Martín Vizcarra cerca de sumar su tercera inhabilitación: ¿Qué camino seguirá la denuncia por disolver el Parlamento en el 2019?

El expresidente Martín Vizcarra está cerca de ser inhabilitado por tercera vez por el Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña (Alianza para el Progreso), aprobó el informe final que propone inhabilitarlo por 10 años para ejercer la función pública por haber disuelto el Congreso en el año 2019.

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El grupo de trabajo también aprobó la inhabilitación por 5 años de los ex ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos.

El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) fue el encargado de sustentar el informe final, elaborado tras las denuncias constitucionales presentadas por los legisladores Alejandro Muñante, Patricia Chirinos y otros exparlamentarios por presunta infracción a la Carta Magna.

Al iniciar su exposición Ventura subrayó que no hubo “ningún direccionamiento” “ni apetito personal” en su investigación y elaboración del informe.

Los medios probatorios tomados en cuenta en el informe son el acta de Consejos de Ministros del 27 y 29 de septiembre del 2019; el Decreto Supremo 165-2019-PCM, concerniente al cierre del Congreso; y las declaraciones de los investigados ante la SAC.

Según explicó Ventura, en el acta del 27 de septiembre del Consejo de Ministros no aparece como punto a tratar la suspensión del procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ello pese a que Vizcarra y Del Solar habían asegurado a la SAC que el tema aparecía en el punto 2 de la agenda.

“Considerando que esta es una función única del Congreso de la República. Aún así, Martín Vizcarra, en su participación en esta comisión, mencionó que estaban tratando el tema de la elección de magistrados del TC (en la sesión del Consejo de Ministros)”, remarcó.

Ventura señaló que Del Solar luego cambió su versión y dijo que el tema estaba en el acta del 29 de septiembre del 2019. Agregó que la elección de los miembros del TC no figura en ambos documentos.

“No se ve, por lo que se concluye que no hubo un acuerdo en el Consejo de Ministros respecto a este tema”, dijo.

De otro lado, remarcó que en el caso de Del Solar no procede alegar plazo de caducidad porque este vencería el 16 de marzo de este año.

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Sobre Vicente Zeballos señaló que, cuando asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros tras la salida de Del Solar, refrendó el Decreto Supremo 165 en el que subraya que la disolución del Congreso fue por el tema de la elección de los miembros del TC.

Por tanto, recomendó en su informe que Vizcarra sea inhabilitado por 10 años por infracción del artículo 134 de la Constitución.

Para Salvador del Solar (por infracción del artículo 132 y 133, al haber planteado la cuestión de confianza sin que se haya aprobado en la sesión del Consejo de Ministros) y Vicente Zeballos (infracción del artículo 134, al refrendar decreto supremo) pidió 5 años de inhabilitación.

El congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) solicitó que se eleve a 10 años, pero su sugerencia no prosperó. Tampoco tuvo éxito otra cuestión previa presentada por Víctor Flores (Fuerza Popular) para que la votación se haga por separado en el caso de Salvador del Solar.

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La parlamentaria Flor Pablo, exintegrante del Gabinete Del Solar, participó en la sesión de la SAC para señalar que este caso ya fue zanjado por el Tribunal Constitucional y no corresponde a una comisión del Congreso enmendarle la plana.

“Se pretende juzgar una cosa juzgada. La Constitución, en ese momento, permitía hacer la cuestión de confianza es así que este Congreso ha eliminado esta figura”, afirmó.

Luego, descartó que los integrantes del Consejo de Ministros no hayan tenido conocimiento de lo que iba a ocurrir. “Era de público conocimiento. Cuando una comisión va a tomar una decisión tan trascendental, como inhabilitar a dos premier y un expresidente, no puede solo regirse a un acta”, aseveró.

Finalmente, señaló que lo que se busca es sacar a líderes políticos con “artimañas y argucias”.

Inmediatamente, la presidenta de la SAC, la cuestionó. “No le voy a permitir que usted venga con sus opiniones a decir que esta comisión está dirigida a que sancionemos a las autoridades”, expresó Acuña.

Los argumentos de Pablo también fueron criticados por parlamentarios de Fuerza Popular.

Finalmente, la subcomisión aprobó inhabilitar a Vizcarra y sus exministros con 15 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Minutos más tarde, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la denuncia constitucional que presentó la fiscalía de la Nación contra Vizcarra por el presunto nombramiento irregular de Daniel Soria como procurador general del Estado. Acusación también alcanza a la exministra de Justicia Ana Revilla.

Esta decisión se tomó con 16 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Mira aquí la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales:

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Los constitucionalistas Erick Urbina y Alejandro Rospigliosi indicaron a El Comercio que el informe final pasará ahora a la Comisión Permanente para que decida si lo ratifica o envía al archivo. De prosperar en esa instancia, el caso quedará en manos del pleno del Parlamento.

Rospigliosi estimó que los informes recién se van a ver en el pleno desde marzo, pues actualmente hay un receso parlamentario.

Por su parte, Urbina indicó que, si el caso llega al pleno, se citará a los denunciados para que se defiendan. “Ellos pueden ir solos, enviar a su abogado o ir con su abogado. Luego de eso, el pleno vota el informe final”, expresó

Agregó que, en el caso de la inhabilitación, se requiere dos tercios del número legal, excluyendo a los miembros de la Comisión Permanente. “Son aproximadamente 67 votos” , aseveró.

Y, en el caso de la denuncia, indicó que se requiere la mitad más uno del número legal, excluyendo a los miembros de la Comisión Permanente.

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En diálogo con El Comercio, Alejandro Salas, vocero de Martín Vizcarra señaló: “Él me manifiesta que es la confirmación de la persecusión política seguida en su contra.El Tribunal Constitucional ya había zanjado el tema.

Es la factura que le pasan agrupaciones políticas que fueron disueltas cuando él fue presidente, pero está tranquilo porque el castigo social lo tendrán dichos partidos y no él”.

En tanto, Salvador del Solar difundió en sus redes sociales un comunicado del abogado Luciano López, en el que rechaza el informe.

“Es una decisión discriminatoria, que ignora lo dispuesto por la Constitución, se aparta de los precedentes establecidos por el propio Parlamento, basa su única acusación en una evidente mentira y deja en claro que la única motivación detrás de este proceso ha sido descalificar a potenciales adversarios políticos”, indicó.