“Ha habido un ataque sistemático del Congreso a la Sunedu desde el 2016”

El exministro de Educación Martín Benavides, director de Umbral, criticó que el Ejecutivo haya dejado sola a la Sunedu “durante muchos meses” ante el Congreso, que finalmente aprobó una norma que debilita a esa institución. Agregó que en el Parlamento “siempre han estado representados los intereses contrarios a la reforma”.

— El Ministerio Público investiga al presidente Pedro Castillo y a la primera dama Lilia Paredes por plagio, falsedad genérica y cobro indebido. ¿Cómo evalúa la situación del mandatario? ¿Su respuesta ante la denuncia de copia ha sido suficiente?

En primer lugar creo que si bien estamos hablando del presidente y eso tiene, sin duda, una importancia especial, hay que también considerar los factores que están detrás de que se genere una situación de este tipo y esos tienen que ver con todo el período en el cual el sistema universitario funcionó de manera muy informal, creándose programas, filiales y generándose tesis y supuestas investigaciones que en realidad [no cumplían con un estándar de calidad], eso empezó a cambiar una vez que se creó la Sunedu. Hay que estar atentos a los resultados de la investigación anunciada por la Universidad César Vallejo. La Sunedu tiene una responsabilidad de hacer seguimiento [a esta pesquisa] y analizar si esta investigación se ajusta a los estándares relacionados a este tipo de situaciones.

— César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo (UCV), ha referido que, si confirman que Castillo y Paredes plagiaron su tesis de maestría, le podrían quitar el grado. ¿La Ley Universitaria contempla un procedimiento para esto?

El reglamento de Grados y Títulos que tiene la Sunedu y cada universidad, en el marco de su autonomía, fija las condiciones o lo que ocurriría en un caso de esta naturaleza. En algunas universidades, el estatuto señala que en un caso de esta naturaleza [de plagio], a través del consejo universitario se le podría quitar el grado. No sé si el estatuto de la Universidad César Vallejo lo señala de esa manera, quizás una complicación que podría tener es por la antigüedad. Si el plazo administrativo hubiera sido superado, la universidad está en todo su derecho de iniciar los trámites legales que correspondan para hacer lo que ella considere conveniente, si se comprueba el plagio.

— Por ejemplo, la Universidad de Lima, en el 2016, no pudo retirarle el título a Acuña, tras haber probado el plagio en su tesis por este vacío en la norma…

No sé por qué la Universidad de Lima no continúo con el proceso, siempre hay una posibilidad de llevar los casos a instancias judiciales […] Si la Universidad César Vallejo ya ha expresado que si en caso ocurra [el plagio], puede quitar el grado a este estudiante [Castillo] u otro que encuentren, sabrá por qué lo dice. Probablemente, no sea en el ámbito administrativo, quizás tendría que ir al foro judicial, porque hay un tema de plazos.

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— Las clases de maestría que la UCV brindó en Cajabamba fueron en aulas de colegios y en auditorios, la universidad no tenía un local propio y el programa fue armado de manera improvisada, según informó “Cuarto Poder”. ¿Si la Sunedu hubiera existido en el 2012, esta maestría nunca se hubiera podido realizar?

Efectivamente, primero porque entiendo que no tenía tampoco la autorización de funcionamiento. Antes de la Sunedu ha habido muchos casos de filiales que no estaban autorizadas para funcionar y que, por lo tanto, tenían que cesar sus actividades para poderse alinear con la formalidad y, evidentemente, si es que la Sunedu hubiera aparecido antes de 2014, no se hubiera generado este tipo de maestrías.

La Sunedu ha tenido que cesar las actividades de aproximadamente 100 filiales de universidades públicas y privadas que funcionaban sin autorización. Y, además, las propias universidades han tenido que cesar actividades de filiales que sí tenían autorización de funcionamiento [para recibir en licenciamiento], pero probablemente no cumplían con estándares de calidad. Esto [la denuncia de plagio contra Castillo] es un pequeño ejemplo de toda la informalidad que ha habido en el sistema universitario peruano, al cual lamentablemente nos quieren hacer volver con decisiones que se están tomando [en el Congreso]. Es preocupante sin duda el caso del presidente, pero hay que ir al tema de fondo.

— A Castillo y Paredes también se les cuestiona porque dos de las tres personas que validaron sus instrumentos de investigación no existen en el Reniec. Además, el presidente registró al profesor Gerardo Gaitán como su asesor, pero este ha salido a decir que nunca lo fue…

Insisto, más allá de mi opinión personal, acá hay un procedimiento que las universidades tienen que implementar, la Universidad César Vallejo es la responsable de analizar el caso con toda la seriedad que corresponda, analizar si efectivamente la investigación es o no original, si es que siguió los estándares que se exigen para una tesis de maestría, si es que el asesor que ha consignado fue el que asesoró o no, y en función a eso tomar las decisiones académicas y legales que correspondan. Las autoridades de la universidad deben hacer esto con la celeridad que corresponde, y probablemente revisar todos los casos de esa maestría [en la que participó Castillo], porque si ocurrió con uno, probablemente haya pasado con todos, no es un tema menor.

