Delia Espinoza suspendida por la JNJ: ¿qué viene ahora y que pasará con el liderazgo del Ministerio Público?

El Ministerio Público amaneció este sábado, temporalmente, sin cabeza. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió el viernes por la noche a Delia Espinoza en su cargo de fiscal de la Nación y de fiscal suprema, una decisión que marca el punto más alto del conflicto entre ambas instituciones.

La medida cautelar fue impuesta a Espinoza como parte de un proceso disciplinario iniciado en su contra por no haber acatado, a inicios de junio pasado, la decisión de la JNJ que anuló la destitución de la fiscal suprema Patricia Benavides y ordenó reponerla como fiscal de la Nación. También se le imputa haber “instigado” a personal de la institución para evitar que Benavides tome posesión del cargo.

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El Comercio accedió a la resolución, que aparece firmada por cinco miembros de la JNJ: Gino Ríos (presidente), Cayo Galindo, Germán Serkovic, Víctor Chanduví y Jaime de la Puente. La instructora del caso, María Teresa Cabrera (vicepresidenta), quien propuso la medida, no votó. Tampoco lo hizo Francisco Távara, apartado del caso por la mayoría del pleno por un supuesto adelanto de opinión.

En el documento, la JNJ considera que, por la naturaleza del caso, “permitir que la investigada continúe en el ejercicio de su cargo facilitaría que mantenga o renueve las mismas conductas de desobediencia, generando un estado de ilicitud”. Además, alegan que la decisión es idónea, necesaria y proporcional.

La suspensión es por seis meses, plazo en que el proceso disciplinario contra Delia Espinoza seguirá en marcha y podría terminar en su destitución definitiva. En casos previos en que un fiscal de la Nación en funciones fue suspendido, según las normas del Ministerio Público, el cargo fue asumido interinamente por el supremo de mayor antigüedad.

En este caso, el encargo sería para Pablo Sánchez, fiscal supremo desde el 2005. Si él opta por declinar el cargo, como ocurrió en el 2023 luego de la suspensión de Benavides como fiscal de la Nación, el cargo iría para la siguiente en antigüedad: Zoraida Ávalos, fiscal suprema desde el 2013, y fiscal de la Nación entre el 2019 y el 2022. Luego vendrían Tomás Gálvez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.

Desde que comenzó esta polémica entre la JNJ y el Ministerio Público por el intento de reponer a Benavides –investigada por presuntos delitos de corrupción y organización criminal–, Espinoza sostuvo que esa decisión de la JNJ tenía irregularidades y era inejecutable. Esto porque, tras la destitución de Benavides en el 2024, la Junta de Fiscales Supremos ya había hecho una nueva elección para el cargo de fiscal de la Nación, en la que ella fue ganadora.

Espinoza recurrió a la justicia constitucional en un amparo contra esa primera decisión de la JNJ. Sin embargo, fue la decisión de un juez supremo la que resolvió momentáneamente el conflicto al ordenar, a fines de junio, la suspensión en el cargo de Benavides.

Esa decisión luego fue revocada por la Corte Suprema, lo que llevó a que Benavides sí llegue a ser repuesta, pero solo como fiscal suprema, no como fiscal de la Nación.

Espinoza inició una investigación penal a los miembros de la JNJ vinculada a estos hechos, quienes a su vez abrieron un procedimiento disciplinario a la fiscal por no acatar la reposición de Benavides. Fue dentro de este proceso que se planteó su suspensión en el cargo.

Por la mañana, Espinoza había sido citada por la JNJ para una audiencia en la que iba a verse su suspensión. Sin embargo, no asistió y en su lugar dio una conferencia de prensa: “Se me quiere suspender sin argumentos, sin fundamentos, sin justificación. Los señores [de la JNJ] tienen un conflicto”, aseveró allí. También exhortó a que no se le quite el resguardo policial si se concretaba su suspensión.

Por su parte, la junta realizó una breve audiencia en la que se dejó constancia de la inasistencia de Espinoza y se dejó al voto su suspensión, concretada horas después.

Conocida la decisión, Luciano López, abogado de Espinoza, aseguró que ella “tiene que acatar” la decisión, pero que insistirán en sus demandas de amparo contra la JNJ ante la justicia constitucional. Según dijo, la junta no debió seguir con el proceso debido a que el caso ya era objeto de una controversia judicial, lo que afectaba su objetividad. “Es una decisión totalmente previsible y que consolida la irregularidad”, declaró a RPP.

