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¡A luchar por la justicia!, la columna de José Carlos Requena

Dado el momento de gran incertidumbre y de severo deterioro institucional, hace falta audacia y una visión de largo plazo, que plantee reformas radicales y sostenibles

Martín Vizcarra

El Gobierno ha respondido con la conformación de una comisión de notables que debe emitir recomendaciones en breve plazo. (Foto: Sepres)

Difusión

La divulgación de audios de conversaciones entre miembros de las altas esferas judiciales y personajes ejerciendo presión ha transparentado un problema del que mucho se hablaba: la corrupción judicial. Es que el país parecía, lamentablemente, haberse acostumbrado a aquel cínico aforismo que dice: “Un buen abogado conoce la ley, el mejor abogado conoce al juez”.

El Gobierno ha respondido con la conformación de una comisión de notables que debe emitir recomendaciones en breve plazo, que seguramente no pasarán de una sólida hoja de ruta, dado el breve plazo del encargo.

Otro aspecto con el que ha tenido que lidiar el Ejecutivo es la forzada partida del ministro de Justicia (Minjus), Salvador Heresi. Si bien el diálogo difundido no presentaba algún delito, la presencia de Heresi en medio del escándalo generaba ruido, debido a su pasada vinculación con personajes que hoy purgan condena por delitos de corrupción. Una crónica de Fernando Vivas (El Comercio, 15/7/2018) reseña que, tras investigar, la fiscalía archivó la “seria denuncia de desbalance patrimonial”, un descargo similar al que suelen recurrir otros políticos con sospechas similares.

Al cierre de esta columna, se desconoce el destino que tome el Minjus. Tampoco se debe esperar mucho, si uno se deja guiar por lo que ha producido en los últimos dos años. De noviembre del 2016, por ejemplo, data el bien intencionado pero inútil Acuerdo Nacional por la Justicia, un “espacio de diálogo y coordinación” en procura de “una justicia de calidad al servicio de las personas, fomentar la transparencia y lucha contra la corrupción”.

En el 2014, CADE invitó a Enrique Ghersi, Alfredo Bullard y Javier de Belaunde a plantear propuestas para la reforma del sistema de administración de justicia en el Perú. Fue una jornada plural y rica, que planteaba medidas audaces y miradas realistas. Ghersi, por ejemplo, sugirió la implementación de jurados, un mecanismo que, a su juicio, fortalecía al ciudadano. De Belaunde, en tanto, resaltó el rol de los jueces de paz en la administración de justicia, aprobados –según indicaba– por 7-8 de cada diez ciudadanos. Por su parte –tras reseñar un “pacto de caballeros” entre un juez corrupto y un empresario corruptor–, Bullard criticaba la institucionalidad de la justicia en el país y planteaba extender, aunque de manera inversa, el arbitraje.

En el diálogo también participó el entonces presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, aunque su intervención fue –comprensiblemente– un descargo ante las severas críticas.
Dado el momento de gran incertidumbre y de severo deterioro institucional, hace falta audacia y una visión de largo plazo, que plantee reformas radicales y sostenibles.

De otro modo, la iniciativa por reformar la justicia corre el riesgo de quedarse, una vez más, en solo un grito de guerra, propio de los cómics que generaciones previas han consumido, como aquel “¡A luchar por la justicia!” que utilizaba Superman. El país no soporta más arengas que disfrazan el inmovilismo.

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