Más de 100 procesos judiciales por crimen organizado y corrupción podrían retrasarse debido a una ley del Congreso

El presidente de la Corte Superior Nacional (CSN), Hans Contreras Cuzcano, advirtió que más de 100 procesos judiciales por crimen organizado y corrupción podrían sufrir retrasos debido a la Ley 32130. Esta norma, aprobada por el Congreso en octubre pasado, permite a los acusados apelar el auto de enjuiciamiento, lo que agrega una nueva fase antes del inicio del juicio oral.

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Contreras Cuzcano explicó que estos casos se encuentran en la etapa intermedia del proceso penal, en la cual se revisa la acusación fiscal antes de pasar a juicio. Destacó la complejidad de estos procesos, que pueden involucrar a más de 30 acusados, empresas y múltiples delitos, lo que ya supone un reto para el sistema judicial.

“Como todos saben, nosotros nos regimos por la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, en la cual llevamos casos de mucha complejidad. Hay casos que llevan más de 30 o 35 procesados, 10 personas jurídicas y hechos similares que implican no solamente el tiempo que implica llevar a cabo estos casos, sino también la dedicación de los magistrados de todo el personal de la Corte Especializada, que lo llevan de acuerdo y con total transparencia”, dijo el presidente de la CSN.

El magistrado alertó que la apelación del auto de enjuiciamiento impide que el tribunal a cargo pueda iniciar el juicio de inmediato. Antes de la vigencia de la ley, una vez emitida este auto, se fijaba la fecha para el juicio sin más dilataciones. Ahora, el tribunal debe esperar la resolución de la apelación antes de continuar, lo que genera demoras significativas.

“A la fecha, conforme a la ley vigente, puede ser impugnado el auto de enjuiciamiento que emite un juez de investigación cuando remite todo para inicio de un juicio oral al colegiado correspondiente. Esto, en nuestro caso, en la Corte Nacional, implica un retardo, porque los implicados, al apelar esto, lo que hacen es poner en cuestión el auto de enjuiciamiento en sí de todo lo que implica, e impide que el colegiado, quien recibe todo el expediente, pueda iniciar inmediatamente el juicio oral”, explicó.

El caso de Susana Villarán

Uno de los casos más afectados es el de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada de recibir aportes ilícitos para sus campañas municipales. Su proceso, que comprende a 21 acusados y 10 empresas, fue elevado al Tercer Juzgado Colegiado de la CSN, el mismo que llevó el juicio de Keiko Fujimori y está próximo a sentenciar a Ollanta Humala.

Documentos judiciales recientes a los que tuvo acceso El Comercio confirman que el inicio de este juicio se ha visto postergado debido a los cambios en la normativa judicial aprobadas por el Congreso. La Ley 32130, promulgada en octubre de 2024, ha permitido que los imputados presenten recursos de apelación contra el auto de enjuiciamiento, el acto que da inicio formal al juicio. En este caso, siete procesados han interpuesto estos recursos, que aún no han sido resueltos en segunda instancia, generando un retraso en el proceso.

El tribunal consultó a una sala de apelaciones sobre si la apelación suspendía el proceso y, aunque la sala de cálculos que no debía detenerse, recomendó “prudencia”, justificando la postergación del juicio mientras se resuelve la apelación.

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, insistió en que ya se fije una fecha de inicio, pero la falta de claridad en la Ley 32130 ha llevado a que la decisión final quede en manos del tribunal.

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Otras investigaciones afectadas

El magistrado Contreras Cuzcano también mencionó otros casos en proceso, como el del expresidente Alejandro Toledo, quien ya fue sentenciado y está en apelación; el juicio contra Martín Vizcarra, aún en trámite; y el proceso de Ollanta Humala, que se encuentra en la fase de alegatos finales.

No obstante, resaltó que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema logró iniciar el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, estableciendo un cronograma de audiencias hasta su conclusión. Contreras Cuzcano destacó este modelo como una estrategia que podría replicarse en otros juicios de alto perfil para evitar dilataciones innecesarias.

“Todos los procesos que están en investigación, finalmente, después de la etapa intermedia, pasan a un juicio oral. En el caso del expresidente Castillo, la Sala Penal de la Corte Suprema ha fijado fecha para el juicio y ha señalado, además de ello, un cronograma de las audiencias que va a llevar. Eso, como Corte Suprema, lo hemos visto de buena forma y vamos a tratar de replicarlo en nuestra Corte”, finalizó.

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Redacción EC

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