Nicanor Boluarte: Las razones del PJ para revocar orden de prisión preventiva en caso “Los Waykis en la sombra”

El Poder Judicial revocó la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien es investigado por el caso “Los Waykis en la sombra”.

En la resolución, a la que accedió El Comercio, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional también anuló las medidas dictadas contra el exdirector del Interior del Mininter, Jorge Luis Ortiz Marreros; la exjefa del programa Qali Warma del Midis de la Región San Martín, Zenobia Griselda Herrera; y Jorge Chingay Salazar.

Todos ellos son investigados por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción y crimen organizado y, por ello, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva en su contra el pasado 19 de noviembre.

Desde entonces, el hermano de la presidenta se encuentra prófugo de la justicia..

Según la fiscalía, Nicanor Boluarte lideraría una red criminal dedicada al nombramiento ilegal de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país. Esto con el propósito de utilizar el aparato estatal para facilitar la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú.

En su disposición, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, señala que, el presente caso “obligaba a tomar en cuenta las modificaciones legislativas que se incorporaron” al Código Penal.

Se trata de las leyes 32108 y 32108, recientemente aprobadas por el Congreso que golpean la lucha contra la criminalidad organizada y que fueron promulgadas sin observaciones del Poder Ejecutivo.

Según los abogados penalistas Luis Vargas Valdivia y Andy Carrión, Boluarte fue beneficiado por normas del Legislativo.

En diálogo con El Comercio, Carrión señaló que “lo que ha hecho la sala es decir que no acabe la posibilidad de que se aplique una norma que ya había dejado de estar vigente al momento mismo de la evaluación de la prisión preventiva”.

Agregó que, de acuerdo con la resolución de la sala, “el juez (Richard Concepción Carhuancho) tenía la obligación, de aplicar las leyes 32108 y 32138″..

Indicó, además, que- en las próximas horas- Boluarte podría salir de la clandestinidad, que solo estaría esperando que se levante su orden de captura. “Seguro debe estar esperando eso”, remarcó.

“La propia sala cita en su resolución a la Corte Suprema, en el caso Geiner Alvarado. En este también se señaló que se deben aplicar las reformas del Congreso”, acotó.

En tanto, Vargas Valdivia cuestionó la decisión y señaló que los jueces han cometido “un grave error”.

“Lo que dicen es que tratándose de casos de prisión preventiva no se puede discutir la inaplicación de una ley y que esto recién se discute en una decisión de fondo, lo cual es absurdo. Si esto fuera así, el juez tendría que aplicar una norma que considera inconstitucional, no tendría sentido”, opinó.

Subrayó que los jueces tienen la facultad de inaplicar una norma que consideren inconstitucional a través del control difuso. “No pueden decir que esto solo pueden decir que esto solo se ejerce al final del proceso”, acotó.

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, dijo a RPP que en la resolución les dieron la razón sobre que “no correspondía un control difuso” sobre las leyes 32108 y 32138.

“Es una decisión bastante importante porque es la segunda vez que se revoca una decisión que priva de su libertad al señor Nicanor Boluarte [...] En ambos casos, instancias superiores han dicho que no correspondía dictar la medida”, expresó.

Finalmente, aseguró que, al no haber ninguna restricción en contra de su patrocinado, se presentará las veces que sea requerido ante la autoridad correspondiente.

En tanto, en declaraciones a este Diario, una fuente cercana a la mandataria Dina Boluarte señaló que “el tiempo les dio la razón” al recomendar que el hermano presidencial no se entregue hasta el pronunciamiento de una instancia superior.

El Ministerio Público imputa a Boluarte Zegarra ser co-autor del presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal y la administración pública, en la modalidad de cohecho activo genérico y tráfico de influencias, atribuyéndole cinco hechos ilícitos.

Ello, por presuntamente haber constituido y liderado una organización criminal desde el 7 de diciembre del 2022 hasta la actualidad, cuya actividad principal habría sido el nombramiento de sub-prefectos y prefectos regionales con la finalidad de lograr la inscripción de su partido Ciudadanos por el Perú.

También se le imputa controlar puestos claves dentro del gobierno (la Dirección General de Gobierno del Interior del Ministerio del Interior, Provías Descentralizado y del Instituto Peruano del Deporte, etc), para continuar con el control del aparato estatal y generar ganancias ilícitas; todo ello, valiéndose del poder de facto derivado de la investidura que representa su hermana, la presidenta Dina Boluarte Zegarra.

Días antes de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara la orden en su contra, Boluarte ya no se conectaba a las audiencias y su paradero era desconocido. Así ha permanecido durante casi dos meses.

Pese a los días transcurridos, el nombre del hermano de la presidenta de la República no fue colocado en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior.

Concepción Carhuancho concluyó, en su decisión, que existen elementos que demostrarían que Nicanor Boluarte y otros, habrían incurrido en los delitos imputados por la fiscalía.