Kelly Portalatino sería investigada en Ética: las consecuencias de la contratación de sus familiares en el Congreso

Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre y exministra de Salud del gobierno de Pedro Castillo, vuelve a ser protagonista de una polémica y podría ser investigada, al menos, por la Comisión de Ética. Ello luego de que “Punto Final” revelara el domingo 4 de febrero que dos familiares suyas fueron contratadas en el Parlamento.

El presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), solicitó al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, información sobre la fecha, oficina y copia de los contratos de Rommy Vásquez Yáñez y Cindy Ríos Chichi.

Además, legisladores de seis agrupaciones pidieron que dicho grupo de trabajo investigue a Portalatino, mientras que abogados penalistas consultados por El Comercio advierten sobre posibles delitos.

Rommy Vásquez Yáñez es hijastra de Cristhian Risso Portalatino (medio hermano de la congresista), y Cindy Ríos Chichi es señalada como la conviviente de Anderson Portalatino Ávalos (hermano de la legisladora).

La primera labora en la Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento desde abril del 2023, con una remuneración de S/ 4.270. Además, trabajó en el Ministerio de Salud en noviembre del 2022, cuando Portalatino era la titular de esa cartera, durante el gobierno de Pedro Castillo, de acuerdo con el programa dominical.

En tanto, Ríos trabaja en la Oficina de Mensajería del Congreso desde octubre pasado, con una remuneración de S/ 3.951.

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Este es el oficio que Diego Bazán envió a Oficialía Mayor:

Consultada por “Punto Final”, Portalatino señaló que Ríos y su hermano ya no mantienen una relación sentimental. Asimismo, negó la relación con las dos mujeres. “Cuando tenga vínculos actuales con ellas, ustedes me pueden criticar. Ahí sí podría yo ser criticada, cuestionada”, dijo.

La mañana de este lunes 5 de febrero, la integrante de la agrupación del lápiz volvió a negar su relación con las trabajadoras y afirmó que la Ley de Nepotismo solo prohíbe que parientes trabajen en su despacho o comisiones que ella presida.

“Sobre el tendencioso reportaje que hiciera el día de ayer, Punto Final, debo indicar que, las personas allí mencionadas, no guardan relación parental alguna con mi persona. Ya sea por consanguinidad o por familia política”, escribió en la red social X (antes Twitter).

“Asimismo, la prohibición es para contratar a parientes en mi despacho, o alguna comisión que presida; sin embargo, este no es el caso. Según la Ley de Nepotismo, no aplica, no solo porque no hay vínculo familiar ni afinidad”, acotó.

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En diálogo con El Comercio, los congresistas Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Norma Yarrow (Avanza País), Héctor Valer (Somos Perú), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Elva Julón (Alianza para el Progreso)y Jorge Montoya (Renovación Popular) pidieron que el caso sea investigado de oficio por la Comisión de Ética.

Aguinaga señaló que, si bien no hay un tema de consaguinidad, la afinidad sí estaría clara. A su juicio, el caso debe ser evaluado por el grupo presidido por Diego Bazán (Avanza País). Remarcó que también existe responsabilidad en el funcionario que tramitó el contrato de las familiares de Portalatino.

“Quizás pueda alegar que no hay consanguinidad, pero en el tema de afinidad se le complica el panorama”, dijo.

“No terminan de entender que la administración pública no es fuente laboral de parientes. Hay dos partes: quien hace la propuesta y quien ejecuta”, agregó.

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Por su parte, Valer consideró que “corresponde” que Portalatino sea “investigada” por la Comisión de Ética, como a todos los congresistas que son denunciados por presuntas irregularidades.

“Habría que demostrar lo que manisfiesta la prensa, al parece no tendría familiaridad directa. Habría que investigarla en Ética”, aseveró.

En tanto, Yarrow también opinó que el caso merece una pesquisa en Ética, pero dudó que el caso prospere en dicha instancia. “Es su medio hermano, no hay un lazo consenguíneo pero es la hijastra de su medio hermano. Su medio hermano sí tiene relación con ella. Eso se llama ética parlamentaria, quizás no lo diga el reglamento”, subrayó.

No obstante, la legisladora de Avanza País señaló que tener más confianza en que el caso sea vistio por la fiscalía, pues la Comisión de Ética ha blindado a varios congresistas.

