Impunidad y prescripción: la nueva propuesta de Perú Libre que busca favorecer a altos funcionarios investigados

En medio del receso en el Congreso, el parlamentario Américo Gonza, con el respaldo de su bancada Perú Libre, ha presentado un nuevo proyecto de ley, que en apariencia tiene “buenas intenciones”, pero en el trasfondo busca beneficiar a los altos funcionarios del Estado con la demora de sus investigaciones y procesos judiciales, que se traduciría en impunidad y prescripción de sus casos.

En su iniciativa, Gonza propone modificar cinco artículos del nuevo Código Procesal Penal, con el objetivo de “precisar” que los altos funcionarios que tienen derecho a antejuicio-entre ellos el presidente de la República, los congresistas, los ministros de Estados y otros-solamente puedan ser procesados por jueces y fiscales supremos titulares.

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Por ejemplo, el legislador cerronista plantea el cambio del artículo 450 del CPP para que el fiscal de la Nación, en un plazo de cinco días después de haber recibido por parte del Parlamento la resolución acusatoria de contenido penal en contra de una de estas altas autoridades, se dirija a Sala Penal de la Corte Suprema. Y este nombre entre sus integrantes a un juez supremo titular “que actuará como juez de investigación preparatoria” y a los integrantes de la sala penal especial, todos magistrados supremos titulares.

El titular del Ministerio Público, además, debe designar a un fiscal supremo titular para que realice las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento.

Otra modificación que propone Gonza es al artículo 44 del Código Procesal Penal para establecer que las personas que no tengan la protección del artículo 99 de la Constitución, pero que se “les imputa haber intervenido en los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los altos funcionarios Públicos, serán procesados por jueces supremos titulares conjuntamente con aquellos”.

Como coautores del proyecto figuran los perulibristas Flavio Cruz, Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo Cubas, Isaac Mita y María Agüero.

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El colapso del sistema

El abogado penalista Andy Carrión afirmó que “el principal inconveniente” de la iniciativa de Gonza es “la imposibilidad” de que un reducido número de fiscales supremos titulares y jueces supremos titulares pueda cubrir los casos en contra de altos funcionarios.

“La propuesta exige que solo los fiscales y jueces supremos titulares vean estos casos. ¿Pero cuantos jueces supremos titulares hay? Son muy pocos, hay ocho o nueve salas en la Corte Suprema y solo hay dos jueces supremos titulares por cada uno. Se tendría que reconfigurar todo, salvo que se nombren a nuevos. Pero se requiere presupuesto”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, el letrado refirió que, sin nuevos jueces supremos titulares ni fiscales supremos titulares, las causas en contra de altas autoridades “colapsaría” y provocaría la ralentización de sus procesos. “Estas se decidirían tarde o nunca”, añadió.

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Carrión también remarcó que en el Ministerio Público solo son seis los fiscales supremos titulares y que tienen diferentes especialidades, como familia, constitucional, y anticorrupción. “Uno solo tendría que abocarse a todos los casos de altos funcionarios, esto significaría el colapso del sistema”, remarcó.

El abogado señaló que la finalidad a priori del proyecto es que un juez supremo titular, “que no tiene la daga de la suplencia en el cuello”, vea este tipo de casos, pero el sistema de administración de justicia, sin presupuesto para nuevos nombramientos, “no da”.

“[Eso provocaría] un efecto de cuello de botella, las causas avanzarían de manera muy lenta, en rigor se podría llegar hasta la prescripción”

Andy Carrión, penalista

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Impunidad y oportunismo

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado sostuvo que los riesgos del proyecto de Gonza “son enormes y muy graves”. Recordó que un gran número de los actuales congresistas enfrentan investigaciones por recortar el salario de sus trabajadores y presuntamente ser parte de redes criminales.

“El riesgo es establecer cuellos de botella muy difíciles de sortear para un sistema de justicia que, en efecto, tiene el problema de la provisionalidad. Pero este problema no se resuelve de la manera en la que el congresista lo señala. Si el Congreso ha identificado el problema de los fiscales y jueces supernumerarios, la consecuencia lógica no es que no se haga nada y que más bien se favorezca a un grupo importante de funcionarios públicos que incurren en corrupción”, expresó.

Agregó que el Parlamento y el Ejecutivo, de querer dar una solución al problema de la provisionalidad, podrían dar mayor presupuesto al Ministerio Público y Poder Judicial.

No obstante, Perú Libre de “manera oportunista” está aprovechando esta situación para “fortalecer” el antejuicio.

“En vez de buscar resolver el problema de la provisionalidad, lo que hace Gonza es utilizar oportunistamente este problema a favor de los altos funcionarios, empezando por todos los congresistas procesados por corrupción”, subrayó.

"Este proyecto debilita aún más la acción de la justicia, porque va a impedir la obtención de sanciones rápidas y va a dar mayor protección a los altos funcionarios"

Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción

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Maldonado alertó que, al poner obstáculos a la acción de la justicia, Perú Libre y sus socios en el Parlamento “buscan consolidar caminos de impunidad”.

Cecilia Madrid- abogada penalista y profesora de Derecho Penal en la Universidad Científica del Sur-refirió que la propuesta de Gonza, de no darse nuevos nombramientos de fiscales supremos titulares y jueces supremos titulares, puede “ralentizar” los procesos. “Puede tener repercusión en los plazos procesales”, explicó.

En declaraciones a este Diario, refirió que desde la parte logística “sería complicado” que un solo fiscal supremo titular se haga cargo de todas las pesquisas que pesan sobre los altos funcionarios en el Perú.

Madrid también señaló que es necesario una reforma que enfrenta la problemática de la provisionalidad en el Ministerio Público y Poder Judicial, pero que no debe ser “una medida inmediata”, sino que se complemente con otras. “Si el interés es darle independencia e imparcialidad [a los fiscales y jueces], que se nombre [a más]”, acotó.

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Más información

En las últimas semanas, Gonza y Waldemar Cerrón presentaron un proyecto de reforma constitucional, a través del cual proponen destituir a todos los fiscales supremos, incluyendo a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza. Esto ocurrió en medio de la crisis en esta institución por la resolución de la JNJ a favor de Patricia Benavides.

Y, en abril, la bancada de Perú Libre propuso prohibir que fiscales y policías divulguen información sobre detenciones preliminares en casos de no flagrancia, bajo amenaza de ser sancionados con infracciones muy graves que podrían derivar en suspensiones o destituciones.

En marzo del 2024, El Comercio documentó al menos 16 proyectos de ley presentados por legisladores de Perú Libre que interfieren directamente en el sistema judicial.

Además, han presentado propuestas para crear una comisión parlamentaria para fiscalizar a jueces y fiscales, iniciativas para que los hábeas corpus sean admitidos en cualquier distrito judicial, proyectos para evitar que los partidos políticos sean investigados como personas jurídicas, la eliminación de la detención preliminar salvo en casos de flagrancia –en el que el Legislativo retrocedió a pesar de los votos en contra de Perú Libre–, entre otros.