Vizcarra admite que pidió vuelo en avioneta a Obrainsa antes de firma de contrato: sus “no recuerdo” y sus respuestas al ser interrogado

Si bien el expresidente ha dado múltiples declaraciones públicas sobre la acusación en su contra, este lunes fue la primera vez en que pudo dar su versión ante el juzgado y responder públicamente las preguntas de la fiscalía.

En noviembre del 2024, el acusado optó por guardar silencio en ese momento y recién declarar al final del juicio, cuando todas las pruebas ya hayan sido evaluadas por el tribunal. Ese momento finalmente llegó este lunes, a poco de cumplirse un año del inicio del juicio.

LEE TAMBIÉN | La herencia de Castillo y Boluarte: el Perú registra casi 170 ministros en cuatro años

Sobre el final del interrogatorio, que continuará este jueves, Martín Vizcarra admitió que pidió a la empresa Obrainsa costear el alquiler de una avioneta para un vuelo Lima-Ilo que llevó a funcionarios bolivianos el 3 de diciembre del 2013, antes de que esa constructora firmara el contrato para el proyecto Lomas de Ilo.

Para la fiscalía, ese alquiler (valorizado en unos S/ 35 mil) fue parte del presunto soborno que esa empresa dio al entonces gobernador, junto a una posterior entrega de S/ 1 millón.

El hecho que haya sido antes de la firma del contrato, sostiene el Ministerio Público, responde además a un “condicionamiento” de parte del entonces gobernador a la constructora de cara a la posterior firma del contrato, que se hizo solo tres días después.

Por su parte, el expresidente aseguró que el pedido se hizo a la empresa bajo el concepto de “responsabilidad social” y que no hubo “relación directa” con el proceso de adjudicación del que era parte por entonces Obrainsa con el gobierno regional.

Además, remarcó que la UNOPS, entidad que dirigió el proceso de licitación, ya había determinado que la empresa había ganado la buena pro para la obra, a pesar de que el contrato aún no se suscribía. Esa firma recién se dio el 6 de diciembre del 2013.

En otras palabras, el pedido vinculado a la avioneta se hizo mientras Obrainsa tenía un interés pendiente con el gobierno regional: aún no concretaba formalmente su intención de hacerse con el contrato de Lomas de Ilo.

La licitación estuvo a cargo de la UNOPS y el concurso fue ganado por esta constructora, de acuerdo con la acusación, gracias a que Martín Vizcarra los citó para darle “información privilegiada” sobre la oferta que debían hacer a cambio de que más luego le paguen el 2% del monto de la obra: S/ 1 millón. Ello habría ocurrido en una reunión en Lima, a inicios de noviembre, de acuerdo con el testimonio de Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa y hoy colaborador de la fiscalía, quien declaró en el juicio haber hecho personalmente ese acuerdo con el expresidente y luego haberle entregado el dinero.

Martín Vizcarra y su defensan niega toda esa versión. Aseguran que estuvo en Moquegua en las fechas de la supuesta reunión en la capital, además de rechazar haber recibido sobornos.

Lo que Martín Vizcarra no negó fue conocer a Elard Tejada. “Lo conocí hace mucho tiempo en un proyecto de ingeniería en el que participamos conjuntamente, en la región Arequipa (…) Me parece que fue en el 2003, o sea, como diez años antes de los hechos en investigación”.

El fiscal luego le preguntó si tuvo comunicación con el empresario “durante el proceso de selección y hasta la adjudicación de esta licitación”. “Alguna vez él se comunicó conmigo y, obviamente él estaba participando, pero todo el proceso estaba a cargo de UNOP”, replicó el acusado. “Seguramente, (se comunicó) a través de teléfono”, agregó cuando le preguntaron por qué medio fue el contacto.

Registros de llamadas presentados por la fiscalía durante el juicio corroboran que, en efecto, hubo comunicación telefónica entre Martín Vizcarra y Elard Tejeda en esas fechas. Aun así, cuando le preguntaron qué número usaba en esa época, el expresidente respondió: “no recuerdo”.