— En el 2012, el entonces presidente de Hungría renunció al cargo, luego de que le retirarán su título de doctor por plagio. ¿Castillo debe seguir esta ruta si la UCV confirma que incurrió en actos de copia?

Esa es una pregunta que se la deben hacer a él, no puedo hablar por lo que él tiene que hacer. A mí me parecería sin duda un problema enorme que tengamos a un presidente que haya incurrido en una actuación de esa naturaleza por más que él mismo haya sido parte de una informalidad que lamentablemente ocurría en el país. Si realmente nos interesa el tema tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de las tesis hechas antes de 2014 en las carreras que son muy importantes para el país. En Educación y Derecho, la Sunedu logró identificar algunas. Es preocupante porque hay muchos abogados y docentes que pudieron haberse graduado de esa manera, por no hablar de ingenieros y médicos.

— La Universidad César Vallejo (UCV) ha concluido que la tesis de Castillo y Paredes sí tiene un “aporte de originalidad”, a pesar de que ellos mismos ha referido que tiene 43% de similitudes. ¿Hay originalidad con ese porcentaje?

Hay que mirar muy técnicamente ese análisis, hay casos en otros lados donde en condiciones similares [de porcentaje de similitud] sí se ha determinado que había ocurrido una situación de plagio. Entonces, se tiene que analizar qué es lo que hace que la universidad concluya que este no es el caso, y la institución competente para hacerlo es la Sunedu. La Sunedu tiene la competencia para poder analizar el informe [emitido por la UCV sobre la tesis de Castillo] y el cumplimiento de los estándares técnicos en la elaboración de ese documento.

— ¿Qué tipo de medidas puede tomar la Sunedu respecto al informe de la UCV?

Sunedu tiene que supervisar ese informe. ¿Hay méritos para hacerlo? Yo creo que sí los hay. Ha habido otros informes que han sido distintos. Por ejemplo, nosotros [en la Sunedu en su momento] hemos tenido muchos casos antes [de este tipo], una universidad no concluía que había un caso de hostigamiento sexual, pero la Sunedu supervisaba y encontraba que el análisis se había hecho mal. No, necesariamente, es este el caso, pero para fines de estar completamente seguros todos [sobre la tesis de Castillo] es que Sunedu, en el marco de sus competencias, haga una supervisión del informe de la universidad.

— Para eso, la Sunedu tendría que acceder a la tesis de Castillo y Paredes, ¿no?

Tiene que acceder a todas las herramientas que sean necesarias para poder realizar ese trabajo. Pero en todo caso, no se puede por un tema administrativo, renunciar a la competencia de darle validez al registro de grados y títulos.

— ¿Qué conclusiones puede dar la Sunedu? ¿Puede solicitar a la UCV que se vuelva a realizar el informe?

Normalmente, lo que ocurre en estos casos es que se abren los expedientes, se analiza el caso, como corresponde, y luego se toma una decisión, quizás advertirle a la universidad que ha encontraba algo que amerita una profundización.

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— El Congreso aprobó una norma que recompone el Consejo Directivo de la Sunedu para incorporar a representantes de las universidades públicas y privadas. ¿Qué tipo de consecuencias puede traer esta medida?

La primera es la de permitir nuevamente que se generen informalidades en el sistema, como las que se han tenido y estamos evidenciando con los casos de plagios que están siendo públicos. Todo este sistema informal que se generó y creció teniendo a una Asamblea Nacional de Rectores que no pudo hacer nada frente a ellos, y no pudo, porque no era independiente de los administrados, no podían tomar decisiones debido a que ni quería afectar los intereses de su propia comunidad. Entonces, estaríamos volviendo a una situación de esa naturaleza.

La lógica de este cambio es buscar representar los intereses en el órgano resolutivo, y ese modelo ya nos llevó a un sistema universitario totalmente caótico, informal, que generaba grados y títulos de baja calidad, muchos de los cuales tenían elementos fraudulentos, a esos nos quieren llevar nuevamente.

[Los congresistas] no se ponen del lado del interés general, sino de intereses particulares que quieren volver a recuperar su espacio en el ámbito universitario, luego de que la Sunedu los sacó del sistema, a todos estos proveedores del servicio que lo único que querían era generar ingresos y también a docentes o funcionarios que no tenían los requisitos para formar estudiantes. Es mentira que quieran fortalecer a la Sunedu con una medida de esta naturaleza, quieren quitarle a la Sunedu sus herramientas principales de regulación, que es la independencia de los intereses particulares.

— El presidente Castillo ha adelantado que observará la ley, pero la bancada de Perú Libre la aprobó con sus votos. ¿Qué significa esta diferencia de criterios en el Ejecutivo?

