(Foto: Alonso Chero / El Comercio)
(Foto: Alonso Chero / El Comercio)
Redacción EC

, ex vicepresidente de Petro-Perú en el segundo gobierno de Alan García, es investigado por lavado de activos debido a las transferencias de US$1’312.000 que recibió su ‘offshore’ Ammarin Investment de parte de Kleinfeld Services, empresa creada por Odebrecht para el pago de sobornos en paraísos fiscales.

En ese contexto, un informe de “IDL Reporteros” publicado este domingo da cuenta de que Atala sería un testaferro, puesto que el millonario monto habría tenido como destinatario final a , ex secretario de la Presidencia de la República también durante el segundo gobierno del líder aprista.

Esto se desprende de información de los servidores de la otrora División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que consignaron cinco depósitos realizados entre noviembre del 2007 y febrero del 2008 por Kleinfeld Services en la cuenta de Ammarin Investment, pero para una persona identificada con el apodo de ‘Chalán’.

Y, según el reporte periodístico, la propia empresa Odebrecht ha determinado —en base a investigaciones internas en el marco del acuerdo de colaboración firmado con la fiscalía peruana— que ‘Chalán’ es Nava.

“…Previa búsqueda voluntaria […] la empresa colaboradora declara que […] la denominación ‘Chalán’ corresponde a la persona de Luis José Nava Guibert”, señala información de la constructora brasileña.

Asimismo, precisa que si bien la ‘offshore’ Ammarin Investment es de titularidad de Miguel Atala, las transferencias bancarias realizadas por la offshore Klienfeld Services Limited “fueron destinadas al codinome [sobrenombre] ‘Chalán’, que corresponde a la persona de Luis José Nava Guibert”.

La publicación señala también que Nava recibió en total más de US$4 millones procedentes de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht durante el gobierno de Alan García. Y que habría otros 19 pagos hechos al ex secretario de la presidencia, seis de ellos cargados al proyecto de IIRSA Sur. 

Cabe recordar que Atala ha señalado a la fiscalía que recibió el dinero por la supuesta venta de un terreno ubicado en El Agustino, que luego fue cedido para la construcción del metro de Lima. Asimismo, en enero pasado, Julio Rodríguez —abogado del investigado, quien junto a su hijo Samir Atala mantiene una orden de impedimento de salida del país— ha negado que su defendido tuviera relación con Odebrecht y que incluso conociera de dónde provenían los fondos depositados en la cuenta de Ammarin Investment.

Sobre esa versión, explica el reporte periodístico, “la empresa colaboradora” señala que “… los pagos realizados a la offshore Ammarin Investment Inc. no tienen ninguna vinculación con una supuesta compra-venta (u otro contrato de carácter real) de terrenos celebrado con Faresh Miguel Atala Herrera; y que son pagos que en las programaciones financieras del extinto Sector de Operaciones Estructuradas estarían destinados a la persona de Luis José Nava Guibert”.

—La situación de Nava—
El último 9 de abril, el fiscal José Domingo Pérez decidió incluir a Luis Nava y a su hijo José Nava Mendiola en sus investigaciones contra el ex presidente Alan García por la licitación de la línea 1 del metro de Lima. A padre e hijo se les imputa el presunto delito de lavado de activos.

Posteriormente, el fiscal solicitó para ambos una orden de impedimento de salida del país. La medida será analizada este lunes 15 por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, a cargo del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.

La tesis fiscal señala que Luis Nava y su hijo habrían utilizado la empresa y el estudio de abogados Nava y Huesa para recibir pagos ilícitos. “Habrían participado en el sistema de recepción de dineros ilícitos para beneficio de [Alan] García Pérez, así como para otros funcionarios que tuvieron alguna participación relevante y decisión en el proyecto de la línea 1 del metro de Lima”, cita el documento fiscal que dispuso investigarlos.

A través de un comunicado difundido el viernes, Luis Nava expresó: "Ni yo ni mis hijos hemos recibido dineros ilícitos ni somos testaferros ni agentes de nadie y rechazamos los términos especulativos y antijurídicos que usa la fiscalía [...] Denunciamos la irresponsabilidad de la fiscalía en atribuirnos, a mí y a mi familia, hechos que no tienen ningún sustento en la realidad".