El fiscal insistió en preguntarle por el motivo de esas comunicaciones ya admitidas. Martín Vizcarra las atribuyó a un simple saludo.

“Dado que hace mucho tiempo yo no tenía contacto alguno con él, desde el 2003 aproximadamente, y él estaba participando en un proyecto en Moquegua, fue una llamada de saludo, pero no hubo ninguna conversación referida al proceso porque el proceso estaba siendo llevado por una institución internacional (UNOPS)”, dijo.

Juárez luego le consultó si mientras se daban esas llamadas, el proceso de licitación ya había concluido. En ese momento, la memoria le falló al expresidente. “No recuerdo. No recuerdo el espacio de tiempo que haya conversado, pero he conversado muchas veces durante el 2014, porque, como responsable de la institución, nos interesaba que este proyecto avance dentro de los plazos determinados”, dijo.

La tesis fiscal es que, si bien UNOPS estuvo a cargo del concurso para la obra, este fue ganado por Obrainsa el 27 de noviembre del 2013 gracias a la “información privilegiada” que les dio el acusado.

Además, sostienen que el Gobierno Regional todavía podía observar esa buena pro, ya que UNOPS solo recomendaba al ganador y era la entidad la que firmaba y tenía la última palabra sobre el contrato, que se realizó recién el 6 de diciembre de ese año.

En cambio, la defensa de Martín Vizcarra sostiene que el proceso fue llevado de forma independiente por UNOPS, que no hubo ninguna “información privilegiada” y que el Gobierno Regional (a través del Proyecto Especial Pasto Grande) solo debía proceder con la firma del contrato a partir de lo “recomendado” por UNOPS. Esa postura fue ratificada por el exmandatario en su declaración.

Luego, el fiscal pasó a abordar el tema de la avioneta. Consultado por esto, Martín Vizcarra reconoció que fue él mismo quien le hizo el pedido a Elard Tejeda como ejecutivo de Obrainsa y que hizo coordinaciones para ello mediante su correo electrónico institucional. Las capturas de esos correos, con fecha del 2 y 3 de diciembre del 2013, ya fueron presentadas ante el tribunal durante el juicio.

Para Martín Vizcarra, que se haya usado un correo institucional hace “totalmente transparente” el pedido, aunque -nuevamente- no puedo recordar la dirección del correo que utilizó: “No recuerdo, pero fue algún el correo del gobierno regional de Moquegua o de presidencia del gobierno regional. No recuerdo, pero fue institucional”.

El expresidente aseguró que el vuelo de los funcionarios fue parte de un acto público y oficial, incluso con presencia de medios de comunicación. Además, justificó que no se hayan usado los recursos del gobierno regional y se haya recurrido a Obrainsa, alegando que el viaje salió de un día para otro por el poco tiempo tenían los funcionarios bolivianos en el país y “los procedimientos de la administración pública hacían imposible hacer un trámite de la adquisición de un servicio de traslado de funcionario”.

“¿Usted era consciente de que le estaba pidiendo un alquiler de una avioneta, para que la pague Obrainsa, cuando aún la empresa no suscribía el contrato de otorgamiento de buena pro?”, pregunto allí mismo el fiscal. “No hay relación directa con ello, no tiene nada que ver. Podría haberse solicitado este apoyo a cualquier otra empresa”, replicó Martín Vizcarra.

-“Pero en ese entonces, cuando usted pide el pago del alquiler de ese servicio de avioneta, ¿Obrainsa estaba contratando con el gobierno regional?”, insistió Juárez.

- “Ya tenía la buena pro. Con esto no se condicionó absolutamente nada”, dijo Vizcarra

- “No había suscrito el contrato…”, recordó el fiscal.

