(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

Por: Alexander Villarroel y Luis Paredes

Un colaborador eficaz relató a los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato que en 2014, a dos años de culminar la administración del entonces presidente , la ex primera dama solicitó a funcionarios de la constructora brasileña un total de US$230 mil. Así lo reveló la Unidad de Investigación de El Comercio este lunes.

Este es un aporte del cual la justicia no tenía conocimiento, puesto que solo se sabía de aportes tanto de OAS como de Odebrecht para las campañas presidenciales del Partido Nacionalista. Esta supuesta nueva entrega de dinero se habría dado cuando el gobierno de Humala ya había iniciado.

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Ante esta situación, este Diario consultó a abogados penalistas a fin de que comprender cuáles serían las verdaderas implicancias de cara al proceso que ya se sigue en curso contra el ex mandatario y su esposa por los supuestos aportes de las constructoras.

Los penalistas Enrique Ghersi, Carlos Caro e Iván Montoya coincidieron en que esta nueva información que ha obtenido la fiscalía complica la situación de la ex primera dama y permitiría que se inicie una nueva investigación fiscal sobre el tema.

Esto último puesto que las entregas de dinero en efectivo ya se habrían efectuado cuando ambos involucrados ostentaban un cargo público, por lo que, explicaron, ya no se hablaría solo de aportes supuestamente ilícitos (como está especificado en el expediente actual) sino que también se abarcaría delitos de corrupción.

No obstante, la fiscalía que actualmente tiene el expediente por presunto lavado de activos ─explicaron los especialistas consultados para el informe─ también podría solicitar una ampliación o acumulación frente a los hechos que ya se le habían imputado. 

Montoya refirió que, en la acusación planteada, por lo que sabe, “no está juego su calidad de funcionario público”. “No creo que se acumule porque ya la otra carpeta está muy avanzada y creo que se va a dejar correr sola la acusación por lavado. Esto sería inicio de una investigación muy independiente”, refirió.

“Como ya formularon acusación sobre el tema de aportes de campaña, perfectamente podría abrirse una nueva investigación porque son hechos distintos ocurridos en otro momento y posiblemente aquí estemos hablando de un presunto delito de concusión directamente”, apuntó, por su parte, Enrique Ghersi.

En tanto, Caro remarcó que esta declaración del colaborador compromete la situación de los Humala-Heredia “porque la fiscalía podría presentar esto como prueba para decir que también ha habido lavado de activos provenientes de la corrupción”.

“Que haya sido la señora Heredia quien haya pedido el dinero y que eventualmente lo haya utilizado o gastado, no hace mucha diferencia en la medida que ambos [con Humala] tenían un proyecto político en común”, acotó Caro.

Se mencionó que los delitos en los que estarían ahora comprendidos tanto Heredia como Humala serían los de cohecho pasivo y concusión, sancionados con hasta ocho años de cárcel de acuerdo con el Código Penal vigente.

Asimismo, Enrique Ghersi hice hincapié en que “la mera imputación del colaborador eficaz no es suficiente” sino que tiene que estar acompañada de otro tipo de material probatorio.

“Pero una vez que esté corroborada la situación de la señora Nadine Heredia se agravaría”, puntualizó.

Para la penalista Romy Chang, en caso de que esta declaración no haya sido incorporada en la acusación, ya no se podría solicitar una ampliación de hechos durante el proceso. A su juicio, solo quedaría iniciar una nueva investigación bajo la Ley de Crimen Organizado.

“Ya realizada la acusación, el fiscal ya delimitó el margen de la acusación. Ya dijo estos son los hechos concretos con los que estoy acusando, esta es la pena que corresponde y esta es la participación de cada persona. Ya no es posible regresar y agregar nuevas cosas y volver a formular la acusación”, aseveró.

El Comercio se comunicó con uno de los abogados del ex mandatario Ollanta Humala, Alberto Otárola, a fin de consignar su postura en este informe. Sin embargo, prefirió excusarse de emitir alguna opinión toda vez que en este momento la defensa legal aún se encuentra revisando la acusación realizada por la fiscalía. 

Antes de publicar el testimonio del colaborador eficaz en el Caso Lava Jato, César Nakazaki, otro de los abogados del ex presidente y de su esposa, Nadine Heredia, señaló a este Diario: “Oficialmente no conocemos esa información. Tenemos que esperar que la información sea incorporada formalmente al expediente para poder pronunciarnos sobre estas nuevas pruebas. Me llama la atención que la fiscalía no haya incorporado las declaraciones de los ex ejecutivos de OAS”.