Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama recibieron en efectivo y por partes los US$3,6 millones de Credicorp, según declaró Dionisio Romero Paoletti. (Foto: Archivo El Comercio)
Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama recibieron en efectivo y por partes los US$3,6 millones de Credicorp, según declaró Dionisio Romero Paoletti. (Foto: Archivo El Comercio)
/ ENRIQUE CUNEO
René Zubieta Pacco

La declaración del empresario Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., ha abierto un nuevo capítulo en torno a la investigación que el equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato sigue contra , lideresa de (antes Fuerza 2011), a raíz de los aportes a la campaña presidencial del 2011.

Esta nueva arista da pie a algunas preguntas para entender el panorama general del caso.

1. ¿Por qué se investiga a Keiko Fujimori?

La excandidata presidencial se encuentra actualmente en prisión preventiva como parte de la investigación preparatoria en su contra, por el supuesto delito de lavado de activos y por presuntamente liderar una organización criminal dentro del partido Fuerza Popular.

De acuerdo a la fiscalía, Fujimori Higuchi habría usado a su partido para obtener poder político en las instituciones del Estado y para el lavado de activos provenientes de la empresa Odebrecht, en el contexto de las elecciones del 2011.

Estas imputaciones parten de una declaración que, el 28 de febrero del 2018, dio Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, al fiscal José Domingo Pérez en Sao Paulo, Brasil.

El exdirectivo manifestó que la compañía aportó US$1’200.000 a la campaña de Keiko Fujimori. Detalló que, durante la primera vuelta, entregó US$500.000 a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya Cámere, mientras que en segunda vuelta les dio otros US$500.000 a ambos.

2. ¿Qué declaró Dionisio Romero Paoletti?

Aquí entra en escena otro monto millonario para la campaña del 2011. El empresario Dionisio Romero Paoletti señaló, el último lunes, al fiscal José Domingo Pérez que Credicorp entregó US$3,65 millones en efectivo a Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama entre finales del 2010 e inicios del 2011.

“Las entregas fueron dadas en maletines, no recuerdo el monto exacto de cada entrega, pero eran de US$500 mil o US$600 mil”, precisó el empresario, según pudo conocer este Diario.

Acotó que de la cuenta de Credicorp hubo en total 17 retiros y que el monto total fue entregado en “seis o siete” partes.

“Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió, pero no puedo precisar en cuantas ocasiones. En algunas ocasiones estaban ambos, en otras estaba solamente la señora Fujimori, y en otras el señor Yoshiyama”, refirió consultado por si el dinero fue entregado directamente a la excandidata presidencial.

Romero, Fujimori y la defensa legal aseguran que el monto de Credicorp es lícito.

Sobre la contribución de Dionisio Romero Paoletti, que ha sido confirmada por la lideresa de Fuerza Popular, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, consideró que la lideresa de Fuerza Popular está reconociendo el modus operandi consistente en manejar grandes sumas de dinero y eludir los sistemas de prevención antilavado para poder recaudar fondos.

“De hecho, si habría aceptado estos aportes [Keiko Fujimori] tendría que haber aceptado también que la rendición de cuentas ante la ONPE fue falsa y tendría que aceptar que el método del ‘pitufeo’ era parte de la modalidad dentro de la fase de ensombrecimiento del dinero”, indicó.

La resolución judicial que el año pasado permitió la detención de Keiko Fujimori, el fiscal Pérez se explaya sobre la modalidad del ‘pitufeo’ en la investigación.

Dionisio Romero reveló que aportó a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. (GEC)
Dionisio Romero reveló que aportó a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. (GEC)

3. ¿Cuánto declaró a la ONPE la campaña de Keiko Fujimori en el 2011?

En setiembre del 2011, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió su informe técnico final de verificación sobre la información financiera de campaña electoral reportada por el partido Fuerza 2011.

La agrupación declaró que, entre el 6 de diciembre del 2010 y el cierre de campaña electoral en junio del 2011, tuvo ingresos por un total de S/17’450.753,93: S/14’804.650,55 de aportaciones individuales en efectivo y en especie, S/2’610.929,58 por actividades de financiamiento proselitista (cocteles y cenas profondos) y S/35.173,80 como parte de otros ingresos.

Asimismo, declaró S/19’797.863,03 como gastos totales de campaña electoral.

Sin embargo, la citada gerencia de la ONPE determinó que S/144.417 corresponden a aportes no identificados, mientras que S/911.236,95 a gastos omitidos en el rubro de publicidad electoral en televisión, radio y prensa.

4. ¿Qué es el ‘pitufeo’?

En su espacio ‘El Habla Culta’ en este Diario, donde se explica el significado de palabras de uso común, la reconocida lingüista Martha Hildebrandt ha señalado que el sustantivo ‘pitufeo’ se usa para designar una modalidad de lavado de dinero que consiste en depositar pequeñas cantidades en efectivo para evitar los controles de ley. “Pitufeo es un calco semántico del inglés smurfing, voz derivada de smurf (pitufo), que denomina a unos pequeños personajes azules de caricaturas infantiles de origen europeo”, indica.

Cabe recordar que Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, declaró a la fiscalía que recibió el cargo de su tío para buscar aportantes falsos con apariencia de solvencia con el fin de simular contribuciones a favor de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. “…Me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo que no deseaban aparecer públicamente”, declaró el 12 de noviembre del 2018.

Asimismo, el último 4 de noviembre como parte de otra declaración, Yoshiyama Sasaki aseveró que su tío Jaime Yoshiyama le dijo, en la segunda mitad del 2015, que Keiko Fujimori sí sabía que Odebrecht había aportado a la campaña del 2011.