Bueno, significa que estamos frente a un problema, ¿no? En el Congreso tenemos representados los intereses particulares que se han confabulado para aprobar una norma de esta naturaleza apelando a mentiras, argumentando que la Sunedu es una institución corrupta, que no produjo ninguna mejora en la calidad y hablando de una supuesta vulneración de la autonomía [universitaria], que nunca fue vulnerada. Y esto no solo lo ha dicho el Tribunal Constitucional, sino también las propias universidades. Evidentemente, es preocupante que luego de haber intentado desde el 2016 concretar estas iniciativas contra la reforma universitaria, lo hayan logrado ahora y que hayamos avanzando a hasta este punto.

Esto hubiera ameritado, creo yo, una reacción más rápida del Ejecutivo, no esperar a que esto llegue al punto que ha llegado. Ya se terminó el proceso de licenciamiento, se ordenó el sistema universitario, deberíamos estar pensando en cómo ir hacia adelante, pero todos están pensando en cómo defender lo avanzando, es a la situación que nos ha llevado el Legislativo con un silencio muy grande del Ejecutivo, esta norma no es que se haya aprobado de un momento a otro, está cuatro o cinco meses dando vueltas.

Si bien el Ejecutivo ha reaccionado en los últimos días, cosa que es bueno, hubiera sido bueno que lo hagan desde el inicio y no estar en un silencio que parecía ser cómplice. Han dejado sola a la Sunedu durante muchos meses. La campaña contra la Sunedu no ha empezado ahorita, esto comienza desde el 2016 con fuerza. [En el 2020] hubo una interpelación en mi contra, y no le dieron la investidura al primer ministro Cateriano, todo por la reforma universitaria.

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— ¿Usted ve un ataque sistemático por parte del Congreso a la Sunedu?

Correcto, y ha habido un ataque sistemático del Congreso desde el 2016. Lamentablemente, estos intereses siempre han estado representados en el Parlamento, intereses contrarios a la reforma, pero que en los últimos tres años aumentaron muchísimo con campañas claramente difamatorias […] Ha sido una campaña muy grande y que ha debilitado enormemente a la Sunedu y que felizmente otra vez está siendo evidente, el cómo se han confabulado estos intereses para no orientarse al intereses general, que es fortalecer la reforma, sino básicamente a buscar otra vez que estos intereses particulares tengan presencia en el ámbito universitario.

— Las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular y de la de Perú Libre sí lograron consensos para aprobar esta norma que debilita a la Sunedu. ¿Cómo se puede interpretar que para contrarreformas sí puedan ser capaces de concretar acuerdos?

Tenemos a grupo que básicamente lo que están representando y para eso están unidos, son los intereses particulares de instituciones, personas y políticos, y desde el 2016 han querido que esto [la reforma universitaria] se detenga, pueden cambiar los partidos que están detrás de la contrarreforma, pero las ideas son las mismas, la idea principal fue quitarle al Ministerio de Educación la rectoría [de la Sunedu], ósea que nadie se haga responsable de garantizarle a la ciudadanía el derecho a una educación de calidad. Y, en segundo lugar, le han quitado a la Sunedu el elemento más importante que tiene para la toma de decisiones: que es la independencia de los intereses, siempre buscaron eso, desde el primer momento, desde el 2016.

Hay que recordar que interpelaron y censuraron a un ministro [Jaime Saavedra] por la ley universitaria. Los partidos son distintos, Acción Popular no estaba en este juego en el 2016, lo está ahora, hay que preguntarles a los miembros de ese partido qué es lo que ha ocurrido, Fuerza Popular siempre se mantuvo coherente a su oposición a la reforma universitaria, por más que haya salido en algún momento su candidata [Keiko Fujimori] a decir lo contrario. Y bueno, otros partidos como Podemos Perú también se han opuesto sistemáticamente a la reforma. El resto, en su mayoría, se ha mantenido en un silencio medio cómplice.

— Si el Congreso da luz verde a la norma a través de la insistencia, ¿el Ejecutivo debe presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el TC?

Eso es lo que correspondería sin duda, ojalá yo espero que no se llegue a una situación de esa naturaleza, ojalá que haya congresistas de los que votaron a favor de la ley, que ahora dado todo lo que se empieza a conocer, cambien su opinión y que abren un debate que sea abierto, en el que participen las instituciones que tienen legitimidad: las universidades licenciadas, los investigadores. Lamentablemente, estas personas no han sido invitadas a ese debate, el debate se ha cerrado en el Congreso, a personas que defienden los intereses de las universidades con licencia denegada, por ahí una rectora de una importante universidad pública, que ha confundido a la opinión pública hablando de la autonomía como si esta hubiera sido vulnera, cuando no ha sido así.

Yo espero que ahora que empiezan a reconocerse las voces independientes y transparentes de la mayoría de universidades licenciadas, esto no prospere y se vuelva a una discusión sobre cómo fortalecer la reforma. Cualquier cambio en la ley universitaria debería ser para mejorar la reforma, no para retroceder, ni para regresarnos al antiguo régimen universitario donde lo que más campeaba era la informalidad, la corrupción y la falta de calidad.