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Miguel Atala afirma que entregó US$1'312.000 a Alan García

El ex vicepresidente de Petro-Perú confirma que Odebrecht depositó el monto en una 'offshore' que se le abrió en Andorra, a pedido de Luis Nava, durante el segundo gobierno del Apra

Miguel Atala

El ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala se acogió a la confesión sincera en la investigación por el Caso Odebrecht. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

Manuel Melgar

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dictó anoche 36 meses de prisión preventiva para Luis Nava Guibert, secretario de Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García, por la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por el Caso Odebrecht.

En el caso de Miguel Atala, vicepresidente de Petro-Perú en el segundo gobierno aprista, el magistrado determinó que cumpla arresto domiciliario.

La decisión del juez Sánchez sobre estos casos fue el colofón de una audiencia en la que hubo más de una revelación.

—La declaración—
“[Alan García] me manifestó que el dinero que tenía yo en la cuenta de la sociedad Ammarin Investment INC. era dinero suyo y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva. Empecé a llevarle el dinero al ex presidente Alan García Pérez. La primera vez en un monto aproximado de US$20.000 a US$30.000”.

Esa revelación es parte de la declaración que Miguel Atala hizo tras acogerse a la confesión sincera ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez –el 26 y 29 de abril–, por la investigación de los sobornos de Odebrecht por los proyectos de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) y la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) en el segundo gobierno del Apra.

Miguel Atala

El Comercio

Pero según la declaración de Atala, leída ayer por el fiscal Pérez para sustentar los pedidos de prisión preventiva por el caso, la historia comenzó mucho antes.

Atala narró que, en el último trimestre del 2007, Luis Nava, entonces secretario general de la Presidencia, le pidió que sea apoderado de una ‘offshore’ y su respectiva cuenta bancaria. Tras ello, dijo que el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata lo visitó en su vivienda de San Isidro, donde le explicó que la cuenta sería abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Esta cuenta se abrió a través de Francesc Xavier Pérez, representante de la BPA. La ‘offshore’ Ammarin Investment tuvo como apoderados a Miguel Atala y a su hijo Samir Atala Nemi.

De acuerdo con documentos de la Banca Privada de Andorra en poder de la fiscalía, Odebrecht, a través de la ‘offshore’ Klienfeld Services, depositó US$1’312.000 en la cuenta de Ammarin Investment en la BPA entre noviembre del 2007 y febrero del 2008.

El ex vicepresidente de Petro-Perú también aseveró que en setiembre del 2008, durante una reunión en Brasil de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), Nava le aseguró que el dinero que la constructora le había depositado en la BPA “era del presidente Alan García Pérez”. Agregó que recién en ese momento se enteró a quien pertenecía el dinero.

Miguel Atala

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En su confesión, a la que El Comercio tuvo acceso, Atala contó que García lo llamó en el segundo semestre del 2010 y le pidió que fuera a Palacio de Gobierno, donde le confirmó que el dinero que había recibido en la cuenta de la BPA era de su propiedad.

El dinero, de acuerdo con Atala, se lo entregó de manera progresiva a García entre el 2010 y el 2018, hasta completar US$1’312.000 que Odebrecht le transfirió.

En su confesión, Atala manifestó que teme por su vida y la de su familia, ya que existe un grupo radical dentro del Apra conocido como “fuerza de choque”, que podría atentar contra su vida.

Por lo confesado y el peligro que correría, el fiscal Pérez retiró el pedido de prisión preventiva para el ex funcionario y solicitó al juez su detención domiciliaria por 36 meses (en la audiencia de anoche no se especificó el tiempo del arresto para Atala).

Para reforzar dicha versión, el fiscal Pérez mencionó la declaración de Barata sobre el soborno para Luis Nava.