5. ¿Qué decían las normas sobre financiamiento de partidos por entonces y en qué han cambiado?

En el 2011 estaba vigente la Ley de Partidos Políticos, antes de los cambios que la denominaron posteriormente Ley de Organizaciones Políticas y otras modificaciones.

“Los partidos solo podían recibir de una persona jurídica 60 unidades impositivas tributarias (UIT) [S/216.000]. Los más de S/ 3 millones [de Credicorp] superan en exceso el tope permitido, por lo tanto no sería un aporte válido”, recuerda José Villalobos, especialista en derecho electoral.

Por entonces, la ley facultaba a la ONPE a aplicar una multa equivalente a “no menos de diez ni más de cincuenta veces el monto de la contribución recibida, omitida o adulterada”. “La sanción era al partido, no al aportante”, precisa Villalobos.

En la actualidad —a raíz de la ley N° 30689, publicada en noviembre del 2017— una de las fuentes de financiamiento prohibidas son las empresas nacionales o extranjeras. Asimismo, la Ley N° 30997 publicada en agosto pasado, incorpora al Código Penal el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

Lo que decía la anterior Ley de Partidos Políticos.
Lo que decía la anterior Ley de Partidos Políticos.
Uno de los cambios realizados en el 2017 a la ahora llamada Ley de Organizaciones Políticas se refirió al financiamiento de partidos.
Uno de los cambios realizados en el 2017 a la ahora llamada Ley de Organizaciones Políticas se refirió al financiamiento de partidos.

6. Por el aporte de Credicorp no declarado, ¿correspondería alguna sanción administrativa al partido?

La Ley de Partidos Políticos vigente el 2011 establecía que los ingresos recibidos debían registrarse en los libros de contabilidad de la agrupación y que los aportes no declarados se presumían de fuente prohibida.

De acuerdo a Villalobos, “la multa ya prescribió” por el tiempo transcurrido.

“En materia penal, los delitos prescriben en el máximo de la pena. En materia administrativa, prescriben a los cuatro años. Ya operó la prescripción. Si la ONPE, en su momento, no hizo el procedimiento sancionador, ahora ya no tendría sentido”, manifestó.

7. ¿Se configura algún delito penal?

Para Villalobos, el delito sería el de falsa declaración en procedimiento administrativo, tipificado en el artículo 411 del Código Penal y que se sanciona con una pena de cárcel de hasta 4 años.

“El partido habría declarado información falsa a la ONPE. Pero por la pena del delito, ya prescribió también. Por el paso del tiempo, pese a que hubo infracciones administrativas y penales, aparentemente no habría forma de sancionar”, apuntó.

El penalista Luis Lamas Puccio coincide en el tipo penal, “por haber brindado información falsa o haber ocultado información”.

Respecto al origen del aporte de Credicorp, Romero, Fujimori y la defensa legal de esta han sostenido que se trata de dinero legal. “Presumimos licitud del dinero porque no tenemos por qué especular lo contrario, por lo menos es la información que manejamos”, también manifestó a “Perú 21” el fiscal Rafael Vela. Lamas Puccio indicó que ello debe corroborarse con la información de los libros contables de la compañía.

8. Por ese presunto delito, ¿contra quién sería la imputación?

Villalobos explica que en el ámbito electoral de entonces, la obligación de declarar es del partido, siendo el tesorero el responsable de rendir los gastos.

“Con la nueva legislación, ya se responsabiliza incluso al candidato, porque debían de suponer que esos dineros eran de fuente prohibida”, señala.

Consultado por si Keiko Fujimori tendría responsabilidad, Lamas Puccio indicó: “Dependerá del nivel de participación […] Ahí habría una responsabilidad a nivel de cómplice, ella tenía que saber que se estaba ocultando información”.

De acuerdo a Romero, Fujimori y Yoshiyama recibieron directamente en distintas armadas el millonario aporte. Asimismo, la excandidata presidencial admitió, a través de un mensaje en redes sociales, que asumió el compromiso de reserva de los aportes privados a su campaña.

9. Si Keiko Fujimori usó parte del aporte de Credicorp para su propio beneficio y no justificó esos ingresos a su patrimonio personal, ¿se configuraría algún delito?

En ese escenario, Lamas Puccio estimó que se configuraría el delito referido al fraude en la administración de personas jurídicas. Específicamente, el tipificado como administración fraudulenta, que tiene hasta cuatro años de pena de cárcel.

“Incluso podría ser un delito de apropiación ilícita, porque se entrega el dinero con una finalidad y no se rinde cuentas a terceros sobre el ingreso del dinero. Esa operación se realiza en el entorno de una persona jurídica, que es el partido político”, agregó.

Manifestó, además, que Keiko Fujmori y el partido tendrían que tener documentación que demuestre hacia dónde se direccionó el aporte.

“Nada de eso ha sucedido. Nada paso a su patrimonio”, aseguró a este Diario Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.

10. ¿Qué ha sostenido Keiko Fujimori sobre el caso?

En distintas ocasiones, Keiko Fujimori ha rechazado haber recibido aportes de Odebrecht. Ha asegurado también que todas las contribuciones para su campaña del 2011 fueron bancarizadas.

Ayer, sin embargo, admitió que no todos lo fueron. “La reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias […] Jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos”, manifestó.

Su abogada alega que el aporte de Credicorp es legal y que no hubo financiamiento de Odebrecht.

"Se va corroborando lo que Jaime Yoshiyama mencionó desde un inicio: que el aporte que habría entregado a Fuerza Popular no es de Odebrecht [...] sino que proviene de empresarios nacionales. Y la fuente, como lo ha declarado el señor Romero, es lícita, debidamente contabilizada, auditada, registrada”, sostuvo.