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Lucinda Vásquez: ¿Por qué delitos podría ser investigada tras ser acusada de ‘mochasueldo’ y de tener a tres familiares laborando en su despacho?
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Los reflectores se ponen sobre la parlamentaria Lucinda Vásquez Vela, portavoz del Bloque Magisterial, quien - según “Cuarto Poder” - tiene a tres de sus sobrinos nietos y una mujer cercana a su hijo laborando en su despacho. Sobre este último, el dominical reveló que se presenta ante entidades del Estado como funcionario del Congreso.
El programa de televisión informó también que la legisladora pediría a sus trabajadores que le depositen montos de dinero bajo el concepto de préstamo personal. Esta modalidad es conocida como ‘mochasueldo’.
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Abogados penalistas consultados por El Comercio consideraron que el Ministerio Público debería abrir investigación contra la congresista.
Posibles delitos
Los abogados penalistas Ricardo Elías, Andy Carrión y Vladimir Padilla opinaron que el Ministerio Público debe investigar a la parlamentaria por los presuntos delitos de concusión, nombramiento ilegal, negociación incompatible o colusión.
Además, indicaron que la fiscalía debería abrir una pesquisa independiente contra Marti Villacorta, hijo de la congresista, por el presunto delito de falsedad.
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Para Ricardo Elías, la fiscalía debería iniciar cuatro investigaciones de manera separada. “Un caso que englobe todo ello, generaría muchas dificultades desde el punto de vista operativo”, opinó.
Explicó que el recorte de salarios o solicitar dinero a sus trabajadores constituye el delito de concusión, que tiene una sanción que va hasta los 8 años de pena privativa de la libertad. Es decir, si la parlamentaria es hallada responsable podría ser internada en un centro penitenciario.
Agregó que la investigación alcanza también a las personas que colaboraron con la recaudación del dinero.
“En la contratación de los hijos y la presunta pareja, hay dos posibilidades: negociación incompatible, por haberse interesado en la contratación, y colusión, por haber participado en la decisión de la contratación”, dijo.
De otro lado, consideró que la fiscalía debería investigar al hijo de la legisladora del Bloque Magisterial de forma individual por un delito común, debido a que no es un alto funcionario.
La pesquisa sería por el presunto delito de falsedad ideológica porque se estaría presentando con un cargo que no le corresponde.
Sin embargo, precisó que, si en el transcurso de la investigación, se advierte que Villacorta no solo acudió utilizando el nombre sino ejerciendo funciones acompañado de personal del Congreso y llevando documentos, el caso debería elevarse a una fiscalía anticorrupción porque la figura sería usurpación de funciones.
Finalmente, advirtió que la situación podría complicarse si se descubre que actúa por encargo de su mamá. “Ya no sería solo usurpación de funciones sino también corrupción porque la congresista estaría instrumentalizando a su hijo”, indicó.
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Carrión, por su parte, consideró que la imputación más evidente sería por el recorte de salarios. Advirtió que este caso alcanzaría también a quienes recolectaron el dinero.
“Ahí tenemos el delito usual por el que están siendo investigados otros congresistas, que es el delito de concusión … Es evidente que aquí se ha apropiado de parte del dinero de los trabajadores”, indicó.
A su criterio, además de este delito, Vásquez también podría ser investigada por presunto enriquecimiento ilícito. “Es cuando un funcionario aumenta su patrimonio en base a la comisión de algunos delitos y debería ser indagado. Si bien se depositaron en otras cuentas, deberían redundar en beneficio también de la propia congresista”, expuso.
Para el penalista, en el caso de la contratación de los sobrinos, si es que no cumplen con los requisitos para el cargo, podría tratarse del delito de nombramiento ilegal. Sin embargo, consideró que el tema de la consanguinidad es más un tema ético que legal.
Sobre el hijo de la legisladora, coincidió con Elías en que la investigación debería ser individual. No obstante, a su juicio, la investigación sí debe ser desde el inicio por usurpación de funciones.
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Padilla tuvo una opinión similar. Indicó que Vásquez Vela podría ser investigada por un delito contra la fe pública, en la modalidad de concusión, y que habría que verificar si los sobrinos realmente cumplen con las labores para las cuales han sido contratados.
“En el caso de que no cumplan con las funciones o no asistan al Congreso, podría añadirse el delito de peculado”, advirtió el penalista.
Bajo su lectura, el posible delito que habría cometido el hijo de la parlamentaria es falsedad genérica. Subrayó que no es un hecho menor que Villacorta haya pedido que se le consigne como funcionario en un documento público.
