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¿Qué mecanismos existen ante la remoción de Vela y Pérez?

Especialistas analizan recursos en la vía judicial, como el amparo o la acción popular, así como la presentación de un proyecto de ley de reestructuración del Ministerio Público.

José Domingo Pérez

(Composición: Solange Ávila/ El Comercio)

La reciente remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, por decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en vísperas a la celebración de Año Nuevo, ha generado un amplio rechazo desde distintos sectores de la ciudadanía.

Tras anunciar su llegada a Lima, el presidente Martín Vizcarra adelantó que evalúa qué medidas tomar frente a esta decisión. Estas son algunas de las salidas planteadas por distintos especialistas.

Opción 1: la vía judicial, amparo o acción popular
La lucha contra la corrupción es un interés protegido por la Constitución. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional (TC) en varias sentencias: “es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39° y 41 °”.

La decisión de Pedro Chávarry para el expresidente del TC César Landa puede interpretarse como un acto que pone en riesgo las investigaciones en materia de lucha anticorrupción y el acuerdo de Odebrecht con las autoridades peruanas.

En ese escenario, existe la posibilidad de plantear una acción de amparo para revertir la situación al estado anterior a esta decisión. Eso implicaría reponer a los fiscales en sus anteriores cargos. Para el constitucionalista Luciano López, sin embargo, podría ser problemático, porque si bien la decisión puede anularse, nuevamente el fiscal Chávarry podría emitir otra similar debidamente motivada.

Esta vía, asimismo, exigiría identificar cuál sería el derecho vulnerado. El amparo es una acción que se presenta contra un acto que amenaza o vulnera un derecho fundamental. El problema con esta salida, señala Ana Neyra, profesora de derecho constitucional de la Universidad del Pacífico, radica en identificar este derecho, de lo contrario sería improcedente.

Para Elena Alvites, profesora de derecho constitucional de la PUCP, podría ser la faz objetiva del derecho a la tutela jurisdiccional que tiene la sociedad frente a toda persecución del delito, vulnerado al retirar a los mencionados fiscales. Para Neyra, la ventaja de esta opción es que podría plantearse una medida cautelar que suspenda temporalmente los efectos de la cuestionada resolución, aunque antes debe admitirse la demanda.

Ahora, dado que la decisión de Pedro Chávarry recae en una resolución administrativa, en opinión de Landa, esta podría ser anulada a través de una acción popular (medida que opera como una acción de inconstitucionalidad, pero cuestiona la ilegalidad e inconstitucionalidad de normas de rango inferior a las leyes). Cualquier ciudadano podría presentarla.

Neyra identifica dos obstáculos, sin embargo: primero, es un camino largo porque se ve en la vía judicial (salvo que los magistrados vean el caso con inusual celeridad, dada la naturaleza de la coyuntura), y segundo, la acción popular cuestiona normas de alcance ‘general’ y no está claro que este sea el caso. Para Alvites, esto también sería problemático porque parece ser, más bien, una norma particular.

Para López, ninguna de estas vías judiciales -amparo o acción popular- sería viable. Ello, debido a que, en su opinión, la decisión de Chávarry constituye una facultad discrecional frente a cargos de confianza, como los del equipo especial. Alvites discrepa en este punto. “Fuera de la conferencia de ayer, no conocemos cuáles son las razones; hay una insuficiencia de la motivación y hay visos de arbitrariedad”, señala.

Opción 2: Ejecutivo presenta cuestión de confianza
En este punto se han discutido dos opciones. La primera es que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley al Congreso que declare en emergencia el Ministerio Público, bajo el argumento de que la autonomía de la institución y sus funciones constitucionales están en riesgo con Pedro Chávarry a la cabeza, y luego, pida sobre ello, una cuestión de confianza.

“Sacar a los dos fiscales es retrasar la investigación penal y eso afecta directamente las funciones del Ministerio Público”, señala Alvites.

Esto sería algo similar a lo que ocurrió hace unos meses con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin embargo, dado que se trata de una institución distinta, las medidas deben ser otras. Esto dependerá de lo que contenga el proyecto de ley presentado. 

“Por las funciones de la Fiscalía, no tendría sentido suspenderlo por nueve meses -como hicieron con el CNM-, sino podrían remover a la Junta de Fiscales Supremos, generar un órgano de revisión, reestructurarlo internamente u otras medidas proporcionales que no afecten el normal funcionamiento de la institución”, señala Neyra.

En este escenario, la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo operaría como una medida de balance de poderes o de "presión” para que el proyecto sea aprobado, bajo amenaza de cerrar el Congreso frente al rechazo de dos cuestiones de confianza (el primer rechazo se dio en setiembre del 2017 contra el Gabinete Ministerial que encabezaba Fernando Zavala).

Para Neyra y Alvites, esta sería la opción más viable. Esto, con mayor razón, luego de la sentencia del TC que declaró inconstitucional la modificación al Reglamento del Congreso que impedía al Ejecutivo presentar una cuestión de confianza por proyectos de ley que presentaran conforme a sus políticas públicas.

“En este supuesto, el Ejecutivo puede valerse de la colaboración de los dos miembros de la Junta de Fiscales Supremos que han salido a defender la institucionalidad”, añade Alvites.

Para López, esta vía sería inconstitucional ya que estaría interviniendo un organismo constitucionalmente autónomo. Por eso plantea otra salida: presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que incorpore una disposición transitoria en la Constitución para reestructurar el Ministerio Público. Reitera que esto sería temporal y que ya se ha hecho en otras oportunidades tras la caída de la dictadura fujimorista.

Según el artículo 206 de la Constitución, este proyecto podría aprobarse de dos maneras: 1) por legislatura ordinaria y referéndum, o 2) dos legislaturas ordinarias sucesivas. Para López, el Ejecutivo debe establecer un plazo para que sea aprobado. “Está la legislatura ampliada hasta el 30 de enero y luego, se puede adelantar la legislatura 2019-2020 que empezaría en marzo -es la segunda-, sin necesidad de ir a referéndum o, también puede presentarlo ahora con cuestión de confianza, se aprueba y se llama a referéndum”, explica.

Opción 3: acusación constitucional
Las opciones mencionadas buscan: o anular la disposición que remueve a los fiscales Vela y Pérez, o reestructurar -y con ello, retirar al Fiscal de la Nación-, al Ministerio Público. La alternativa de cesar a Chávarry de sus funciones también es posible a través de una acusación constitucional presentada en el Congreso, sea por infracción a la Constitución -incumplir funciones que la Constitución le reconoce al Ministerio Público como la debida persecución del delito- o delito de función -ha sido denunciado por el delito de obstrucción a la justicia-.

El problema de esta vía, sin embargo, es que depende de la decisión que tome la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que hoy es presidida por el congresista César Segura (Fuerza Popular). Esta se sumaría al resto de denuncias que aún no han sido agendadas por este grupo de trabajo.

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