(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Diego Chirinos

En el último interrogatorio que le realizó la fiscalía peruana en Curitiba (Brasil), Marcelo disparó en distintas direcciones al hablar de los presuntos vínculos de su constructora con la clase política peruana. Frases sobre aportes a campañas presidenciales y relaciones laborales aludieron al presidente Pedro Pablo Kuczynski, a Keiko Fujimori o a Alan García.

Tras el destape de la Unidad de Investigación de El Comercio sobre el interrogatorio a Odebrecht, distintas interpretaciones en torno al impacto legal de sus dichos empezaron a tejerse desde diferentes tiendas políticas. Interpretaciones que esconden ciertas inexactitudes detalladas a continuación.

1. ¿Odebrecht compromete la situación legal de PPK, Fujimori o García?
En la última semana, miembros de la oposición hablaron de una “situación comprometedora” del jefe del Estado ante lo dicho por Odebrecht.

Las afirmaciones del empresario brasileño, sin embargo, no bastan para modificar la situación legal de Kuczynski. Tampoco la de la lideresa de Fuerza Popular o la del ex presidente García.

“La simple versión de Odebrecht no tiene impacto legal alguno. Recién lo tendrían las pruebas que corroboren los dichos”, advierte el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.

A diferencia del caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, aún no se cuenta con evidencia independiente que ratifique lo señalado por Odebrecht sobre PPK, por ejemplo.

2. ¿La ratificación de Jorge Barata sí sería suficiente?
Si bien una eventual confirmación de los dichos del ex representante de Odebrecht en el Perú permitiría a la fiscalía empezar a armar los casos, tampoco resultaría suficiente.

“No lo sería en el caso de Kuczynski, Fujimori o García. Un delator nunca puede ser tan importante como para que la fiscalía dependa exclusivamente de sus dichos. Estos deben estar corroborados con detalles, fechas, transferencias”, remarca el abogado penalista César Azabache.

Por ejemplo, en el caso de los procesados Humala y Heredia, el Ministerio Público recopiló información relacionada a cuentas bancarias en Suiza que estarían vinculadas a ellos, lo que se sumó al contenido hallado en las agendas de la ex primera dama, el celular de Odebrecht y otros elementos probatorios.

3. ¿El recibir dinero de Odebrecht constituye inevitablemente lavado de activos?
Odebrecht ratificó que su constructora financió campañas presidenciales en el Perú. Aunque con diferentes grados de certeza, habló de las de Kuczynski, Fujimori y del Apra.

A pesar de ello, no toda recepción de dinero procedente de la constructora brasileña configura un delito de lavado de activos.

“Este no se produce solo por la procedencia del dinero, así provenga de la caja 2. Aquí entra a tallar la cantidad recibida y el instrumento utilizado para ello. No es lo mismo recibir altas sumas en efectivo y en privado que hacerlo a través del sistema financiero y declararlos”, enfatiza Azabache.

Las fuentes consultadas, además, coinciden en que, en cuanto a los aportes de campaña, la línea es incluso más difusa, ya que en el Perú no existe la figura del financiamiento ilegal de campañas.

4. ¿Si PPK mintió a la Comisión Lava Jato, incurrió en un delito?
Las declaraciones del empresario brasileño sobre una supuesta asesoría del actual presidente a su constructora también sembraron dudas respecto a las versiones previas de Kuczynski, particularmente en torno a si mintió o no ante la Comisión Lava Jato al señalar que no sostuvo relación laboral alguna con Odebrecht.

“Pero incluso de comprobarse que la tuvo, no puede configurar un delito, ya que la investigación de una comisión congresal no califica como procedimiento administrativo o como equivalente a un juicio”, señala el ex procurador anticorrupción Joel Segura.

En ese sentido, los artículos 411 y 409 del Código Penal solo establecen penas para la falsa declaración en un proceso administrativo o judicial.

“Sería un hecho recriminable, pero no un delito. Para ello habría que ampliar el alcance del perjurio a falsas declaraciones ante una comisión congresal”, concluye Vargas Valdivia.

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