Montos “irrisorios” y los viajes de Boluarte: Los argumentos del juez que rechazó impedimento de salida del país para expresidenta

Con este y otros argumentos, el juez de investigación preparatoria Lolo Fernando Valdez Pimentel consideró que no había elementos suficientes para acreditar que la vacada expresidenta Dina Boluarte, haya incurrido en el presunto delito de lavado de activos en organización criminal y que vaya a fugar del país.

Por ello, declaró improcedente el requerimiento de impedimento de salida del país que solicitó la Fiscalía para casos de Lavado de Activos en contra de Boluarte Zegarra, en el marco de la investigación que se le sigue por presuntamente haber lavado activos de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro” para pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón.

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En una sesión realizada la mañana del miércoles, a la que Boluarte Zegarra no asistió, el magistrado concluyó que no se habían acreditado los elementos necesarios para sujetar a la investigada exmandataria bajo una medida restringida que le impida abandonar el país por 36 meses. La fiscalía apeló la decisión.

Sin embargo, este jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará un segundo requerimiento de impedimento de salida del país por 18 meses para Boluarte Zegarra. Esta vez es la Fiscalía de la Nación la que presentó el pedido en el marco de una investigación derivada del Caso cirugías estéticas y que implica la asignación de puestos de trabajo en EsSalud.

Durante la audiencia pública, el fiscal de Lavado de Activos, Ángel Astocóndor Villalobos, sustentó su requerimiento señalando que a finales del 2020, Boluarte Zegarra y su coinvestigado Braulio Grajeda habían abierto una cuenta mancomunada en la que habrían recibido S/15.800, dinero presuntamente ilícito proveniente de diversas fuentes entre ellas presuntos aportes fantasmas o pago de cupos a la organización criminal Los Dinámicos del Centro.

Es decir que, los activos ilícitos obtenidos por la presunta red criminal por la comisión de diversos delitos de corrupción, habrían sido destinados a la cuenta bancaria a nombre de Boluarte y Grajeda. Posteriormente, el dinero fue transferido a la cuenta bancaria del presunto cabecilla de la organización criminal enquistada en el partido Político Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, para que este pague su reparación civil producto de una condena que se le había impuesto.

Fueron 105 depósitos entregados a la cuenta mancomunada entre noviembre y diciembre de 2020, que de acuerdo a la fiscalía se trataba de un “pitufeo” del dinero.

“En la organización criminal, Dina Boluarte es una (presunta) integrante más puesto que en el presente caso son 34 investigados, y esto se habrían dedicado a lavar dinero de otras organizaciones como Los Dinámicos del Centro y Los Tiranos del Centro.”

Ángel Astocóndor, fiscal para caso de Lavado de Activos

El fiscal Astocóndor también alegó que era necesaria la presencia de Boluarte Zegarra para realizar diligencias indispensables como un careo con su coinvestigado Braulio Grajeda programada para este mes y brindar su declaración en el mes de diciembre.

El representante del Ministerio Público señaló que Boluarte había sido citada a declarar para el martes 14 de octubre, pero pese a que acudió no quiso declarar y pidió reprogramar la diligencia.

Agregó que tenía facilidad de abandonar el país puesto que en su condición de presidenta tuvo diversos viajes y contactos diplomáticos y que el hijo de la vacada exmandataria se encuentra en Estados Unidos y podría facilitar su fuga a dicho país.

Finalmente, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había reportado que entre los años 2016 a 2022, Boluarte Zegarra había tenido un movimiento bancario de más de S/1 millón, por lo que tenía capacidad económica para salir del país y no contaba con arraigo laboral ya que fue vacada en el cargo presidencial.

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, rechazó las imputaciones fiscales y solicitó que se declare improcedente el pedido de impedimento de salida del país.

De acuerdo al abogado, no negaba que su patrocinada haya abierto una cuenta mancomunada, pero precisó que no se acreditó que esta tuvo como fin la recolección del dinero para pagar la caución (reparación civil) de Cerrón Rojas.

Agregó que ninguno de los aportantes de dinero han referido que su cliente los haya “forzado” a entregar sumas de dinero o que realicen un depósito, y que por el contrario fue voluntario.

Cuestionó que el único aspirante a colaborador eficaz (CE 4-2021) presentado por la fiscalía hasta la fecha no cuente con una sentencia de colaboración, siendo que la declaración brindada era del 2021.

Agregó que no existía ningún indicio de que Boluarte Zegarra haya tenido conocimiento del origen ilícito del dinero e incluso, agregó, hasta la fecha no se tiene el resultado de la pericia sobre un presunto desbalance patrimonial de su patrocinada que la fiscalía dispuso a inicios del 2023.

A ello, indicó que para la configuración del delito de lavado de activos, es necesario que existe una “mutación” del dinero teniendo en cuenta que el fin del delito es que no sea identificado; sin embargo, el dinero que se recibió en la cuenta fue entregado o transferido también en dinero a la cuenta de Cerrón Rojas.

Finalmente, sostuvo que no existía peligro de fuga de parte Boluarte ya que los viajes que realizó los hizo en condición de presidenta. Por lo demás, respecto a su citaciones fiscales programadas, aseguró que pidieron la reprogramación de su reciente citación debido a que la fiscalía aún está recabando información de aportantes y por tanto, han pedido declarar al final.