“Yo la verdad que la perdí la fe en Comisión de Ética [...] En Ética la van a salvar, a las mochasueldos las han salvado, lamentablemente son votos y todos tienen rabo de paja”, expresó.

“Ella ha sido ministra de Salud, a quién más habrá colocado ahí. Yo creo que debe hacer una investigación fiscal [...] Denuncia constitucional tardaría cinco o seis meses”, concluyó.

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A su turno, Julón afirmó que “ante una denuncia, siempre se debe investigar y colaborar en las instancias correspondientes”. Tello respondió: “Si existiera la presunción de ser así, sería motivo de investigación”.

Montoya expresó una postura similar. “[Portalatino] primero debe ser investigada en Ética”.

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El abogado penalista Andy Carrión comparó esta denuncia con el caso de Betssy Chávez y la contratación de allegados en diversas instituciones del Estado, entre ellos los familiares de su pareja sentimental Abel Sotelo.

Carrión recordó que Chávez es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias a raíz de dichos contratos. “Eso podría replicarse en este caso porque Portalatino habría influenciado [en la contratación de sus parientes]”, indicó.

Asimismo, subrayó que la relación familar que tiene con las trabajadora del Congreso será tomada “como un indicio para la influencia para favorecer a estas personas, por ahí puede vincularse a un eventual delito”.

“También podría haberse configurado el presunto delito de colusión porque estaría pactando de manera ilícita con la favorecida de cara a concretarse una contratación con el Estado, que tiene que ver con un puesto público. Yo me inclino más por el delito de tráfico de influencias”, concluyó.

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El abogado Jefferson Moreno tuvo una postura distinta. Él considera que el caso amerita una investigación por el presunto delito de negociación incompatible, aunque no descarta el tráfico de influencias.

“Está la opción de negociación incompatible, que es cuando un funcionario se interesa en algún proceso de contratación en el Estado a favor de un particular [...] Puedes quedarte con que Kelly Portalatino tuvo interés en la contratación de personas y para ello solo basta revisar los registros de visitas, llamadas y testimonios”, dijo.

A su criterio, en el caso del posible delito de tráfico de influencias podría seguir “un camino más complicado porque se tendría que tener las declaraciones de los familiares y de los funcionarios que las contrataron.

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La congresista por Áncash Kelly Portalatino (Perú Libre) fue cuestionada tras su designación como ministra de Salud en la gestión de Pedro Castillo. Inicialmente se criticó su inexperiencia para estar al frente del sector y que su nombramiento sea parte de una cuota cerronista, luego se pusieron en tela de juicio los nombramientos que hizo en dicha cartera.

Por ejemplo, Portalatino nombró como secretario general de su sector a Loly Wider Herrera Lavado, abogado vinculado al prófugo Vladimir Cerrón. Luego, designó como jefe de equipo nivel F-3 de su despacho a Gianpiere Levis Guerra Valenzuela, un militante de Perú Libre, que empezó a trabajar en este sector durante la gestión de Hernán Condori.

La congresista de Perú Libre también estuvo en el ojo de la tormenta, en febrero de 2022, por haber declarado que “si hay situaciones que ameriten”, el jefe de Estado (en ese entonces Pedro Castillo) debería disolver el Congreso.

Meses después, dijo que los congresistas de Acción Popular sindicados como ‘Los Niños’ están en su derecho de pedir asilo.

La actitud de Portalatino volvió a ser puesta en cuestión por haber presentado una denuncia penal contra el periodista William Torres Carrasco, quien le hizo preguntas sobre un reportaje en medio de una audiencia pública.

Según detalla el texto, los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre del 2023, Torres Carrasco, conductor del programa “Última palabra” en Somos Televisión de Chimbote, provincia del Santa, le consultó consulta sobre un reportaje emitido en “Willax” donde se le involucra junto a su padre y su pareja en el nombramiento de puestos de trabajo en el Gobierno Regional de Áncash.

Torres Carrasco fue notificado el 11 de enero de este año del inicio de la investigación preliminar en su contra por presunta “violencia contra la autoridad para obligarle a algo, violencia contra la autoridad elegida y perturbación del orden en el lugar donde la autoridad ejerce su función”.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su preocupación por la denuncia penal. En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se solidarizó con el periodista y consideró que esta investigación preliminar sienta un nefasto precedente para la actividad periodística.