Tras escuchar ayer los fundamentos de la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra la orden de 36 meses de prisión preventiva que esta cumple, la Segunda Sala Penal de Apelaciones informó que emitirá su resolución en un tiempo mayor que el plazo de 48 horas señalado por la ley.
“Será cuando terminemos la deliberación de los puntos planteados en esta instancia”, dijeron.
La lideresa de Fuerza Popular y su abogada Giulliana Loza solicitaron que la medida coercitiva que dictó el juez Richard Concepción Carhuancho sea revocada y se ordene la libertad de Fujimori, quien lleva 45 días en el penal de mujeres de Chorrillos.
En su intervención, el fiscal coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, sostuvo que la orden de prisión “está correctamente motivada y cumple con los estándares de constitucionalidad correspondientes”, por lo que pidió al tribunal su ratificación.
El representante del Ministerio Público argumentó que Jaime Yoshiyama –quien era muy cercano a Keiko Fujimori– contactó a Jorge Barata, entonces representante de Odebrecht en el Perú, con el objetivo de pedirle dinero para la campaña del 2011 y que ella, como cúspide de una supuesta organización criminal en el interior de su partido, tenía que estar al tanto de eso.
Vela recordó que Marcelo Odebrecht pidió aumentar a Keiko Fujimori US$500 mil y que una primera parte ya había sido entregada a Yoshiyama.
También se refirió al contenido del chat de congresistas de Fuerza Popular denominado La Botica. El fiscal indicó que las conversaciones revelan la verticalidad de la organización en la que “se instrumentalizan” intereses subalternos que pueden obstruir la justicia, tales como el pedido de destruir al fiscal José Domingo Pérez.
Vela también expresó que otra forma de intromisión en la investigación fue la recientemente aprobada ley sobre financiamiento ilícito de partidos.
Keiko Fujimori, quien participó desde la prisión a través de videoconferencia, calificó de “ilegal, desproporcionada y arbitraria” la medida dictada en su contra. Agregó que esta decisión deja dudas sobre la imparcialidad del juez Concepción.
Asimismo, manifestó que siempre ha colaborado con la justicia y que, de su parte, no hay obstaculización del proceso ni peligro de fuga.
La ex candidata presidencial añadió que la tesis fiscal de que Odebrecht habría financiado su campaña con el fin de asegurarse un beneficio “se desbarata, porque no se ha acreditado la recepción de esta supuesta aportación, además porque nunca” llegaron a ser gobierno.
En tanto, la abogada Loza sostuvo que no hay elementos de convicción que vinculen a su patrocinada con lavado de activos. Reiteró que se le ha dictado prisión en base “a dichos falsos y no corroborados” de un testigo protegido.
Loza agregó que tampoco se ha corroborado que Fujimori haya encargado a Yoshiyama que solicite dinero a Odebrecht. Igualmente, indicó que el ex secretario de general de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) ha manifestado que Keiko Fujimori no estaba al tanto del aporte que un empresario ya fallecido le entregó para la campaña presidencial del 2011.
—Círculo de Fujimori—Humberto Abanto, defensor legal de Yoshiyama, expresó que no se puede presentar como elemento de convicción contra su cliente el que haya sido cercano a Fujimori.
El abogado expresó que para la fiscalía la prueba de la supuesta entrega de dinero que habría hecho Barata a su defendido es la palabra de él mismo.Pero el fiscal Vela indicó que hay numerosas pruebas que corroboran que Yoshiyama solicitó dinero a Odebrecht y recibió US$1 millón, junto con Augusto Bedoya, ex secretario nacional de Economía de Fuerza 2011.
En la audiencia de ayer también se sustentó la apelación de Pier Figari y Ana Herz contra la prisión preventiva que ambos cumplen. Sus abogados cuestionaron que la íntima amistad con Keiko Fujimori sea considerada una prueba de su vinculación a un delito.
Agregaron que ni Figari ni Herz fueron mencionados en las declaraciones de los supuestos falsos aportantes.
A través de una videoconferencia, Figari indicó que se lo involucró en la investigación “por las declaraciones falsas, no corroboradas de un testigo protegido”. Finalmente, Herz refirió que está recluida por haber sido secretaria de organización de un partido.
—El proceso de apelación—El juez Richard Concepción dictó prisión preventiva para siete de 11 investigados en el caso de los supuestos aportes irregulares a la campaña de Fuerza 2011. A otros tres se les dio comparecencia restringida; y a uno, arresto domiciliario.Vicente Silva Checa, Luis Mejía, Giancarlo Bertini, Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Ana Herz y Pier Figari, todos en prisión, ya fundamentaron sus apelaciones.De acuerdo a la norma, hay un plazo de 48 horas luego de la audiencia para que el juez emita su resolución que puede ratificar la medida o anularla.