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Ministerio Público también incautó propiedad de Rocío Calderón

La amiga de Nadine Heredia está comprendida en la investigación por presunto lavado de activos en contra de ex primera dama

Un equipo del Ministerio Público, dirigido por el fiscal Germán Juárez Atoche, también incautó una propiedad que está a nombre de Rocío Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia. Esta diligencia se realizó a paralelo a la intervención de la casa del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama en Surco.

El inmueble de Calderón está ubicado en el jirón Velero 595, urbanización Club Campestre Las Lagunas de La Molina.

Esta casa fue adquirida por la ex asesora legal de la Secretaría de la Presidencia por un monto de aproximadamente S/630.000. Aunque en el sistema bancario solamente se registró un pago de S/279.000. La amiga de Heredia Alarcón no ha podido sustentar cómo canceló la totalidad del inmueble.

Calderón Vinatea está comprendida en la investigación por presunto lavado de activos que se les sigue al ex presidente Humala y a su esposa por los aportes que habría recibido el Partido Nacionalista del gobierno de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht para las campañas electorales del 2006 y 2011.

Desde enero del 2017, la ex funcionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene un mandato de comparecencia con restricciones. Es decir, no puede ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin previa autorización de un juez.

Fuentes de El Comercio indicaron que además de las propiedades de Humala y Calderón, la fiscalía también incauta otras tres viviendas. Las direcciones son: Av. Loma Hermosa 328-332 (Surco); Los Zafiros 276, dpto. 105, La Victoria; y el lote 3 de la parcela C 26, predio Las Salinas, en Lurín.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público precisó que la incautación de estos inmuebles "implica su desposesión" y la entrega de estos al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), que depende del Ministerio de Justicia.

También detalló que la autorización judicial, además, ordena la incautación de cuentas bancarias. 

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