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Los mensajes que deja Tía María, por Erick Sablich

Lo visto se asemeja mucho a la conducta oportunista del más ‘tradicional’ de los políticos

Tía María

Es claro que la responsabilidad recae exclusivamente en el Ejecutivo y no hay enemigo real o imaginario al que este pueda intentar trasladar culpas..(Foto: Presidencia)

El Comercio

El presidente Vizcarra ha vuelto a la consabida estrategia de la confrontación política para intentar responder a los audios que lo muestran coordinando con autoridades locales de Arequipa el mejor camino para suspender la licencia de construcción de Tía María (el “argumento”). Desde sugerir que quienes respaldan el proyecto minero quieren ejecutarlo a punta de “sangre y fuego”, aludir a la salita del SIN o señalar que todo esto tiene como propósito distraernos de su propuesta de adelanto de elecciones, el mandatario parece creer que la mejor defensa es el ataque.

En esta oportunidad, sin embargo, es claro que la responsabilidad recae exclusivamente en el Ejecutivo y no hay enemigo real o imaginario al que este pueda intentar trasladar culpas. Se podrá criticar desde un punto de vista ético la filtración de las conversaciones, sin duda alguna, pero ello es adjetivo ante la gravedad de lo que la grabación revela.

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Las implicancias de lo que hemos conocido, en efecto, van más allá de las habituales pugnas o escándalos de medio pelo a los que estamos acostumbrados. En primer lugar, porque estos hechos suponen un duro golpe a la credibilidad del jefe del Estado, tan preocupado en transmitir que su forma de hacer política es distinta a la del resto y que la honestidad y transparencia son las banderas de su gobierno.

Algo difícil de sustentar cuando el discurso privado aparece tan distanciado del público. Lo visto, más bien, se asemeja mucho a la conducta oportunista del más ‘tradicional’ de los políticos. En segundo lugar, como comentó ayer el abogado Andrés Calderón en este Diario, porque todo indica que un tribunal administrativo supuestamente autónomo y técnico actúa conforme a los mandados del presidente de la República y, para empeorar las cosas, con prescindencia de cualquier consideración jurídica en cuanto al fondo y forma de la controversia que debería dilucidar. Situación que se volvería incluso más grave si, como advirtió la directora periodística de “Perú 21”, Cecilia Valenzuela, se confirmara que el pedido cautelar fue elaborado en el Minem.

En cuanto a señales a la inversión privada e impacto en la confianza empresarial, el mensaje implícito es que ya no se trata solo de tener que lidiar con un Gobierno Central desinteresado o incapaz en invertir capital político para desmitificar cuestionamientos a un proyecto relevante para el crecimiento económico, sino de resistir a uno que trabaja activamente para petardearlo.

Quizá lo más preocupante, no obstante, sea el comportamiento de instituciones que solían representar frenos a los instintos populistas de nuestros presidentes como el MEF, la PCM e incluso el Minem, que –se supone– respaldaban la ejecución del proyecto. Sea porque han sido incapaces de establecer peso político propio respecto de Palacio, por una errada concepción de lealtad hacia el mandatario o un sentido distorsionado de sus responsabilidades como servidores públicos, la conducta de los titulares de estos despachos en medio de esta coyuntura es difícilmente justificable. Y más lamentables aún las actuaciones públicas tratando de defender lo indefendible.

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