La línea política de la huelga docente: idas y vueltas de la crisis educativa

La huelga de maestros cumple hoy 72 días. Son casi dos meses y medio en los cuales el reclamo magisterial se transformó en una crisis política ante la conducta errática del Ejecutivo y el desentendimiento de la oposición.

—Posturas del Gobierno—
El 6 de junio, cuando se anunció una movilización en 12 regiones para el 15 de ese mes, el Gobierno no mostró una postura clara.

El 22 de junio, el Ministerio de Educación tomó su primera acción: la declaró ilegal. Para entonces los huelguistas ya habían irrumpido en la fortaleza de Sacsahuamán y el aeropuerto del Cusco.

La ministra de Educación, Marilú Martens,indicó que no atendería a nadie ante un contexto de violencia y, a la vez, manifestó “estar abierta al diálogo”. Este fue un adelanto de los vaivenes que el Gobierno mostraría a lo largo del paro docente.

Reuniones fallidas, preacuerdos, amenazas de descuentos y anuncios no concretados marcarían la temática desde entonces. Miembros del Ejecutivo advirtieron, por lo menos siete veces, sobre potenciales descuentos a los docentes y en no menos de cuatro ocasiones Martens afirmó que se retomarían las clases.

En medio de todo eso, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, advirtió sobre los vínculos de dirigentes sindicales con el Movadef y el presidente Pedro Pablo Kuczynski desconoció los reiterados ultimátums de Martens para, a pesar de ellos, reunirse con dirigentes.

—El rol de la oposición—
A lo largo de los 72 días, la reacción del Gobierno fue blanco de críticas opositoras. Miembros de Fuerza Popular, el Apra, Acción Popular, el Frente Amplio, Alianza para el Progreso y el autodenominado bloque Nuevo Perú la calificaron de tardía.

Sin embargo, el primer comunicado de una bancada de oposición sobre la huelga docente se publicó un mes después de que esta se anunciara. Fue del Frente Amplio, en respaldo a las protestas.

Luego de siete días, el 12 de julio, lo hizo el bloque Nuevo Perú. A través de Twitter, exigieron al Ejecutivo “medidas urgentes”.

Recién un mes y medio después de iniciada la huelga, con las posturas disímiles dentro del Gobierno como caldo de cultivo político, el resto de bancadas reaccionaría.

El Frente Amplio y Fuerza Popular promovieron una citación a Martens, la cual derivó en una posterior moción de interpelación.

Ante el ascenso de la crisis, el 17 de agosto voceros parlamentarios de casi todos los grupos decidieron mediar entre las partes.

El resto es conocido. Los huelguistas rompieron el diálogo, a pesar de existir un preacuerdo, y los voceros mediadores acusaron a Fuerza Popular –que no participó del diálogo– de “torpedear” las negociaciones. El fujimorismo lo negó y luego se reunió hasta en tres oportunidades con el principal dirigente huelguista, Pedro Castillo.

Idas y vueltas políticas que no sirvieron para solucionar la crisis. Lo único diferente respecto a ese 6 de junio es que ahora la ministra del sector deberá enfrentar una interpelación. Y, mientras tanto, la huelga continúa.

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