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El caso
Según reveló Cuarto Poder, los familiares de Vásquez Vela que laboran en su oficina son Jimmy Pinchi Peso, quien se desempeña como coordinador y tiene un salario de S/ 2,516.89; Edward Rengifo, quien trabaja como auxiliar y percibe un sueldo de S/ 3,637.11; y Kenyi Castro, quien recibe S/ 7,206.11 como técnico
Los dos primeros no cuentan con título universitario registrado en Sunedu, mientras que Castro es bachiller en ingeniería agroindustrial.
De otro, Marti Frans Villacorta Vásquez, hijo de la parlamentaria, visita instituciones del Estado y se registra como personal del Congreso. Sin embargo, no figura como trabajador de dicho poder del Estado, pese a ello registra más de 139 visitas al despacho de su mamá y se queda ahí durante varias horas.
“Cuarto Poder” dio a conocer que Milagros Saldaña, cercana a la parlamentaria Vásquez Vela y su hijo, labora también en el despacho de la legisladora. Trabaja como técnica y gana S/ 7,206.11.
Es importante recordar que los legisladores pueden contar hasta con 7 personas laborando en su oficina, entre técnicos y asesores. En el caso de Vásquez, cuatro de los siete trabajadores que debe tener a su cargo son sus familiares o allegados.
El programa dominical también dio a conocer el testimonio de Walter Tello, ex asesor principal del Vásquez, quien reveló que él y dos trabajadores más renunciaron al despacho por una serie de irregularidades, entre ellos el recorte de sus haberes en diferentes modalidades.
Por ejemplo, les pedía dinero bajo la promesa de falsos préstamos que jamás devolvía. El dominical accedió a chats y comprobantes de depósito solicitados por la misma congresista. Se trata de transferencias de dinero que iban directamente a cuentas de sus familiares, no solo a los que ya tenía colocados en su despacho, sino a otros más.
“En mi caso era una modalidad de préstamos para depositarse en cuentas de algunos familiares con la devolución posterior supuestamente, pero dichos montos nunca eran devueltos. Eran diversos montos. 500, 400 soles. En una oportunidad, de 2500 soles”, relató Walter Tello.
Consultada por el programa dominical, Vásquez negó los hechos y tuvo un trato hostil con el reportero. “Están idiotas, están locos”, le respondió. Este Diario buscó también contactar con la parlamentaria, pero no respondió las llamadas y los mensajes.
- Vásquez Vela es una de los 6 congresistas del Bloque Magisterial que - en mayo del 2024- votó a favor de flexibilizar la Ley General de Contrataciones Públicas, que empezó a aplicarse desde abril de este año.
- Dicha modificación permite a los familiares de los congresistas acceder a contratos con el Estado. La norma elimina la restricción que les impedía participar en licitaciones de cualquier entidad estatal. Solo mantiene la prohibición para contratos dentro del Congreso hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- “Esto es, no pueden ser contratados por el Congreso de la República los padres, hermanos, suegros y cuñados de los congresistas, no siendo aplicable dicho impedimento a los sobrinos nietos”, explicó a El Comercio el excontralor general de la República Fuad Khouri.
- Para la especialista en contrataciones con el Estado, María Elena Sánchez, el tema va más allá de la norma. A su criterio, no es “moral” que una funcionaria tenga a tres sobrinos nietos laborando en su oficina, sobre todo cuando realizan labores administrativas que requieren cierto nivel de independencia.
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Salhuana pide que intervenga la fiscalía y Ética recaba información
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), pidió la intervención del Ministerio Público y de la Comisión de Ética, tras la denuncia por presunto recorte de sueldos y contratación de familiares de Lucinda Vásquez.
En declaraciones a los periodistas, aseguró que está prohibida la contratación de familiares directos por parte de los parlamentarios y dijo que de corroborarse la denuncia contra Vásquez Vela, sería “absolutamente ilegal”.
“Las autoridades pertinentes, en este caso el Ministerio Público, formularán la denuncia penal que corresponda y se investigará. Estoy seguro que la Comisión de Ética, de oficio, tendrá que asumir el tema y de acreditarse los hechos, sancionar como corresponde”, expresó.
“Es evidente que está prohibida la contratación de (familiares como) personal de los congresistas en el Parlamento de la República. De acreditarse, es absolutamente ilegal”, agregó.
En tanto, fuentes de la Comisión de Ética señalaron a El Comercio que vienen recabando información para definir abren investigación de oficio contra la legisladora del Bloque Magisterial.










