El viernes pasado, Martín Vizcarra asumió la presidencia. Ese mismo día, el Congreso aprobó la renuncia presentada por Kuczynski.
El viernes pasado, Martín Vizcarra asumió la presidencia. Ese mismo día, el Congreso aprobó la renuncia presentada por Kuczynski.

La herencia que dejó a en la presidencia de la República tiene varios pasivos –políticos y económicos– que, tras la formación de su Gabinete Ministerial, el nuevo mandatario deberá resolver.

Analistas políticos consultados para esta nota además señalaron que en la gestión de Kuczynski no hubo reformas importantes. Más bien, consideraron que en los temas pendientes, el jefe del Estado tendrá que pisar el acelerador.

–El tema más pendiente–
El primer viaje de Vizcarra en el país fue a Piura, región muy afectada por El Niño costero. En esa visita, su mensaje fue muy claro: la reconstrucción del norte debe agilizarse porque se ha avanzado muy poco un año después de ocurridos los desastres naturales en esta zona del país.

“Es un pasivo muy grave. Mientras [Vizcarra] no resuelva el problema de la estructura organizativa, no va a caminar”, comentó el analista Enrique Castillo.

Acotó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) –que primero estuvo a cargo de Pablo de la Flor y ahora de Edgar Quispe– fue un “error advertido” que Vizcarra tendrá que solucionar.
Para el analista político Luis Nunes, la ARCC no ha servido para nada. “No ha dado resultados. Ya han puesto a dos personas y no pasa nada”, dijo.

Ambos coinciden en que la demora podría alargarse, teniendo en cuenta que en menos de seis meses serán las elecciones municipales y regionales. Esto porque todas las autoridades serán nuevas –está prohibida la reelección– y tendrán que empaparse del trabajo para reconstruir sus localidades.

–Mensaje desde San José–
En el caso del indulto a Alberto Fujimori, aún no existe una respuesta oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que analizó el tema en una audiencia realizada en febrero.
“Estará entre la espada y la pared”, opinó Nunes sobre el pronunciamiento de la Corte de San José.

Castillo remarcó que “se supone” que Vizcarra está tomando distancia de PPK. Remarcó que eso es lo que ha demostrado en su primera semana en Palacio de Gobierno. En ese sentido, dijo que hay una alta posibilidad de que Vizcarra acate lo que diga la Corte IDH. “Pero si la acepta y la ejecuta, se va a meter en problemas con el fujimorismo. Papa caliente por todos lados”, manifestó en referencia a un pronunciamiento que cuestione el indulto.

–Otra urgencia–
Un tercer tema es la reforma electoral y política.

El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, resumió la importancia del tema así: “No es algo que se pueda aprobar desde el Ejecutivo. Sí puede presentar una iniciativa legislativa. Dialogar con las bancadas y buscar que se apruebe en el marco de la lucha contra la corrupción”, sugirió.

Entre las prioridades, explicó Távara, está corregir la ley que elimina la facultad de la ONPE de pedir informes a los partidos políticos durante la campaña electoral. “Por supuesto que el presidente puede remitir un proyecto en ese sentido”, puntualizó.

–El tema más pendiente–
Régimen CAS
La Comisión de Trabajo aprobó un dictamen que dispone el traslado de 275.140 trabajadores del régimen CAS a la planilla del Estado (al régimen del Decreto Legislativo 728 o del D. Leg. 276). Una de las preocupaciones del MEF sobre este proyecto es la carga fiscal, pues se calcula que el traspaso de los trabajadores CAS representará un gasto de S/2.236 millones.

Cadenas de pagos
Está pendiente la reglamentación de la Ley 30737, norma creada para corregir las deficiencias del Decreto de Urgencia 003, que buscaba asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos.

Exclusión de Ley Servir
El pleno del Congreso rechazó las observaciones del Ejecutivo y aprobó por insistencia la autógrafa de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, que excluye a sus trabajadores de la Ley Servir. Según especialistas, la adecuación de esta norma costaría más de S/2.000 millones en tres años.