La larga agonía del Decreto de Urgencia 003 [INFORME]

Por Diego Chirinos Cané / Josefina Miró Quesada

La incertidumbre en torno al pago de las reparaciones civiles de las empresas implicadas en el Caso Lava Jato continúa.

El lunes pasado, como a lo largo de su año de vigencia, el Ejecutivo y el Legislativo no llegaron a un consenso sobre la norma que reemplazará al polémico Decreto de Urgencia 003.

El martes –cuando expiraba el plazo inicial de vigencia del decreto– el Gobierno prorrogó por 30 días la norma cuyo objetivo era garantizar la continuidad de las obras de infraestructura, resguardar la cadena de pagos y agilizar la venta de proyectos operados por empresas acusadas de corrupción. El plazo, sin embargo, solo servirá para dilatar la parálisis generada por el Decreto de Urgencia 003, según diversos especialistas en materia penal y económica consultados por El Comercio.

—¿Continuidad de proyectos?—
El D.U. 003 generó la paralización de obras que hace un año Odebrecht tenía en ejecución. “Ante la incertidumbre sobre sus alcances y las ejecuciones de cartas-fianza –garantías–, la banca no se sintió cómoda para seguir con su elevada exposición al sector, calculada en S/11.500 millones. Entonces, los bancos decidieron no seguir financiando proyectos”, remarca el economista Carlos Paredes.

El Estado además revocó la concesión del gasoducto sur peruano porque, en ese contexto, al consorcio liderado por Odebrecht le fue imposible lograr el cierre financiero. Mientras la Costa Verde del Callao, Vías Nuevas de Lima, la hidroeléctrica Chaglla y los proyectos hídricos Chavimochic y Olmos quedaron inconclusos.

Debido a ello, la propuesta de reemplazo del D.U. 003, impulsada desde el Ejecutivo, busca no retener la totalidad de las utilidades generadas por proyectos con el Estado, sino solo el 50%. Esto podría inyectarle liquidez a la constructora brasileña. “Pero mientras no se le dé certeza a los bancos de que será muy difícil que a una constructora se le ejecute una fianza, seguirán sin financiar”, sostiene Paredes.

—¿La cadena de pagos?—
La ruptura de la cadena de pagos –deudas con trabajadores, proveedores, Sunat– es otro de los daños colaterales que persistirán, por lo menos durante el mes de prórroga del decreto. Según cifras de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, 169 de 450 empresas han quebrado y 60.000 trabajadores han perdido sus trabajos.

“El impacto se da no solo en construcción. También en empleo, impuestos, inversión privada y pública. El efecto alcanza ya un punto del PBI”, dice el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera.

Si bien los lineamientos del D.U. 003 definían que las ventas menores a US$50.000 no requerían ser aprobadas por el Ministerio de Justicia, la Sunarp se negaba a registrar las ventas de maquinaria entregada por Odebrecht en forma de pago, según la Asociación de Proveedores.

En ese sentido, la nueva propuesta del Gobierno señala que la autorización de ventas de activos y la entrega de beneficios a empresas que buscan la colaboración eficaz se dará solo si la firma paga el 50% del total de la venta de cada proyecto. “Ese es otro riesgo, porque muchas empresas no pueden pagar todo [en referencia al 50%] en una sola entrega. Necesitan pagar por partes para, precisamente, no afectar la cadena de pagos”, enfatiza el penalista Roberto Pereira.

—¿Venta de proyectos?—
A pesar de que el D.U. 003 creó un fideicomiso para retener parte de la venta neta de proyectos, hoy el fondo solo tiene S/25 millones. Nada es producto de ventas.

“Los compradores no tenían un incentivo para adquirir. Estaban desprotegidos de las consecuencias ante un descubrimiento de actos delictivos”, señala el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.

Los contratos de compraventa de Chaglla y Olmos esperan la aprobación del Minjus desde agosto del 2017 y noviembre del 2016, respectivamente. La aprobación no se daría antes de que entre en vigencia el reemplazo del 003.

El nuevo proyecto del Ejecutivo sí protege a los compradores ante esa eventualidad. “El problema es que las ventas siguen supeditadas a un ente burocrático como el Minjus”, concluye Pereira.

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