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Militares insurgentes piden que su caso sea visto en la Corte IDH

Los oficiales que intentaron ejercer derecho de insurgencia hace 25 años esperan que tribunal de San José recoja su causa y ordene al Estado Peruano que reconozca sus derechos

El grupo de militares que se alzaron contra el autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992 e intentaron ejercer el derecho de insurgencia, un día como hoy hace 25 años, aún siguen litigando para que el Estado reconozca sus derechos y repare los daños que se les habría causados por, entre otras cosas, haber estado encarcelados tres años de manera injusta y algunos de ellos torturados. Por ello piden que su caso sea visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Corte IDH), pues hasta la fecha no encuentran justicia.

La exigencia de los oficiales, encabezados por el general en retiro Jaime Salinas Sedó, parte a raíz que su causa fue “cerrada” de manera irregular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2015. Ellos rechazan que la CIDH sostenga que se concluyó “satisfactoriamente” el caso cuando el Estado, consideran, no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. Por tal razón, señalan que la Corte de San José es la instancia llamada a resolver la controversia.

En un oficio enviado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 5 de octubre, el general Salinas informa que el Estado no ha investigado ni sancionado a los responsables detrás de la captura de los militares que, junto a él, se levantaron contra el régimen de Fujimori. Y sostienen, además, que no se han reparado los daños provocados a las víctimas, generando un clima de impunidad.

Salinas Sedó le pide a Almagro que se inicie una investigación interna contra Emilio Álvarez Icaza, entonces secretario ejecutivo de la CIDH, debido a que durante su gestión se archivó el caso de los militares del 13 de noviembre sin que exista registro, según refiere, de que haya sido debatido durante su periodo de sesiones y no forma parte de su informe anual del 2015.

“Tampoco hay constancia oficial de haberse informado al Estado peruano sobre tal decisión”, se reafirma Salinas Sedó en su escrito, del que, según pudo conocer este Diario, aún no tiene respuesta.

-Aniversario 25-
El levantamiento del 13 de noviembre es inédito en América Latina. Por vez primera un grupo de militares intentaron derrocar un régimen que consideraban usurpador por haber disuelto, en abril de 1992, instituciones como el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la fiscalía.

Ellos se ampararon en el artículo 82 de la Constitución de 1979, vigente en ese entonces, que reconocía el derecho a la insurgencia. Junto también a un grupo de políticos, planificaron capturar a Fujimori y al otrora jefe del Ejército Nicolás Hermoza Ríos y “neutralizar” a Vladimiro Montesinos. El plan era entregarle la banda presidencial al hoy consejero presidencial Máximo San Román.

Sin embargo, la noche del 12 de noviembre uno de sus miembros los traicionó y fueron capturados por militares bajo la orden de Montesinos. Algunos de ellos fueron torturadores. Un tribunal militar los condenó meses después entre seis y ocho años de cárcel por rebelión e intento de asesinato.

Ellos fueron liberados como consecuencia de la Ley de Amnistía de 1995 del régimen de Fujimori, que, entre otros, benefició a los integrantes del llamado Grupo Colina.

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