Martín Vizcarra: Informe del Congreso recomienda acusarlo por omitir información sobre vínculo de su empresa con Odebrecht

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), presidida por Lady Camones (APP), tiene listo para su debate y votación el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por los presuntos delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos.

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La acusación deriva de la denuncia constitucional 499, presentada por el entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, en junio del 2024.

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Según la denuncia del Ministerio Público, el delito de falsedad genérica se contextualiza en sucesos de enero del 2019, cuando el entonces mandatario brindó una conferencia de prensa en la que negó que la empresa familiar CyM Vizcarra haya sido proveedora de la empresa Odebrecht entre el 2006 y el 2008 para la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

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“El 13 de enero del 2019, un reportaje de “Panorama”, permitió evidenciar que la empresa CyM Vizcarra, entre los años 2006 y 2008, sí fue proveedora de dicho consorcio por diversas sumas de dinero, aproximadamente unos 300 mil soles [...] Es decir, CyM Vizcarra, de la que era socio, accionista e integrante del directorio, sí aparecía como proveedora de Interoceánica Sur, cuya obra era ejecutada por Conirsa, integrada por Odebrecht, en un 70%; Graña y Montero, en un 19%; y por JJContratistas e ICCGSA”, indica el Ministerio Público.

Añade que el 20 de enero del 2019, en entrevista con “Punto final”, el entonces presidente reconoció que su empresa sí hizo trabajos para la construcción de la vía a través del consorcio Conirsa S.A., que tenía a Odebrecht como empresa con mayor participación accionarial.

Para la fiscalía, la condición que por aquellos años tenía Vizcarra como socio de su compañía familiar le dio la “posibilidad de conocer los contratos” de la misma.

“Se infiere que en la conferencia de prensa del 9 de enero, Martín Alberto Vizcarra Cornejo habría alterado la verdad intencionalmente mediante palabras ocasionando perjuicio a la imagen institucional de la Presidencia de la República”, expuso.

La fiscalía sostiene que el delito de falsedad genérica también se configuró cuando, ese 20 de enero, Vizcarra afirmó en la entrevista con el referido dominical que había renunciado oficialmente a su empresa el 23 de marzo del 2018.

Sin embargo, el Ministerio Público determinó que su revocatoria como gerente de Operaciones y vicepresidente del directorio de la compañía fue acordada por la junta de accionistas recién el 4 de junio del 2018 y fue inscrita en Registros Públicos el 17 de agosto de ese año.

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En cuanto al delito de omisión, la fiscalía indica que Vizcarra no informó en su declaración jurada de intereses del 30 de octubre del 2018, pese a que estaba obligado, que hasta el 4 de junio de ese año había sido directivo de su empresa.

Según la denuncia, el expresidente habría actuado “de manera deliberada” para “evitar informar con veracidad aspectos de los cargos directivos que ostentó”.

El informe iba a ser evaluado por la SAC este viernes 3 de octubre, pero la sesión se tuvo que reprogramar porque el congresista delegado Jorge Montoya (Honor y Democracia) presentó descanso médico.

El documento acoge el pedido del Ministerio Público de acusar a Vizcarra Cornejo, en su calidad de expresidente de la República, por los presuntos delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos.

Si la SAC aprueba el informe, este será elevado a la Comisión Permanente para que ratifique la decisión y la derive al pleno del Congreso, que tiene la última palabra.

En su informe, el parlamentario de Honor y Democracia, detalla que en la audiencia del 12 de septiembre el expresidente “declinó expresamente” a su derecho al antejuicio constitucional.

Sin embargo, la titular de la SAC rechazó dicha solicitud al señalar que el reglamento del Congreso y el Nuevo Código Procesal Penal no contempla esta figura.

“Si bien el reglamento del Congreso no contempla explícitamente esta posibilidad de renuncia, el Tribunal Constitucional (TC), en la Sentencia 00156-2012-HC, ha establecido que los funcionarios que ya no ejercen funciones (como es el caso de un expresidente) pueden renunciar a la prerrogativa funcional del antejuicio político”, señaló Montoya.

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Montoya recordó que el procedimiento parlamentario es importante para que todo lo actuado se remita a la fiscalía para que investigue y determine si los hechos constituyen delitos cometidos en el ejercicio de la función y se formule la denuncia ante la Corte Suprema.

“Esta interpretación busca respetar el principio de separación de poderes y la autonomía del Ministerio Público”, indicó.

“El Congreso es el órgano constitucionalmente facultado para decidir si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de una acusación penal contra un alto funcionario, lo cual es un paso indispensable para que el Fiscal de la Nación formule la denuncia ante la Corte Suprema”, subrayó.