Luis Castañeda: el silencio de sus actos bajo investigación fiscal

El ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, durante las tres gestiones que tuvo, nunca fue muy afecto a posar para las cámaras. Los reflectores de los sets de televisión no le eran apetecibles y tampoco dar entrevistas.

El ex funcionario, que se dejaba ver y oír cuando inauguraba alguna obra pública que llevara una placa con su nombre, aparecía más activo en medios durante las campañas electorales que lo llevaron al sillón municipal en los períodos del 2003-2010 y 2015-2018.

Sin embargo, desde el 2017, Castañeda Lossio ha tenido que hablar largo y tendido ante la justicia peruana que lo investiga -como a varios ex funcionarios- por la presunta recepción de sobornos y aportes de dinero de parte de las constructoras brasileñas en el marco del Caso Lava Jato.

Sin embargo, a diferencia de la ex alcaldesa Susana Villarán -que actualmente cumple prisión preventiva- Castañeda Lossio no tiene hasta el momento ninguna medida restrictiva en su contra por el caso Lava Jato, donde es investigado —entre otros delitos— por presunta asociación ilícita y lavado de activos, como parte de una presunta organización criminal.

—Salta el caso del WhatsApp de su asesora—

Las primeras sospechas de la fiscalía sobre las presuntas actividades irregulares de Castañeda surgieron a fines del 2016, cuando el portal IDL-Reporteros publicó un conjunto de conversaciones vía WhatsApp entre Giselle Zegarra, ex gerente de Promoción de la Inversión Privada de la gestión del Luis Castañeda Lossio, y José Adelmário Pinheiro Filho, ex presidente de la constructora OAS.

El intercambio de mensajes, que se había realizado entre agosto y noviembre del 2014, estaba referido a un presunto acuerdo para que por entonces la empresa OAS no firme un contrato por el Proyecto Río Verde con la gestión de Susana Villarán. Por el contrario, las tratativas estaban enfocadas a tener una continuidad del proyecto Vía Parque Rímac (ex Línea Amarilla) de Castañeda Lossio.

Fue entonces que la fiscalía, además de abrir investigación contra Zegarra y Leo Pinheiro, también dispuso levantar el secreto de las comunicaciones de Castañeda Lossio.

—El Bypass y el cobro irregular de peajes—

Pero el tema no quedó allí. La fiscalía también abrió otra investigación por el by-pass de 28 de Julio, ubicado en el Centro de Lima. Y es que, según las pesquisas fiscales, el dinero que el municipio capitalino había destinado para el proyecto de Río Verde que OAS no cerró con Villarán se destinó a la construcción del paso a desnivel ubicado en la intersección de las avenidas Garcilaso de la Vega y 28 de Julio.

La obra, fue concesionada durante la gestión de Castañeda Lossio a la empresa OAS.

A esta se sumó una tercera pesquisa a cargo del fiscal del equipo Lava Jato Carlos Puma Quispe, quien comenzó las indagatorias por la firma del contrato de concesión de la Línea Amarilla, durante la segunda gestión de Castañeda Lossio con la empresa OAS y también por las adendas 2 y 3 de este proyecto.

El contrato, que se firmó en noviembre del 2009, habría sido sobrevalorado para que OAS pueda hacerse de la obra y recuperar parte de su inversión a través del dinero que cobraría por los peajes.

-OAS confiesa aportes de campaña-

Cabe indicar que el ex director de OAS Leo Pinheiro confesó ante las autoridades peruanas haber entregado US$100 mil para la campaña de Luis Castañeda Lossio por la alcaldía de Lima en el 2014.

En su declaración del 26 de abril ante los fiscales peruanos, el ex presidente de OAS reveló que el líder de Solidaridad Nacional le pidió que coordinara la entrega del dinero con Martín Bustamante, ex presidente de Emape y quien habría sido su hombre de confianza.

Según las investigaciones del Ministerio Público, cinco de los aportantes reportados ante la ONPE han negado haber realizado las contribuciones económicas registradas a sus nombres. El monto total asciende a S/ 119.000.

Posteriormente, otro testigo dijo a la fiscalía que Pinheiro y el ex director de obras de OAS en el Perú Leonardo Fracassi Costa habrían entregado un total de US$220 mil a la campaña de Luis Castañeda Lossio, a través de Bustamante.

Giselle Zegarra y Martin Bustamante han negado en diversas oportunidades cualquier acto ilícito en cuanto a los proyectos licitados a favor de la empresa OAS. Este Diario también trato de conocer la versión de la defensa de Castañeda Lossio, pero no fue posible.

“Que [un presunto aporte] haya correspondido a una especie de pre soborno, en eso sí soy contundente: de mí nadie puede decir que me ha sobornado alguna vez”, ha sido lo último que declaró públicamente Castañeda sobre sus investigaciones del Caso Lava Jato.

—Otros casos en su haber—

Pero las gestiones de Castañeda Lossio no solo han sido cuestionadas por el caso Lava Jato. En su oportunidad, otras actuaciones levantaron la ceja de las autoridades.

Una de las ocasiones se refiere al Caso Comunicore, del que Castañeda Lossio fue excluido en el 2013. La pesquisa se abrió en el 2009 tras la denuncia de "Perú 21" sobre una presunta concertación entre la gestión de Castañeda Lossio y la empresa Relima para realizar un pago de S/35 millones a la empresa Comunicore.

Finalmente, el entonces titular del 12 Juzgado Penal de Lima, José Chávez Hernández, resolvió que no había indicios para procesar a Castañeda por los presuntos delitos de colusión y malversación.

Otro de los casos por lo que procesó a Castañeda Lossio estuvo relacionado al cobro de S/ 189.140 por concepto de asignaciones extras, entre enero del 2004 y julio del 2006.

Aunque la fiscalía inicialmente presentó un sobreseimiento (es decir se desistía de investigar al ex burgomaestre) el Poder Judicial lo rechazó.

Castañeda era investigado por presunto cobro irregular, puesto que se había atribuido el doble cobro de bonos argumentando que desempeñaba la función de burgomaestre y presidente regional de Lima al mismo tiempo.

En abril de 2016, la titular de la Primera Fiscalía Anticorrupción, Janny Sánchez Porturas Ganoza, presentó una acusación penal contra Castañeda por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado.