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular que ordena el estricto cumplimiento de las medidas impuestas en su comparecencia. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del evaluará este martes 24 de agosto la apelación presentada por la defensa de contra la resolución que el juez expidió el pasado 21 de junio y que ordena “el estricto cumplimiento de las medidas restrictivas impuestas” puesto que de lo contrario se dictará “nuevamente prisión preventiva”.

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La audiencia se llevará a cabo a través del aplicativo Google Meet desde las 11:00 a.m. En esta también se evaluará el recurso de apelación interpuesto por el fiscal José Domingo Pérez contra la decisión del magistrado que no accedió a su pedido para imponerle prisión a la excandidata presidencial.

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Como se recuerda, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra Fujimori Higuchi, tras escuchar las intervenciones del fiscal José Domingo Pérez; de la abogada de la candidata presidencial, Giulliana Loza, y de la propia lideresa de Fuerza Popular.

El juez Víctor Zúñiga desestimó el pedido de José Domingo Pérez, quien solicitó que se revoque la comparecencia con restricciones a la lideresa de Fuerza Popular por mantener contacto con Miguel Ángel Torres y Lourdes Flores Nano, testigos del caso.

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En ese sentido, el magistrado explicó que tomó esta decisión porque no se apercibió a Keiko Fujimori previamente antes de solicitar la revocatoria de la comparecencia con restricciones.

Aunque Fujimori continuará el proceso en libertad, el juez acogió el argumento del fiscal y dijo que la acusada quebró una de las restricciones: no comunicarse con los testigos del caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales del 2011 y 2016.

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