Según Barata, Odebrecht “sobrepasó” el monto pactado con Nava como soborno –de US$3 millones–, que finalmente fue de US$4’084.184. De esa suma, hubo operaciones y entregas de dinero entre el 2006 y 2008, según documentos de Odebrecht en los que se registraron los seudónimos ‘Chalán’ (asignado a Luis Nava), ‘Bandido’ (José Antonio Nava Mendiola) y Apra.

La segunda forma de transferencia fue a través de Ammarin Investment, por US$1’312.000.

Finalmente, mencionó el fiscal, Barata indicó que consideraba que Alan García sabía de los pagos ilícitos porque Luis Nava, como secretario general de la Presidencia, no tenía facultad para disponer lo que Odebrecht pedía y para convocar a los ministros.

Luis Nava

Luis Nava Guibert fue trasladado a una clínica. (Foto: Francisco Neyra)

—Otras confesiones—
Además de la confesión de Atala y Barata, la fiscalía incluyó la declaración de José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava, quien señaló que su padre recibió dinero del ex jefe de Odebrecht en el Perú.

En su declaración, brindada el 26 de abril en el Consulado General del Perú en Miami (Estados Unidos), afirmó que a fines del 2006 y 2008 Barata tuvo varias reuniones con su padre y en estas le entregaba dinero.

“Otras veces [Barata] me pedía que yo le llevara unas mochilas en diferentes oportunidades, que nunca abrí, pero sé que había dinero”, declaró Nava Mendiola.

Samir Atala Nemi, hijo de Miguel Atala, también se acogió a la confesión sincera.

Para Nava Mendiola y Atala Nemi, la fiscalía también varió el pedido de prisión preventiva por 36 meses por comparecencia restringida con impedimento de salida del país. Ante ello, el juez Sánchez dispuso el cese de la orden de captura para el primero y la libertad para el segundo.

Durante la audiencia, el fiscal también presentó parte de la declaración de un nuevo aspirante a colaborador eficaz, quien declaró que se le pidió estar atento a los procesos de licitación a favor de Odebrecht y que si esta ganaba la obra “me darían 200 mil dólares”.

Este delator, sostuvo el fiscal Pérez, también dijo que, luego de que Odebrecht fuera favorecida, en diversas oportunidades desde la constructora le entregaron US$100.000 para que a su vez se los diera a Luis Nava por la protección política que proporcionaba.

“Se trata de una organización criminal enquistada en el gobierno, entre el 2006 al 2011, que estaba liderada por quien fue el presidente Alan García Pérez, a través del cual Odebrecht compró voluntades políticas”, dijo Pérez.

Pérez consideró que también existía peligro de fuga y de obstaculización a la investigación por parte de Luis Nava. Además, que tiene domicilios múltiples y que tiene facilidad para salir del país. Por ello, solicitó que se le imponga la prisión preventiva para Nava.

Cynthia Yanelli, abogada de Nava, afirmó que las declaraciones de Miguel Atala y José Antonio Nava Mendiola difieren de la confesión de Barata. Sostuvo que su supuesta confesión es propia del contexto de una detención preliminar y de un pedido de prisión preventiva.

“No coinciden con las declaraciones del señor Jorge Barata. No coincide ni en la forma en que se supone que se hace contacto, ni el lugar ni en la forma en que se habría pactado la coima. Si no tienen la mínima coincidencia, no existe la corroboración objetiva”, alegó.

—Audiencia continúa hoy—
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena continuará hoy, a partir de las 3 p.m., con la audiencia sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva que la fiscalía formuló para los investigados por el caso del metro de Lima.

En la audiencia de hoy debe resolverse la situación de Enrique Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García.

El magistrado también deberá decidir sobre los pedidos para Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico; Jorge Luis Menacho Pérez, ex miembro del Comité de Licitación del tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima, y de Raúl Torres Trujillo, ex director de Provías Nacional.

Los ex funcionarios son investigados por la fiscalía por los delitos de colusión y lavado de activos como presuntos integrantes de una organización criminal.

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