Lava Jato: no hay marco legal que incentive a empresas a colaborar

El 10 de enero, en su última declaración pública, el fiscal Hamilton Castro, líder del equipo especial que investiga el Caso Lava Jato, lamentó que en el Perú no contemos “con un marco adecuado que promueva la colaboración de las personas jurídicas”. En esa ocasión, se le consultó si consideraba que dentro de esas limitaciones estaba el Decreto de Urgencia 003. Castro, sin entrar en detalles, respondió: “Sí, y otros más”.

A lo dicho por el fiscal se suman las dificultades que hoy enfrenta la investigación: por un lado, la fiscalía buscando cerrar un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht en el menor tiempo posible; y, por el otro, la constructora enfrentada con la procuraduría ad hoc por el monto de la reparación civil que le ha fijado (S/3.468’511.217,67, por tres obras, según reveló el procurador Jorge Miguel Ramírez días atrás).

Para expertos consultados para esta nota, una explicación al conflicto mencionado es que el Estado no tiene las herramientas legales necesarias para abordar con eficacia un caso de corrupción corporativa transnacional como Lava Jato (que incluye a Odebrecht y otras constructoras).

El marco legal usado para esta investigación indica que la fiscalía se encarga de la persecución penal y cerrar las colaboraciones eficaces y la procuraduría es responsable de establecer la reparación civil. Esto genera que haya diferentes estrategias para abordar el mismo caso.

En esa línea, fuentes en la fiscalía y en Odebrecht señalan que, para cerrar un acuerdo de colaboración eficaz, es necesario que se fije el monto final de penalidad que debe pagar la firma brasileña, un punto en el que hay discrepancias.

—La leniencia de Brasil—
En Brasil, además de la actuación de sus fiscales, el uso de técnicas especiales de investigación a la hora de abordar el Caso Lava Jato permitió a las autoridades de ese país avanzar en el proceso tal como hoy lo conocemos. Así lo remarca el fiscal brasileño Vladimir Aras en diálogo con El Comercio.

Aras destaca en especial la ley de leniencia (o lenidad), que se podría resumir como la colaboración eficaz de las personas jurídicas. Bajo esta norma, las empresas firman un compromiso con la fiscalía de cooperación con la investigación a cambio de beneficios, como la autorización para seguir operando en el país y una multa más baja.

Actualmente, los fiscales brasileños tienen 11 acuerdos de lenidad. Entre ellos, el que Odebrecht firmó en diciembre del 2016, por el que la empresa está obligada a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Aras comentó que la leniencia se implementó en Brasil en el 2001 “para defender al mercado de los monopolios”. En el 2013, esta fue perfeccionada cuando se promulgó la ley anticorrupción empresarial, que buscaba, dijo, la defensa de la competencia y de las licitaciones públicas.

“Una empresa tiene a veces más información que los colaboradores eficaces. Esta cuenta con los documentos y el cuadro general de lo que pasó. Sabe quiénes fueron los directivos involucrados, así como las otras empresas que participaron”, indicó.

—Situación en el Perú—
Ante la falta de un adecuado marco legal para una investigación como Lava Jato, el abogado Andy Carrión, experto en casos de corrupción empresarial, dijo que puede mirarse experiencias extranjeras. Como ejemplo mencionó Alemania, donde la prioridad en casos de corrupción es recuperar los activos afectados y sancionar a los responsables, en vez de buscar quebrar a la empresa.

“Por tanto, una recomendación sería que se flexibilice el D.U. 003 para comprometer a la empresa [Odebrecht] a seguir colaborando, y a la vez exigir a la procuraduría criterios más específicos de cómo calcula una reparación civil”, dijo.

Fuentes de la fiscalía indicaron que en el Perú, más que una ley de leniencia, se requiere un marco legal que permita a una empresa que se acoge a la colaboración seguir trabajando y que no se le inhabilite.

—El caso brasileño—
Las empresas que se acogen al acuerdo de lenidad en Brasil deben pagar una multa proporcional a los daños ocasionados si desean continuar con sus actividades, señaló el fiscal brasileño Vladimir Aras.

La multa puede reducirse hasta dos tercios de su valor dependiendo de la calidad de información que compartan. Además, las empresas deben implementar un programa de prevención de delitos. En el caso de que no se acojan, se puede aplicar la disolución de la persona jurídica.

“La leniencia es buena para la empresa porque mantiene sus operaciones, por lo tanto mantienen sus empleos, la economía funciona mejor, porque ahora la empresa está con prácticas limpias, no haciendo contratos con corrupción, con cohecho", dijo el fiscal brasileño. Y agregó: "Y desde el punto de vista del Estado, de la administración pública, los impuestos de la empresa seguirán siendo pagados porque están generando riquezas para el país".

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