Miguel Angel Rivera: “Los jueces no buscamos un aumento de sueldo, sino que se cumpla lo que dice la ley”

Una escena se ha repetido esta semana en las distintas cortes del país: jueces superiores, especializados y de paz letrado reunidos ante cámaras firmando un pronunciamiento en el que exigen al Poder Ejecutivo que cumpla con la Ley 30125 y, en consecuencia, nivele sus remuneraciones. Y así dar por terminada, como dicen, a una “persistente y flagrante” violación a sus derechos laborales.

La protesta llegó a tal punto que, el último viernes, una comitiva encabezada por el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se reunió con la ministra de Economía, María Antonieta Alva, para intentar dar solución al reclamo. El presidente de la Corte Superior de Lima, Miguel Angel Rivera, estuvo en aquella cita y conversó con El Comercio sobre la demanda de sus colegas.

—¿Por qué dicen que el Ejecutivo no cumple la Ley 30125?

Esa ley, que nació de un proyecto del propio Poder Ejecutivo en el 2013, modificó un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la remuneración de los jueces. Estas remuneraciones están fijadas en una escala porcentual que toma como referencia lo que perciben los jueces supremos. De tal manera que, dependiendo del nivel jerárquico, un juez superior recibe el 80% de lo que gana un juez supremo, un juez especializado el 62% y un juez de paz letrado el 40%. Eso dice la Ley 30125. Eso es lo que precisamente no se viene cumpliendo.

—¿Cómo se originó la controversia?

Antes de la Ley 30125, los jueces superiores, especializados y de paz letrado ganábamos el 90, 80 y 70% respectivamente al sueldo de un juez supremo. Pero eso en la realidad no sucedía. Entonces, en el 2013 se generó todo un movimiento de magistrados para lograr que se haga efectivo lo que decía la ley. Incluso se plantearon procesos ante el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, el Poder Ejecutivo, para sustraerse no solo de la ley, sino de la sentencia del TC, gestionó un proyecto de ley en tiempo récord que terminó siendo la Ley 30125. Esa ley programó el cumplimiento de las remuneraciones en tres tramos que empezó en 2013, siguió en el 2014 y terminó en el 2015. Entonces, a partir del 2015 los jueces veníamos percibiendo los nuevos porcentajes sin inconvenientes. Pero en el presupuesto del 2018 se incrementaron los haberes de los jueces supremos homologándolos a los de los magistrados del TC. Sin embargo, olvidaron que al mover el sueldo bruto de los jueces supremos se estaba moviendo también la referencia en los sueldos de los magistrados de otros niveles. Es ahí, entonces, que se genera el problema.

¿Y por qué recién hacen el reclamo?

Esta es una demanda que venimos exigiendo, pues desde hace dos años no percibimos los haberes en los porcentajes que la Ley 30125 establece. En septiembre de este año se entregó un pedido formal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según acordó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para que se dé cumplimiento a la ley. Pasaron más de tres meses y, al no existir alguna respuesta, empezamos con esta movilización generalizada.

¿Esto podría derivar en algún tipo de huelga?

Los magistrados somos muy conscientes del estatuto legal que nos rige el cual nos prohíbe hacer huelga y, por supuesto, somos los primeros interesados en plasmar nuestros reclamos dentro del marco legal. Por eso es que en principio hemos canalizado formalmente nuestro pedido. El presidente del Poder Judicial gestionó hoy [el viernes pasado] una entrevista con la ministra de Economía. Acudió a la reunión quien habla. Se trató de una cita amplia, casi dos horas, que yo estimo positiva, franca y transparente. Hemos podido percibir que existe una voluntad política para abordar el problema de las remuneraciones. Además, hemos acordado una próxima reunión de trabajo para el otro jueves a las 8:30 de la mañana.

¿Qué otros puntos se abordaron?

El ministerio ha entendido que el problema va más allá de la sola nivelación de los sueldos y que habría que revisar la estructura de los conceptos remunerativos. ¿Por qué? Porque los jueces, de conformidad con la Ley 30125, percibimos nuestros haberes en tres conceptos: la remuneración propiamente dicha, un bono jurisdiccional y los gastos operativos. El primero representa el 25% del total de la remuneración, así como el segundo concepto. Mientras que el tercero representa el 50%. Sucede entonces que nuestra remuneración en realidad es el 25%. Es decir, todas nuestras aportaciones sociales, CTS, etc., solamente están en función a ese 25%. Lo que significa que lo que nosotros recibimos como remuneración es la cuarta parte del sueldo

¿Cuánto gana actualmente un juez?

Nuestras remuneraciones se basan en lo que recibe un juez con menos de 5 años de trabajo en la Corte Suprema. Él recibe 34.917 soles. De manera que un presidente de corte recibe un aproximado de 20 mil soles. Un juez superior, 18 mil soles. El especializado, 14 mil soles y un juez de paz letrado, 9 mil y pico. Pero se tiene que tener en cuenta que esos sueldos no están acorde a lo que dice la Ley 30125. Además, los montos deben dividirse en los tres conceptos antes explicados.

¿Considera que esto es un maltrato?

Yo pienso que ha sido un maltrato histórico que nosotros pensábamos que había sido superado en el 2015. Pero luego, esta situación ha sido otra vez modificada en perjuicio del derecho de los jueces y, por supuesto, al tratarse de derechos laborales estamos procurando restablecer la situación. Nosotros no estamos buscando un aumento, sino que se cumpla la ley. Lo que pedimos que la ley que está desde el 2013 se cumpla en su totalidad.

¿A qué se refiere cuando habla de maltrato histórico?

Porque esta situación no es más que una nueva edición que desde hace más de 25 años se viene dando: desde que la norma original decía que los porcentajes debían ser 90, 80 y 70% nunca se cumplió pese a los reclamos y demandas. Y la propia Ley 30125 es producto de, diríamos, una maniobra del Poder Ejecutivo para sustraerse al cumplimiento de una sentencia constitucional. En ese sentido, nosotros consideramos que fuimos objeto de un maltrato de la instancia política.