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El caso contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, tiene una serie de matices que suelen perderse en estos tiempos de agobiante polarización política

kEIKO fUJIMORI

Keiko Fujimori cumple una orden de prisión preventiva. (Foto: GEC)

GEC

El caso contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, tiene una serie de matices que suelen perderse en estos tiempos de agobiante polarización política.

Para empezar, los delitos que le atribuye la fiscalía son ciertamente debatibles: (a) lavado de activos por haber recibido financiamiento para campañas políticas sin haberlo declarado como obligaba la ley, pero sin que dicha conducta estuviera explícitamente tipificada en el Código Penal. Y, sumado a ello, una presunción en contra del investigado sobre su conocimiento del origen ilícito del dinero; y, (b) que dentro de FP se habría constituido una organización criminal cuyo fin era “obtener” el poder político, para lo cual recibía aportes ilícitos de Odebrecht.

En lo que toca a la prisión preventiva, la sustentación por parte del Ministerio Público sobre el peligro de fuga de Fujimori (no tener trabajo conocido ni arraigo domiciliario, por ejemplo) fue sumamente débil, al punto de haber sido desestimada por el juez Concepción, pero los indicios de obstaculización a la investigación por parte de la defensa al tratar de influir indebidamente en testigos tienen credibilidad.

Hecho el balance entonces, si bien la fiscalía parece haber acreditado el ‘pitufeo’ de fondos y proporcionado evidencias de obstaculización a la justicia, no son pocas las chances de que, al igual que en el caso del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, la prisión preventiva dictada contra Fujimori sea revocada y que eventualmente no sea condenada por los delitos que se le imputan.

Los defensores de la señora Fujimori, sin embargo, parecen estar más interesados en politizar el proceso que en intentar explicar los argumentos técnicos que para un observador imparcial sustentarían razonablemente su posición.

La última muestra de esta conducta ha sido la sobrerreacción por el aplazamiento de la audiencia de casación ante la inhibición del juez supremo Jorge Castañeda al haberse difundido un audio suyo con César Hinostroza, acusado de ser el cabecilla de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, lo que trajo un pronunciamiento por parte de FP plagado de inexactitudes y acusaciones cuyo contenido fue reiterado ayer por la ‘bankada’ en conferencia de prensa.

En ambas instancias, FP recurre al consabido recurso de la persecución política (a pesar de que la justicia viene investigando a líderes de todas las tendencias, varios de los cuales cumplen también severas restricciones) y en un ejercicio propio de grupos conspiracionistas reparte culpas entre todos aquellos a quienes considera enemigos políticos, (la prensa, el gobierno, los fiscales “totalitarios”, las ONG “financiadas desde el exterior”, los operadores políticos…) mientras denuncia irresponsablemente a una indeterminada “comunidad internacional” que en el Perú “no estamos en un régimen democrático”.

FP sin duda tiene el derecho de defender a su lideresa de la manera que estime pertinente, pero el camino elegido difícilmente la ayude ante las autoridades jurisdiccionales –más aun con los indicios de obstaculización existentes– y parece destinado solamente a contribuir al desgaste de su de por sí alicaída imagen política. Algo en lo que tanto Fujimori como su partido se han mostrado esmeradamente consistentes desde hace unos buenos años, por cierto.

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