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Relatoría para la Libertad de Expresión  saluda decisión del TC

El relator especial Edison Lanza destacó el fallo del TC que deja sin efecto la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados

Edison Lanza

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, se había pronunciado en varias oportunidades en contra de la ley de publicidad estatal. (Foto: Archivo El Comercio)

Archivo El Comercio

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza,
saludó la decisión del Tribunal Constitucional que deja sin efecto la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

"Saludo la decisión del TC que declaró inconstitucional la Ley Mulder que prohibía en forma discriminatoria al Estado asignar publicidad oficial a medios de comunicación privados", señaló Lanza en su cuenta de Twitter.

Recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión había enviado al TC una opinión técnica cuestionando la norma aprobada por el Congreso.

El 24 de agosto, poco antes de que el TC inicie el debate de las demandas de inconstitucionalidad, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró sus cuestionamientos a la ley.

"Si bien los Estados no tienen obligación de contratar publicidad oficial en los medios de comunicación, una prohibición legal que afecta únicamente a los medios privados constituye una medida discriminatoria que afecta la viabilidad de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, afecta el derecho a la información de los periodistas y de la población", advirtió el informe.

En su nota técnica, la Relatoría para la Libertad de Expresión advirtió que la "ley aprobada por el Congreso no tiene precedentes en la región por tratarse del primer caso de retiro de publicidad oficial a todo un sector de los medios de comunicación, en razón de la naturaleza privada de la propiedad".

La ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados de comunicación fue aprobada por el Congreso de la República en junio pasado. Poco después, el Ejecutivo y un grupo de congresistas, impulsados por la bancada de Peruanos por el Kambio, presentaron sendas denuncias constitucionales ante el TC al advertir que la ley infringe la Carta Magna y afecta los derechos a la información y a la libertad de expresión, entre otros.

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