La primera ministra participó  hoy en el Sexto Gore Ejecutivo en Lima. [Foto archivo Prensa PCM]
La primera ministra participó hoy en el Sexto Gore Ejecutivo en Lima. [Foto archivo Prensa PCM]
Redacción EC

La jefa del Gabinete Ministerial, , cuestionó hoy el proyecto presentado por el legislador aprista Mauricio Mulder, el mismo que busca modificar el Reglamento del Congreso de la República con el fin de definir que en la “crisis total del Gabinete” ningún ministro saliente pueda volver al Consejo de Ministros.

Mercedes Aráoz señaló esta mañana que la Constitución "es expresa" en cuanto a la caída del gabinete. "El que sale es el presidente del Consejo de Ministros, es más yo he sido ministra en el gobierno del Apra y hubo cambios de gabinete, que fueron difíciles y no implicaron que cambiaran todos los funcionarios. Tendríamos que cambiar la Carta Magna, no una resolución legislativa", indicó Aráoz.

En otro momento Mercedes Aráoz lamentó que la bancada fujimorista se niegue a sostener una reunión previa a un nuevo pedido de facultades legislativas de su parte.

"Cada grupo tiene su estilo, yo he tenido la mayor recepción de la mayoría de las bancadas, la práctica han sido llamadas telefónicas. No creo que tengamos que volvernos burócratas y estarlo haciendo con cartitas y papelitos, la nuestra es una idea de conversación fluida y frecuente", reafirmó.

Según Aráoz, el vocero de Fuerza Popular Daniel Salaverry le había manifestado su disposición al diálogo, por lo que no sabía qué ha pasado.

"Decidieron no hacer la reunión pero nunca me dijeron que mandara una carta, el vocero en todo momento me ha señalado 'conversemos'", subrayó.

Mercedes Aráoz evitó opinar sobre la denuncia constitucional presentada por Salaverry contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez porque dijo no estar enterada del tema.

Sí cuestionó que se pretenda acusar constitucionalmente al ministro del Interior Carlos Basombrío "por hacer su trabajo".

Esto en alusión a la decisión que tomó la Comisión Permanente del Congreso de someterlo a una investigación que podría derivar en una acusación constitucional en su contra por el pase a retiro de unos 39 generales en el 2016.

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