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Cambios en las reformas

Para el (Minjus), la situación es clara: de los siete proyectos de reforma del sistema de administración de justicia, planteados en agosto pasado por el Ejecutivo, al menos tres de ellos han sido “desnaturalizados” en el .

Se trata del proyecto de ley para incentivar “la probidad en el ejercicio de la abogacía”, así como los que crean la “autoridad de integridad y control” en el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP). Todos ellos fueron propuestos con carácter de urgencia en medio de la crisis desatada por los audios del CNM.



El viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, dijo a El Comercio que existe “una preocupación” en ese sector, puesto que los dictámenes aprobados “no recogen el aspecto central” de lo propuesto, por lo que se han enviado algunas observaciones al Legislativo.

Es la Comisión de Justicia, que preside Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), la que principalmente ya ha aprobado textos sustitutorios sobre estos proyectos. Aún falta que se pronuncie el pleno del Parlamento.

En la primera norma, se critica que el centro de discusión ya no sean los abogados sino los profesionales en general; así como que se quite la obligación de incrementar el fomento de la ética en el ejercicio de la función tanto en las escuelas de Derecho como en la Academia de la Magistratura.

También se eliminó la obligación de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúe cómo el postulante a juez o fiscal “se ha desempeñado cautelando la ética profesional” .

El constitucionalista Luciano López destacó la importancia de una verdadera enseñanza “transversal” de la ética y el buen ejercicio de la profesión en las universidades. Para el presidente ejecutivo de Reflexión Democrática, José Élice, esta “es una necesidad urgente” y no es sino una respuesta a la mala praxis de algunos malos elementos.

El constitucionalista Víctor García Toma reconoció ciertas falencias, pero hizo hincapié en que la norma “no puede predeterminar los contenidos de cada universidad”. “Eso sería atentar contra la autonomía”, dijo.

Respecto a las iniciativas de la autoridad de integridad y control en fiscalía y Poder Judicial, en la comisión se optó por juntar ambas y crear la “superintendencia nacional de integridad y control del sistema de justicia”.

Sobre esto, se cuestiona en el Minjus que se intente crear un organismo con autonomía al interior de otro ente autónomo, como es el caso de la JNJ. Esto, indican, es un imposible jurídico.

Los tres especialistas consultados, aunque con distintos matices, coinciden con ello. López, por ejemplo, consideró además que el proyecto del Ejecutivo carece de “visión sistémica” y que se necesitaría tener un verdadero ente independiente –vía reforma constitucional– a fin de fiscalizar mejor la judicatura.

Élice manifestó que con el dictamen aprobado en la comisión se estaría “afectando la autonomía de un órgano constitucional” como la JNJ. García Toma se inclinó más por la propuesta de la autoridad de integridad y control.

En diálogo con este Diario, Alberto Oliva respaldó los dictámenes aprobados y aseveró que los cambios han sido producto de un “profundo debate y el consenso” entre todos los miembros del grupo de trabajo.

“Yo no soy el que aprueba, lo aprueban todos los integrantes de la comisión”, acotó.

Criticó que el Minjus no se haya pronunciado antes y recordó que todavía falta que lo aprobado sea sometido a consideración de los 130 parlamentarios.

La Comisión de Constitución debatirá mañana su predictamen sobre los proyectos que crean la autoridad de integridad y control.