El ex representante de Odebrecht Jorge Barata sufre un revés en su defensa y el Poder Judicial rechazó el pedido de prescripción del delito de tráfico de influencias. (Foto: El Comercio)
El ex representante de Odebrecht Jorge Barata sufre un revés en su defensa y el Poder Judicial rechazó el pedido de prescripción del delito de tráfico de influencias. (Foto: El Comercio)
Cecilia Valenzuela

Las puertas para que se acoja a la colaboración eficaz están abiertas. Barata estaba comprendido en el caso de los negociados para hacer la carretera Interoceánica Sur. Por eso no quería hablar, sus declaraciones no le otorgarían ningún beneficio. Hoy su situación es distinta. Ayer el juez Richard Concepción acogió la solicitud del fiscal Hamilton Castro, a cargo del Caso , y lo excluyó de esa investigación. Sin ese peso encima, Barata se dispone a delatar a todos los que corrompió. Si no lo hace efectivamente, la justicia peruana lo perseguirá y eso no le conviene. La decisión judicial, saludable a todas luces para quienes luchan contra la corrupción en el Perú, fue rechazada inmediatamente por el vicepresidente de la Comisión Lava Jato, el congresista del Frente Amplio Jorge Castro, y apelada; es decir, cuestionada, por la procuraduría.

La mayoría de los partidos políticos que habitan hoy el Congreso están involucrados en el Caso Lava Jato. Según han declarado los dueños de Odebrecht y de OAS, sus líderes habrían recibido dinero sucio para sus campañas electorales, y una cabal confesión de Barata permitiría precisar los montos que se manejaron y, sobre todo, los nombres de quienes actuaron como intermediarios. Pero la posición de la procuraduría es inaceptable. En teoría, los procuradores son defensores del Estado y nada le conviene más al Estado Peruano que detectar a los corruptos que lo descomponen. Al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, le toca explicarles a sus procuradores el orden de las prioridades.

Pero otra vez, algo se pudre en el Perú.

Barata va a contar la parte de la novela que a él le conviene”, declaró exaltado el vicepresidente de la Comisión Lava Jato, apenas se enteró de la decisión del juez Concepción. Por qué un fiscalizador le llamaría “novela” al escándalo de corrupción más bochornoso de los últimos años. ¿Acaso se está cocinando un acuerdo para inmortalizar aquello de que otorongo no come otorongo? ¿Mal de muchos, exoneración de todos?

Hace unos días escuché a la presidenta de esa misma comisión, Rosa Bartra, decir que ellos deben tener acceso a toda la información que obtenga la fiscalía en este caso. La congresista quiere que el fiscal Castro le dé al gato las llaves de la despensa. Los partidos políticos a los que los integrantes de esa comisión representan están cuestionados, son parte de Lava Jato, nada garantiza su reserva.

Quizá en medio de la guerrita en la que viven enfrascados, ninguno de los políticos se da cuenta del deterioro al que están conduciendo a nuestra sociedad. Las confesiones de quienes volvieron cómplices a sus líderes nos han permitido verlos desnudos de honradez y honestidad, buscando el poder sin escrúpulos, envilecidos, mintiendo para tapar su ambición. Por respeto a sus electores, todos los integrantes de la Comisión Lava Jato deberían renunciar. El pleno del Congreso debería acordar la clausura de esa comisión. Su constante e intemperante intervención distorsiona las investigaciones y confunde a la opinión pública. Lo que está en juego no es poca cosa, es la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Sin confianza no hay democracia.

Los escombros que deje el Caso Lava Jato los deben recoger y ordenar únicamente el Ministerio Público y el Poder Judicial.

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