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Llamen a la FIFA: la FPF de Edwin Oviedo en trance [Crónica]

La ola anticorrupción llegó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Hay renuncias de comités, pero Edwin Oviedo resiste audios y se aferra al cargo

Edwin Oviedo

(Ilustración: Giovanni Tazza/ El Comercio)

Archivo El Comercio

¡Que intervenga la FIFA! es el ‘wishful thinking’ de varios consultados para esta crónica. Hasta en la propia FPF que, tras los audios que salpican a su presidente, Edwin Oviedo Picchotito, de sospechas de intercambio de favores con Antonio Camayo y el juez César Hinostroza, vio diezmados sus comités con una ola de renuncias, late ese SOS.

Ni siquiera funciona la Comisión de Auditoría y Ética, que podría auditar la gestión mundialista y demostrar –como asegura Oviedo y me lo repite el secretario general de la FPF, Juan Matute– que no hubo farra de entradas y cortesías con gente como Hinostroza. Para demostrar, al menos, que la máxima autoridad del fútbol se conmueve ante la ola anticorrupción que sacude al país.

—Wachiturros y Cuellos Blancos—
La continuidad de Edwin Oviedo no está directamente amenazada por las acusaciones del fiscal Juan Carrasco de Lambayeque, que lo ligan a delitos, incluidos asesinatos, cometidos por la banda Los Wachiturros de Tumán; pues mientras no haya sentencia, la justicia local y la FIFA presumen inocencia. Su pasado de controversial empresario azucarero era conocido cuando tomó el mando de la FPF en diciembre del 2014. Se presumía, más bien, que, a diferencia de su predecesor Manuel Burga, acusado de enriquecerse en el cargo; Oviedo ya venía con una gran fortuna a cuestas, a ganar en una buena gestión del deporte el prestigio que le era esquivo. La clasificación al Mundial tras 36 años dio razón a esa buena fe.

Pero los fantasmas de Tumán sí son, indirectamente, una amenaza letal ajena a las manos del fiscal. Veamos. Oviedo consiguió que la Corte Suprema, en una casación de noviembre del 2016, lo amparara contra las acciones de Carrasco. Sin embargo, el fiscal volvió a la carga, acusándolo y pidiendo, a comienzos de abril de este año, 26 años de cárcel.

Es en ese contexto de constante persecución fiscal que las cortesías hacia los presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto, Hinostroza y Camayo (de este último sabemos que también fungía de operador judicial), cobran otro sentido. Hinostroza no fue vocal en la casación del 2016, pero estaba en una posición desde la que podía ayudarlo indirectamente. Es más, en un audio que registra una conversación del 7 de mayo entre Hinostroza y el procurador del PJ, Rolly Capcha, el juez delata que estaba al tanto de los procesos de Tumán. Los tickets mundialistas de los que ambos hablan en un par de audios y la cortesía de los servicios de fisioterapia de la Videna delatada en un audio difundido el viernes esbozan el presunto conflicto de intereses de un procesado necesitado de ilustres jueces hinchas del fútbol. (Por cierto, una fuente cercana a la Videna me cuenta que la atención a Hinostroza la dio un fisioterapeuta del seleccionado).

Tengo a la mano el marco normativo pos-‘FIFA Gate’ y el anexo 1 del reglamento de gobernanza FIFA describe el examen de idoneidad que difícilmente aprobaría si se aplica con rigor el art. 19 del Código de Ética: “Se entiende por intereses secundarios toda posible ventaja que redunde en beneficio de las personas sujetas al presente código”. No solo las cortesías y halagos a jueces y operadores estarían comprendidos en esta figura, sino, como documentó Umberto Jara en Somos (26/7/2018), el hecho de que Edwin Oviedo, contradiciendo su decisión inicial de no intervenir, fuera a Zúrich a abogar por Paolo Guerrero. Que este lograra su objetivo no borró la impresión de que Oviedo podría haber buscado respaldo popular ante lo que se le venía.

—¿Y ahora quién?—
Matute me dice que las reformas y la actualización de los estatutos de la FPF al nuevo estándar FIFA, empezadas por Oviedo, peligran si este se va. Por otro lado, es cierto que los vicepresidentes Agustín Lozano y Franklin Chuquizuta no descuellan en cualidades sucesorias.

El otro argumento de defensa es que, el 15 de febrero último, la FIFA, tras una revisión de rigor, lo aceptó como miembro de su Comisión de Grupos de Interés. El ‘eligibility check’ lo firma el jefe de la Comisión de Gobernanza, Mukul Mudgal, en carta dirigida a la secretaria general Fatma Samoura. La carta también señala que hechos posteriores podrían llevar a una reconsideración. Vaya que los ha habido. También los ha habido para Teófilo Cubillas, miembro de la Comisión de Desarrollo. En la crónica “Los políticos entorpecen el camino a Rusia” (20/11/2017), conté que la Comisión de Deporte del Congreso aprobó un dictamen que supeditaba la FPF al IPD e iba contra la autonomía que exigía la FIFA. Era un despropósito congresal inmediatamente corregido con una nueva ley que –aprovechando el pánico mundialista– se fue al otro extremo, prolongando el mandato de Edwin Oviedo del 2018 al 2020. Consulté a Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, y me dijo que su bancada discutió el tema y hay disposición a revisarlo. Ya existen tres proyectos, uno del no agrupado Marvin Palma que pide la derogatoria total, y dos, de Marisa Glave y Yonhy Lescano, que buscan anular la disposición que alarga el mandato.

La defensa de la gestión Oviedo también dice que la ola de renuncias se dio antes de la vuelta de Gareca, y que algunos renunciantes se habrían arrepentido. Por cierto, abogados de la talla de Natale Amprimo y Enrique Ghersi están en los comités.

Sin embargo, el miedo a nuevos audios y la previsible falta de colaboración del gobierno en la organización del Mundial Sub 17, que debe llevarse a cabo el próximo año, son otros factores que enervan la gestión de Oviedo. Le he preguntado, por escrito, si ya que su principal línea de defensa es la reforma y adecuación de la FPF a los estándares de la FIFA, no piensa dar un paso al costado de tal forma que provoque que el ente máximo intervenga. Hace pocos días renunció la cabeza de la federación uruguaya –tras unos audios, vaya coincidencia– y la FIFA envió un comité interventor. Edwin Oviedo aún no responde.

*Tras la publicación de esta crónica, ayer miércoles se hizo pública la denuncia constitucional que el fiscal Pablo Sánchez ha hecho contra el suspendido juez supremo César Hinostroza. En ella, Sánchez cita el testimonio del colaborador eficaz FPCC018-2018, quien asegura que Oviedo, a través de Camayo, buscó a Hinostroza para que lo ayudara antes las acusaciones del fiscal Carrasco. Por esa colaboración, Oviedo habría entregado $8 mil a Hinostroza, como una suerte de reembolso por la compra que este hizo de entradas para el mundial. 

Las mismas fuentes de esta crónica, nos confirman que el abogado Natale Amprimo mantiene su papel en el manejo de la crisis de la FPF y en la designación de los reemplazos de los miembros que renunciaron a los comités. Amprimo también está vinculado, como asesor legal, a la joint-venture entre la FPF y la Iglesia católica, propietaria de los terrenos en los que se asentará la nueva Videna. Finalmente, el Mundial Sub-17 ya tiene una organizadora, Mara Seminario, primera mujer en desempeñar una labor de tal destaque en la FPF.     

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