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Equipo especial pide que Ávalos se pronuncie por ley de financiamiento

Fiscales encabezados por Rafael Vela presentan pedido a fiscal Zoraida Ávalos. Señalan que la norma aprobada por el Congreso podría ser usada como "mecanismo de reducción penal" por investigados.

Rafael Vela Barba

El fiscal superior confirmó que se develaron 'codinomes' relacionados al caso Gasoducto Sur y el proyecto Olmos. (Foto: Andina)

Los fiscales integrantes del equipo especial Lava Jato solicitaron a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, un pronunciamiento institucional sobre la promulgación de la Ley 30997, aprobada por el Congreso de la República. Esta norma hace variaciones al Código Penal para incorporar el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

La ley recientemente promulgada tiene sanciones más benignas para el financiamiento prohibido que la ley de lavado de activos, bajo la que actualmente se procesa a los investigados por aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, según explica el exprocurador Antonio Maldonado.

El oficio enviado a Ávalos está suscrito por los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, Geovana Mori, Germán Juárez, Carlos Puma, Carol Cuba y María Salazar. El pedido se presentó el 28 de agosto, al día siguiente de la promulgación de esta ley.

Según explican los fiscales en el documento al que tuvo acceso este Diario, esta nueva ley puede ser “instrumentalizada por las personas que actualmente se encuentran sometidas a investigaciones penales en el equipo especial de fiscales”.

Mientras la ley de lavado de activos, bajo la cual están siendo investigados los dirigentes de organizaciones políticas implicados en el Caso Lava Jato, contempla penas entre 10 y 20 años de cárcel, la nueva ley sobre financiamiento prohibido establece penas menores que van entre 2 y 8 años. Para este caso, la diferencia entre ambas tipologías es que la primera persigue el dinero proveniente de origen ilícito; y la segunda, el ingreso a campañas de aportes prohibidos en esta ley.

Los fiscales señalan que la promulgación de esta norma se da en un contexto en el que el Ministerio Público ha formulado acusaciones y requerimientos vinculados a los aportes de partidos políticos. Advierten que dicha ley podría ser usada como “mecanismo de reducción penal”.

Justamente una semana después de la emisión de esta norma, el 6 de setiembre, la defensa del exasesor de Keiko Fujimori Pier Figari solicitó al fiscal Pérez adecuar la investigación por los presuntos aportes de Odebrecht a Fuerza Popular a la nueva ley penal sobre financiamiento de partidos políticos. Con esta solicitud, pretenden que el caso deje de ser investigado bajo la ley de crimen organizado.

El pedido del equipo especial señala que los delitos por los que se procesa a este tipo de investigados no pueden ser procesados bajo la nueva ley, pues las carpetas fiscales ya se sustentan en el delito de lavado de activos y cumplen “con los elementos normativos que dicho tipo penal requiere”.

Para Maldonado, los casos no se pueden adecuar a la nueva ley porque los fiscales han construido una hipótesis sólida que fundamenta un caso de lavado de activos en base a los indicios hallados.

El exprocurador Yván Montoya señala que esta norma no podría aplicarse como retroactividad benigna en favor de los investigados. “Solo se podría aplicar en la lógica que se considere que esta figura es un tipo de lavado de activos atenuado, lo cual efectivamente no es”, explica.

Montoya señala que, por tratarse de sanciones menores, los sentenciados podrían cumplir penas no efectivas. Se trata de un plan B en caso de que los investigados sean declarados culpables, dice.

La nueva norma fue aprobada por el Congreso junto con la reforma política, mientras los dirigentes de Fuerza Popular se encontraban bajo prisión preventiva.

INVESTIGADOS
Fuerza Popular:
El equipo especial investiga a los dirigentes de Fuerza Popular por presuntamente haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht por US$1,2 millones en la campaña del 2011. El dinero habría sido ‘pitufeado’ en las cuentas del partido.

Partido Nacionalista:
Los líderes de la organización liderada por Ollanta Humala también son investigados por este tipo de aportes.

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