Juan José Santivañez: Corte Suprema considera que investigación tiene “suficientes elementos de convicción” que lo vinculan con delito de abuso de autoridad
El Ministerio Público presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por sus declaraciones sobre los más de 50 fallecidos en las violentas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
La fiscalía le imputa al ministro el presunto delito de incitación a la discriminación en su modalidad agravada.
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Como se recuerda, en diciembre del 2024, al ser consultado por una periodista sobre las víctimas de las protestas que se desarrollaron entre diciembre del 2022 y enero del 2023, Quero respondió que los derechos humanos “son para personas, no para las ratas”.
Tras ello, la fiscalía inició una investigación contra el titular del Ministerio de Educación (Minedu). Esta pesquisa deriva de diversas denuncias presentadas por ciudadanos a raíz de lo expresado por Quero.
“Esta conducta, realizada desde una posición de autoridad pública, titular de la cartera de Educación, configura una modalidad agravada de la incitación pública a la discriminación conforme al artículo 323 del Código Penal”, argumentó el Ministerio Público.
La fiscalía señaló que, en el contexto de las investigaciones por este caso, y la búsqueda de justicia de los familiares de los fallecidos, las expresiones de Quero constituyen un acto de discriminación.
Añadió, que este tipo de conductas, ejercidas desde una posición de poder institucional, “no solo vulneran la dignidad de las víctimas, sino que contravienen directamente las obligaciones positivas del Estado de generar condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos humanos, sin exclusiones ni restricciones arbitrarias”.
“Es así que, ante tal aseveración, los recurrentes denunciaron la presunta comisión del delito de discriminación al considerar que dicha calificación [“ratas”] fue denigrante y ofensiva en menosprecio de las víctimas mortales en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, atentando contra su dignidad humana”, subrayó.
Morgan Quero juró como ministro de Educación en abril del 2024.
Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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La fiscalía recordó que las expresiones de Quero fueron calificadas por la Defensoría del Pueblo como “deplorables” y “ofensivas” y también rechazadas por la Organización Nacional de los Familiares de Asesinados y de las Víctimas de las Masacres 2022-2023.
“(…) después de haber perdido a nuestros seres queridos en una cruel masacre los años 22/23 seguimos sufriendo la violación a nuestra Dignidad Humana y la falta de respeto a la memoria de seres Humanos dignos, es inconcebible que una persona con un alto grado de formación, se exprese de esta manera”, expresaron los familiares en un comunicado.
No obstante, a pesar de ello, el Poder Ejecutivo y el Congreso no tomaron medidas contra el titular del Minedu. En el Parlamento, no prosperó una moción de censura debido al retiro de firmas. En tanto, el Gobierno de Boluarte tampoco hizo nada.
Las protestas en Puno comenzaron en diciembre del 2022. A inicios del 2023, cientos de puneños viajaron a Lima para manifestarse contra el Gobierno y el Congreso. (Hugo Curotto / Archivo)
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Al respecto, Quero ha declarado en diversas oportunidades que no escuchó bien la pregunta que le hizo la reportera de “La República” aquel 11 de diciembre. Asimismo, dijo a la fiscalía que no se retractó de sus declaraciones debido a que hizo aclaraciones públicas.
“En ese sentido, se muestra que no tuvo ningún acercamiento con las víctimas que se sintieron afectadas por sus declaraciones; por el contrario, considera que esta denuncia tiene contenido político”, afirmó el Ministerio Público.
Para la fiscalía, de ello, se desprende que “no existió ningún interés del ministro en rectificar su declaración”.
“En esa línea, tampoco niega lo dicho, por el contrario, justifica su declaración argumentando que lo mencionaba porque pensó que la periodista se refería a los violadores, obviando que los derechos humanos son inherentes a la persona y como titular de la cartera de Educación debe de promocionarlos y defenderlos; no propalar su exclusión de algún grupo social”, remarcó.