“No ha presentado prueba o dato de que mi cliente haya solicitado un asilo político; y desde el jueves hasta hoy no hay signo de fuga.”

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte

Tras analizar los argumentos, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria aseguró que la defensa de Boluarte Zegarra tenía razón en diversos argumentos. Entre ellos, que no existían elementos suficientes que vincularan a la investigada con los delitos y hechos atribuidos.

En esa línea, sus argumentos se decantaron porque en el caso no existía “sospecha simple reforzada” sobre la comisión del presunto delito de lavado de activos en este caso que puedan justificar restringir un derecho.

Así, explicó que los testigos han reconocido haber realizado aportes para una colecta a favor de Vladimir Cerrón -citó tres declaraciones- por lo que se trataba de dinero limpio.

“Es decir, todos refieren que el dinero fue de su sueldo, si fue de su sueldo es un dinero lícito, es decir que fue un dinero limpio. Si es dinero limpio no se puede ensuciar con una donación. Tampoco es delito que existan militantes que quieran contribuir con el pago de reparación de un tercero”, adujo.

Agregó que Boluarte “no se quedó con el dinero”; sino que lo entregó a Cerrón en la suma de S/15,800.

El magistrado también remarcó que los aportes, en estos casos, son de S/100, S/150, S/30 y los testigos refieren que eran parte de sus sueldos.

El juez tampoco dio por acreditada la existencia de una conexión con actividades ilícitas de “Los Dinámicos del Centro”, asegurando que ninguno de los testigos ha manifestado ello.

Si bien es cierto, dijo el juez Lolo Fernando Valdez Pimentel, existe un colaborador eficaz que señala que la existencia de coacciones para realizar el aporte y que existirían cerca de S/10 mil que provendrían de Los Dinámicos del Centro, dicha versión no ha sido corroborada.

“Incluso, depósitos de S/10 mil provendrían de Los Dinámicos del Centro; sin embargo, conforme ha manifestado el abogado y esto es correcto, que es el acta de aspirante a colaborar eficaz, es un acta de julio del 2021, y a la fecha han transcurrido más de cuatro años y por ende se debe exigir no sólo la aspiración; sino ya debe estar debidamente corroborado. En todo caso debe existir una sentencia aprobando o desaprobando este proceso especial”, anotó.

Para rechazar los elementos del presunto lavado de activos, el magistrado también adujo que el fin del lavado de activos es que el activo retorne luego de ser convertido. Sin embargo, explicó, en este caso “no se ha presentado ningún indicio de que el dinero, después de haber pasado por la colocación, intercalación y reintegración haya pretendido, mínimamente, retornarse a la investigada o los aportantes”, y todo el dinero fue transferido a Cerrón.

“Es de tener en cuenta que esta investigación no es de fecha reciente; sino que nace en enero del 2023 y a la fecha han transcurrido dos años y ocho meses. En consecuencia no existen indicios o que el dinero tenga origen maculado”, anotó.

De otro lado, respecto a los actos urgentes de investigación como lo son el careo y la declaración de Boluarte Zegarra, el juez señaló que “conforme lo ha señalado el abogado, no es una participación obligatoria; sino facultativa” por lo que existe la posibilidad de que guarde silencio o se niegue a participar. Por tanto, son actos de investigación que no necesitan de la presencia de la investigada.

“Que exista peligro de fuga, tampoco encontramos indicios dado que todos los viajes que realizó al exterior es como consecuencia de, ¿ haber sido qué? Presidenta de la República y no se puede utilizar documentación o información que haya realizado teniendo una función, en su contra. Sería infringir el derecho de defensa. Sería un imposible jurídico. Por haber cumplido una función, usarlo en su contra”, anotó.

Valdez Pimentel aseguró de otro lado que Boluarte Zegarra ha mostrado un “buen comportamiento” puesto que cuando fue citada a declarar concurrió -aunque no declaró- y además, acotó, se debe tener en cuenta que existen otros mecanismos como la virtualidad para tomar declaración.

Finalmente, el juez cuestionó la cantidad de dinero que la fiscalía aduce como el monto lavado por la presunta organización criminal a la que Boluarte es vinculada, al sostener que una red criminal no se forma para lavar solo S/15 mil.

Por tanto, concluyó que si bien la pena sí supera el mínimo exigido, no se cumplen los otros requisitos para dictar una medida de impedimento, como el sustento fáctico del presunto delito de lavado de activos, no existen actos de investigación donde la presencia de la investigada sea indispensable, no existe peligro de fuga y tampoco es un pedido proporcional debido al comportamiento procesal que ha tenido.

“El monto de dinero son S/15 mil soles, entonces no puede existir una organización criminal para lavar S/15 mil soles. Los aportantes…de S/100 y S/150 soles, hasta resulta… hasta resulta … son montos irrisorios que no pueden ser catalogados, sobre todo, en este caso por indicios, como actos de lavado de activos. En consecuencia no se cumplen con los presupuestos, esto es que no existe sustento fáctico”

Lolo Fernando Valdez Pimentel, juez de investigación preparatoria