Militantes de partidos no podrán trabajar en la contraloría

El pleno del Congreso aprobó un dictamen con una serie de propuestas para fortalecer a la Contraloria General de la República, entre los que destacan hacer públicos los informes de control e impedir que militantes de partidos políticos ingresen a laborar en dicha institución.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Fiscalización a raíz de un proyecto de ley presentado por la misma contraloría, fue aprobado con 102 votos a favor.

La norma establece un plazo de 120 días hábiles para la adecuación de la estructura orgánica de la Contraloría General de la República. Esta reorganización contempla que los informes de control sean públicos en su integridad (colgados en el portal de la contraloría) tan pronto estos sean notificados.

En la actualidad, pese a que no hay norma que expresamente les otorgue la condición de reservados, no se publican los detalles de los funcionarios involucrados en hechos de corrupción. En el debate se advirtió que esto ocasionaba que estos funcionarios se reciclen de provincia en provincia, o de entidad en entidad.

Otro tema que contempla esta ley es que se establece requisitos para ingresar a trabajar al sistema nacional de control (contraloría, OCIs y Sociedades Auditoras). Los requisitos van desde tener título profesional (profesionalización de la carrera auditora), hasta no formar parte de ningún registro de partidos o movimientos políticos (independencia).

En línea de este último punto, tampoco podrá ingresar a trabajar en la contraloría quien haya participado en una elección popular en los últimos cuatro años.

─OCIs independientes─
La norma aprobada también establece la transferencia de las Oficinas de Control Interno (OCI). Esto debido a que se consideró un “absurdo” que estas sean pagadas por las entidades que son sujetas a control.

Asimismo, se cambiará la conformación del Tribunal de Responsabilidades Administrativas. A la fecha, está conformado por dos salas de cinco vocales -cada uno con una dieta por sesión de 2 mil soles, y que sesionan 12 o 13 veces al mes- y las cuales no tienen restricción alguna para litigar o seguir trabajando en sus estudios de abogados.

La modificación señala que las salas estén conformadas por 3 miembros y que el trabajo sea como el del tribunal del OSCE: a dedicación exclusiva y tiempo completo.

Por ultimo, la ley establece que la contraloría reglamente las infracciones y sanciones administrativas y no el Poder Ejecutivo como lo es hoy. Con esto se busca que la propia institución regule sus propias infracciones y sanciones, como sucede con otros organismos constitucionalmente autónomos como la Superintencia de Banca y Seguros (SBS).

MÁS EN POLÍTICA: