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Ley de publicidad estatal: los caminos ante la aprobación por insistencia

Tras las observaciones del Ejecutivo, el pleno del Congreso decidió insistir en la iniciativa del congresista Mauricio Mulder

Mauricio Mulder

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, y Mauricio Mulder, promotor de la medida, se habían pronunciado a favor de la insistencia en la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. (Archivo El Comercio)

Archivo El Comercio

El pleno del Congreso aprobó por insistencia el proyecto que plantea prohibir que el Estado compre espacios publicitarios en medios de comunicación privados.

Constitucionalistas consultados por El Comercio señalaron que la iniciativa planteada por el congresista Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) atenta contra el artículo 2 de la Carta Magna, específicamente en los numerales 4 y 5, que defienden la libertad de información y expresión.

Ante su aprobación, que por tratarse de una ley por insistencia le permitiría entrar en vigencia sin mayor revisión por parte del Ejecutivo, cabe evaluar los caminos que se abren ante los quiebres que genera a nivel constitucional.

¿Qué opciones existen para anular una ley aprobada por insistencia?

Una norma de este tipo entra en vigencia a partir de su publicación. Así, la alternativa más viable y rápida para combatirla es presentar una acción de inconstitucionalidad, según detalla el constitucionalista Raúl Ferrero. Simultáneamente podría presentarse una acción de amparo, pero esta solo salvaguarda al demandante.

¿Ante qué entidad se presentan estos recursos?

La acción de inconstitucionalidad se presenta ante el Tribunal Constitucional. “La acción de amparo, que puede acompañarse con una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley en el demandante, se presenta ante un juez”, agrega el abogado penalista Carlos Caro. Este último es un proceso de varias instancias.

¿Quién puede presentar estos tipos de recursos legales?

Según la Carta Magna, la acción de inconstitucionalidad puede ser planteada por el jefe del Estado, el Fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, autoridades subnacionales con previo acuerdo de consejo y colegios profesionales. También con cinco mil firmas de ciudadanos o del 25% del Congreso (33 congresistas). El amparo puede presentarlo cualquier persona natural o jurídica.

¿Cuánto tomarían en procesarse estos mecanismos?

Para Caro, una acción de inconstitucionalidad tomaría aproximadamente un año. Factores como el accionar de las partes involucradas y la agenda del TC podrían variar la celeridad. El plazo de la acción de la amparo, por su parte, es incierta. Aunque la medida cautelar podría surtir efecto desde una primera instancia.

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