- “Pero tenía la buena pro”, concedió Martín Vizcarra. “Ya estaba adjudicaba la buena pro y no por el gobierno regional, no por el proyecto especial Pasto Grande: fue adjudicada la buena por UNOPS, tal como determina el convenio. Y fue para un fin no de beneficio personal (…) Fue para que vayan a ver las condiciones del puerto de Ilo”, agregó.

-¿No hubo otra entidad estatal, otra entidad privada que pudiese haber sufragado ese gasto?”, cuestionó Juárez.

-“Seguramente, seguramente…”, respondió el acusado.

-“Pero usted decidió que sea Obrainsa…”

-"Seguramente pudo haber otra entidad, el tema es que en ese momento era lo que se requería, por la oportunidad de la presencia en nuestro país de cinco funcionarios del gobierno de Bolivia, y fue realmente provechosa”.

En ese momento, la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional y directora de debates del juicio, advirtió que no había tiempo para más y la audiencia debía ser suspendida hasta el jueves. Ese día, la fiscalía continuará interrogando a Martín Vizcarra respecto a Obrainsa y Lomas de Ilo, así como respecto a la otra parte del caso: la presunta coima de S/ 1.3 millones de la constructora ICCGSA por el proyecto del nuevo Hospital de Moquegua.

El jueves, la procuraduría también deberá realizar sus preguntas al acusado. Lo mismo podrá hacer la propia defensa de Martín Vizcarra. La audiencia está programada de 9 am a 1 pm. Si el interrogatorio termina y el tiempo alcanza, se podría pasar a la siguiente fase: el ofrecimiento de “prueba excepcional”, por parte, al menos, del abogado del acusado.

La mayor parte de la audiencia del martes, antes del inicio del interrogatorio de la fiscalía, fue dedicada a la “declaración libre” de Martín Vizcarra.

El expresidente vinculó el caso a su vacancia, remarcando que fue este caso el que el Congreso usó como sustento para destituirlo en el 2020 y que, cinco años después, aún no hay una resolución.

En líneas generales, el acusado afirmó que no hubo irregularidades en el proceso de licitación de Lomas de Ilo y de Hospital de Moquegua, los cuales estuvieron a cargo de UNOPS.

Junto con eso, sostuvo que los colaboradores eficaces que lo acusan de pedir y recibir sobornos mintieron para cambiar sus declaraciones por sentencias de colaboración eficaz que los libren de ir a prisión por sus delitos.

“He sufrido 22 días de prisión preventiva y esas personas que han aceptado delito no han sufrido nada de prisión y se comprometieron a pagar cantidades muy pequeñas (de reparación civil) en comparación de lo que han defraudado al Estado. Hacen el acuerdo de colaboración eficaz y el año siguiente se declaran en quiebra. Negocio redondo: no hay cárcel, no tienen que pagar y eso es lo que finalmente queda ¿Quiénes son los delincuentes en esta investigación? Espero yo que finalmente, con el pasar del tiempo, salga la verdad la luz y se determinen las responsabilidades del caso”, sostuvo.

Culminada la diligencia, Martín Vizcarra y su abogado se retiraron de la sede judicial, en medio de vivas de una ‘portátil’ de su partido, Perú Primero. El grupo estuvo encabezado por su hermano Mario Vizcarra.

En tanto, el fiscal Germán Juárez declaró a El Comercio que el expresidente no fue “claro con relación a los términos del convenio, en el sentido de que ahí se estableció que quien recomienda es UNOPS y quien se encarga de adjudicar y suscribir el contrato es la entidad, el gobierno regional". "Es una situación que no puede enervar, es la que justamente le da el margen de poder negociar el proceso de licitación a favor del consorcio Obrainsa-Astaldi”.

Por otro lado, remarcó que es importante haber establecido cuándo se hizo el pedido a la empresas constructora para el alquiler de la aeronace, ya que “cuando le le hace la solicitud de la avioneta aún no se había suscrito el contrato entre el consorcio Obrainsa-Astaldi con la entidad. Entonces, podía haber un condicionamiento porque aún no estaba suscrito el contrato".

VIDEO RECOMENDADO