También indicó que evalúan presentar una segunda demanda de amparo contra la JNJ, esta vez por la suspensión, y que la próxima semana tienen una audiencia por la primera.

En tanto, ñas tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público también se agudizan. El Gobierno de Dina Boluarte, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuestionó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, haya pedido a la Corte Suprema que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular.

Mediante un comunicado, la PCM que encabeza Eduardo Arana señaló que la Fiscalía de la Nación “no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”.

Especialistas consultados por El Comercio calificaron el mensaje de impertinente y subrayaron que solo le compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la solicitud de Espinoza.

Como se recuerda, Espinoza solicitó el último jueves la declaración de ilegalidad del partido naranja ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia alegando que la agrupación ha desplegado conductas antidemocráticas durante los últimos años.

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El Poder Ejecutivo indicó que las elecciones generales del 2026 deben llevarse a cabo “en un ambiente de paz, hermandad y patriotismo” donde se pueda elegir a las próximas autoridades “con un voto libre y soberano”.

“Este hecho trascendental para la democracia de nuestro país no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política”, expresó.

“Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes”, sentenció.

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En conferencia de prensa, Delia Espinoza criticó que el Poder Ejecutivo haya cuestionado su decisión y opinó que “pareciera que es una confesión tácita” de que “están favoreciendo o queriendo proteger a un partido político”.

La fiscal de la Nación preguntó por qué el Gobierno de Boluarte no hizo lo mismo cuando, hace un año, se presentó un pedido similar sobre el partido de Antauro Humala.

“Eso es una clara injerencia a la autonomía del Ministerio Público. Por qué no hicieron lo mismo los señores de la Presidencia del Consejo de Ministros cuando la Fiscalía de la Nación, hace un año, presentó un pedido similar sobre el partido del señor Antauro Humala. ¿Por qué no lo hicieron?”, expresó.

“Pareciera que es una confesión tácita, que se sobreentiende, de los señores de la PCM que están favoreciendo o queriendo proteger a un partido político, porque si se va a emitir un pronunciamiento de esta naturaleza -y estamos hablando del mismo gobierno-, no lo hicieron el año pasado. Cada uno saque sus conclusiones”, agregó.

Espinoza aseveró que el Gobierno “ignora” que la Ley de Organizaciones Políticas, que en su artículo 14.1, establece que a pedido del fiscal de la Nación se puede solicitar que se declare ilegal a una organización política “con las debidas pruebas”.

“Eso nos lleva a la reflexión: ¿Quién politiza a la justicia? La Fiscalía de la Nación ha ejercido una atribución que nos da la ley y es por un pedido que nos presentó a fines de marzo una ciudadana, con todo su derecho, y hemos estado trabajando esta carpeta, como muchas que se trabajan, y finalmente se emite una disposición o un pedido”, remarcó.

En diálogo con El Comercio, los especialistas en derecho electoral Jorge Jáuregui y Enzo Elguera calificaron de impertinente el comunicado del Poder Ejecutivo.

“Una garantía básica de un régimen democrático es la separación de las funciones. En este caso de la competencia y función de determinar la ilegalidad del partido le corresponde al Poder Judicial, no corresponde al Poder Ejecutivo”, señaló Jáuregui.

Bajo su lectura, no existe ninguna justificación para que la PCM interfiera en la función del Poder Judicial. Subrayó que, de acuerdo a la Ley Organizaciones Políticas, de plantear una solicitud para que se declare la ilegalidad de un partido político. “Entonces esta es una clara infracción del orden constitucional”, dijo.

Jáuregui consideró que la solicitud de la fiscal tiene argumentos. No obstante, señaló que declarar la ilegalidad del partido ocasionaría un daño mayor, pues se entraría en “una lógica de judicialización de la política”.

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A su turno, Enzo Elguera consideró que si el Poder Ejecutivo se ha pronunciado es “porque seguramente han habido presiones políticas”.

“No es adecuado que el Poder Ejecutivo se inmiscuya en temas que se encuentran dentro de la materia electoral”, expresó.

Elguera indicó que el espíritu de las normas en relación a temas electorales es que la clase política en ejercicio del poder que no se entrometa y no coloque el suelo disparejo a favor o en contra de ningún candidato.