Keiko Fujimori pide al PJ ejecutar fallo del TC: ¿Qué otras investigaciones tiene pendientes por presunto lavado de activos?

La solicitud fue presentada este martes a través de un escrito ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a cargo del juez Wilson Verástegui, confirmó Loza a El Comercio.

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Tal como dio a conocer este Diario, el TC ordenó que el PJ anule los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal imputados en contra de la lideresa de Fuerza Popular (FP).

El TC estableció que la excandidata presidencial no podía ser investigada, procesada y acusada por lavado de activos, en la modalidad de receptación patrimonial; y tampoco por crimen organizado, por los aportes recibidos en las campañas electorales del 2011 y 2016.

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Sin embargo, Fujimori aún deberá afrontar otras dos investigaciones donde también se le imputan hechos graves que implican presunto lavado de activos y organización criminal vinculados a los aportes de campaña del 2021 y activos vinculados al exsecretario de FP, Joaquín Ramírez y la universidad Alas Peruanas.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, confirmó a El Comercio que este martes presentaron un escrito al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional solicitando que a la brevedad y tal como dispone el mismo Tribunal Constitucional, se ejecute la sentencia a favor de su patrocinada.

En el escrito dan cuenta y adjuntan la sentencia emitida por el TC que resolvió la vulneración del principio de legalidad para el caso de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial y vulneración del principio de tipicidad en el caso de crimen organizado, atribuido a Fujimori Higuchi.

Al ser consultada si procederían a solicitar directamente al juzgado del caso la ejecución de la sentencia del TC, Loza Ávalos confirmó que ya lo había solicitado

“Ya lo hice (hoy martes), sí. Solicitando que se ejecute sentencia y archive definitivamente”, informó.

La abogada precisó que han solicitado lo que el TC está disponiendo, el archivo por presunto lavado de activos y organización criminal.

Por tanto, la ejecución de la sentencia del TC a favor de Keiko Fujimori, podría darse en los próximos días.

Para Loza, no se debería convocar a una audiencia para analizar su pedido, puesto que “no hay nada al debate”. Sin embargo señaló que de todas maneras están “atentos” ante cualquier decisión judicial.

Sin embargo, la decisión que adoptará el juzgado del Caso “Cócteles” también incidirá en los otros co-acusados en el proceso junto a Fujimori Higuchi.

Por lo pronto, el abogado Humberto Abanto, defensa legal de Jaime Yoshiyama (exsecretario general de Fuerza 2011) adelantó que solicitará al juzgado extender los efectos de la sentencia del TC a favor de Fujimori Higuchi.

“Por supuesto. Digamos que, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Nacional, el pedido resultaría procedente porque la situación es idéntica”, expresó al ser consultado.

Como se recuerda en sendos fallos emitidos por el TC a favor del abogado Arsenio Oré y del exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper, también en el Caso “Cócteles”, el Poder Judicial decidió extender los efectos de los mismos a todos los implicados imputados por los mismos delitos que los beneficiados .

Por ello, Abanto Verástegui señaló que si el juzgado decide convocar a una audiencia sería solo un “formalismo”. Además, no descartó “interpretaciones jesuíticas” de parte de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que llevan adelante el caso que lleven a un debate.

“En verdad, es un formalismo porque el mandato del TC detecta una ofensa grave al principio de legalidad penal que vicia todo el proceso, no solo el seguido a una parte, sino a todas las personas envueltas en él. Es más, la orden es declarar la nulidad de todos los actos procesales. Es imposible que esa nulidad no alcance a todos.”

Humberto Abanto, a bogado de Jaime Yoshiyama

El Caso “Cócteles” se encontraba a la espera de que el juzgado convoque al inicio del control de la nueva acusación que había presentado la fiscalía en julio del 2025. Sin embargo, la reciente sentencia del TC cambiaría el escenario a favor de los investigados.

En declaraciones a Pasión por el Derecho, el fiscal José Domingo Pérez adelantó que solicitará al juez del Caso “Cócteles” que aplique el “control difuso” sobre la sentencia del TC puesto que se trata de una “sentencia política, no es de derecho”.

“ (¿Pedirá que no ejecute la sentencia?) Correcto. Tengo que demandar que por lo menos en este atisbo que se ha abierto, en donde los argumentos son políticos, un juez en un Estado de derecho no puede acatar una decisión que no tiene una línea de derecho.”

José Domingo Pérez fiscal

Por ende, anotó que el juez tendrá que convocar a audiencia y allí realizará las alegaciones y la defensa del caso.

Pérez Gómez sostuvo que el TC le ha puesto una “camisa de fuerza” para que el juez del caso no pueda maniobrar. Sin embargo, el magistrado tendrá que revisar si la decisión del TC “es una resolución constitucional ejecutable” y “si tiene fundamentación jurídica”.

Si bien la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori está a punto de librarse de una de las imputaciones más graves en su contra vinculada a los aportes que recibieron sus campañas electorales del 2011 y 2016, aún debe afrontar otra investigación que también la coloca en un esquema de presunto blanqueamiento de capitales y el presunto liderazgo de una red criminal al interior del partido Fuerza Popular, pero esta vez por los aportes recibidos en su campaña electoral del 2021.

En el 2023, la fiscalía dispuso ampliar la investigación en contra de Fujimori Higuchi y otros, incluyendo el mismo partido político FP, por haber obtenido presuntos ingresos ilícitos o no declarados por la suma de S/1 millón 309 mil 770, que sirvieron pagar trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones durante la segunda vuelta electoral del 2021.