DATO
- Las protestas ocurrieron en respuesta a la crisis política derivada de la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como jefa de Estado. Ante ello diversos sectores de la población se movilizaron en todo el país. Estas protestas violentas ocasionaron la muerte de 57 ciudadanos, entre ellos dos recién nacidos, según datos del Ministerio Público.
- De acuerdo con la fiscalía, hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la PNP y las FF.AA. Asegura que se identificaron patrones de discriminación y estigmatización hacia las personas que ejercían su derecho a la protesta.
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¿Qué camino seguirá la denuncia?
De acuerdo con el reglamento del Congreso, el primer paso es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña (APP), dé cuenta de la denuncia. Luego, tiene 10 días hábiles para calificarla, es decir, revisar si cumple con los criterios de forma, principalmente que la persona denunciada esté comprendida dentro del artículo 99 de la Constitución.
Si la denuncia se declara procedente en la SAC, ésta pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas. Si también prospera en dicha instancia, se otorga a la subcomisión un plazo de 15 días hábiles para investigar y elaborar un informe final.
En esta etapa la SAC nombra a un congresista delegado del caso que se encarga de realizar las pesquisas. Además, se notifica al denunciado sobre el proceso para que formule sus descargos y presente los medios probatorios.
Luego, viene la etapa de audiencias, en esta fase participan todos los involucrados: denunciantes, denunciados, testigos y los integrantes de la subcomisión.
Posteriormente, el congresista delegado elabora el informe final que recomienda si se acusa o se archiva la denuncia. Se debate y se vota en la SAC. Tras ello, el documento se debate y se vota también en la Comisión Permanente. Si prospera en las dos etapas pasa al pleno, que tiene la decisión final.
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¿La denuncia es viable?
Los constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina consideraron que es posible que la denuncia prospere, pero no en un breve plazo.
Para Rospigliosi, la carga procesal en la SAC es elevada, por lo que estimó que el caso será visto recién por el próximo Congreso.
“No creo que se vea en este período, pero en el próximo Parlamento, creo que sí prosperará esta denuncia constitucional”, afirmó.
A su turno, Urbina dudó que la SAC libre a Quero de esta demanda. A su criterio, sería evidente el blindaje al Gobierno de Boluarte si mandan al archivo esta denuncia.
No obstante, consideró que si dan luz verde a la denuncia, el caso seguirá un lento avance en el grupo de trabajo.
Otras denuncias
En julio del 2024, la fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, sus ex primeros ministros Alberto Otárola y Pedro Angulo, el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta y los exministros del Interior César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Ello por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, por los fallecidos y heridos durante las protestas antigubernamentales registradas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
La denuncia recién fue admitida a trámite por la SAC en diciembre pasado.
Esta semana, Otárola también fue denunciado constitucionalmente por la fiscalía por los procesos de contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Ministerio de Defensa. El Ministerio Público le atribuye el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.
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De otro lado, han sido denunciados constitucionalmente, por otros casos, el premier Gustavo Adrianzén y los exministros Juan José Santiváñez y Hania Pérez de Cuéllar.
En el caso de los dos primeros la acusación fue presentada, en enero del 2025, por la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático) y es por la observación de la norma que restituye la detención preliminar. La demanda alcanza también a la presidenta Dina Boluarte.
Según explicó la legisladora, los tres altos funcionarios habrían vulnerado la Constitución en los artículos que les exige trabajar al servicio de la Nación, algo que debería ser uno de los principios básicos fundamentales de todo funcionario público.
Cabe señalar que Santiváñez dejó de ser ministro del Interior en marzo, cuando fue censurado por el Congreso.
En tanto, la denuncia contra Pérez de Cuéllar fue presentada por Rudecindo Vega, quien alegaba que la exministra de Vivienda presionó para removerlo de su cargo en el Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conafovicer). Sin embargo, el caso fue archivado por la SAC en abril.