De acuerdo a la fiscalía, con el dinero se habría pagado o adquirido las apelaciones de las actas electorales observadas, las nulidades en la mesa de sufragio, apelaciones ante el Jurado Electoral Especial, que generaron cerca de tres mil expedientes cuyas tasas fueron pagadas con presunto “dinero ilícito que habría dispuesto el Partido Político Fuerza Popular después de la segunda vuelta en las elecciones generales presidenciales del 2021”.

Además, de acuerdo a la fiscalía, el 24 de octubre del 2022, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE emitió un informe señalando que el partido Fuerza Popular habría transgredido la norma electoral por no consignar información detallada como la compra de un inmueble, una cotización errónea de activos fijos y la ubicación de un aportante que negó haber pagado S/1.100 en especies.

Por ello, en 2023 la fiscalía dispuso ampliar la investigación contra Fujimori por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia, así como ocultamiento y tenencia, todo en el marco de una red criminal.

En una segunda investigación, Fujimori Higuchi también es imputada como presunta coautora, con el agravante de haber sido cometido en una organización criminal, de presunto delito de lavado de activos, provenientes del delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio del Estado Peruano.

El caso se vincula a una investigación que se inició en el 2019 contra el exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez y la Universidad Alas Peruanas.

Según la tesis fiscal, la presunta organización criminal estaría integrada por diferentes niveles de estructuración donde el rol dirigencial habría sido asumido por aquellos integrantes que son parte de las entidades societarias; asimismo el rol empresarial habría sido asumido por aquellos que ostentan la titularidad de las personas jurídicas involucradas en los hechos materia de investigación; y, finalmente el rol político habría sido asumido por aquellos integrantes que desempeñan un rol político en la vida política del país, a través de diferentes tipos de participación, entre ellos, la conducción y liderazgo en los partidos políticos o como congresistas de la República.

De acuerdo a la pesquisas, en este último apartado se encontraría la investigada Fujimori Higuchi, como integrante del tercer brazo de la presunta red criminal.

Y, según la fiscalía, la actividad criminal previa se habría instaurado a través de diversas operaciones que constituyen el denominado Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, de tal manera que dentro de esta organización se instauró la existencia de dos brazos criminales que habrían asegurado el éxito de las operaciones delictivas en detrimento – finalmente - de los intereses de los socios de la Cooperativa “ALASPE”, obteniendo ganancias ilícitas que le permitieron adquirir bienes inmuebles que terminaron constituyéndose en bienes y activos de la organización criminal.

“El brazo político liderado por la procesada Keiko Sofía Fujimori Higuchi usaría este inmueble para la realizar su campaña política quien además se encontraba como parte del partido los imputado Reber Joaquín Ramírez Gamarra y Osías Ramírez Gamarra, de forma que cuando se ganaron las elecciones congresales se blindó a la organización criminal, impidiendo el éxito de leyes que permitan la creación de instituciones que fiscalicen a la Universidad.”

Fiscalía para casos de lavado de activos

El pasado mes de julio, el Poder Judicial había otorgado un plazo de diez días para que el Ministerio Público concluya la investigación y se pronuncie solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, según corresponda.

En agosto se había programado un pedido de control de plazo solicitado por diversos investigados, sin embargo las diligencias fueron suspendidas por la judicatura luego que otros implicados en el caso recusaron a la jueza del caso Margarita Salcedo.

Sobre las investigaciones aún pendientes, la abogada Giulliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, señaló a El Comercio que en el caso vinculado a Joaquín Ramírez, se encontraba en la etapa de investigación preparatoria “y con el plazo vencido”.

Mientras que, sobre la investigación por los presuntos aportes ilícitos a la campaña electoral del 2021, confirmó que la sentencia emitida por el TC no la incluye ya que solo interpusieron la demanda de hábeas corpus por las campañas del 2011 y 2016.

“Si bien en temas temporales son distintos, en ningún caso se configura lavado de activos y menos organización criminal”, anotó.

Explicó que en la Carpeta Fiscal N.° 43-2021, referida a la campaña presidencial del año 2021, el Ministerio Público continúa sosteniendo que las actividades desarrolladas por el partido político habrían estado orientadas esencialmente a la comisión del delito de lavado de activos. No obstante, rechazó tal señalamiento.

“Sin embargo, tal imputación resulta jurídicamente insostenible, conforme ha sido expresamente señalado por el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia. El Tribunal ha precisado que el acto de organizarse colectivamente para participar en un proceso electoral y competir legítimamente por el poder político no puede ser criminalizado, pues constituye una manifestación legítima del ejercicio de derechos fundamentales.”

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori

La abogada sostuvo que criminalizar la actividad electoral o la organización partidaria equivaldría a restringir el núcleo duro de estos derechos, lo que está proscrito por el principio de intervención mínima del Derecho Penal y el principio de proporcionalidad en la persecución penal.

“En ese contexto, la imputación fiscal en la campaña de 2021 adquiere un matiz aún más arbitrario”, adujo.

Señaló que la segunda fiscal que asumió este caso dispuso el archivo de la investigación, al constatar que los hechos descritos -como la adquisición de tasas administrativas destinadas a pagar impugnaciones electorales- carecen de relevancia penal alguna.

No obstante, la Fiscalía Superior dispuso la nulidad de dicha disposición y amplió el plazo de investigación.

“En este caso, nuestra tesis es clara. La adquisición de estas tasas constituyen simples operaciones ordinarias dentro de un proceso electoral regulado por el Jurado Nacional de Elecciones, y suponer que ello podría configurar lavado de activos resulta un despropósito jurídico que desnaturaliza los elementos típicos del delito.”

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori