Entre 18 y 30 años sería pena de cárcel para Nadine Heredia y exministros, estima fiscal

La fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovanna Mori, sostuvo que de ser encontrados responsables por el Caso Gasoducto Sur, la ex primera dama Nadine Heredia; y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, podrían ser condenados a penas entre 18 a 30 años de cárcel.

Durante la tercera audiencia donde se sustenta el pedido de prisión preventiva contra los tres investigados, la fiscalía sostuvo que habrían elementos contundentes respecto al peligro de fuga y obstaculización.

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Heredia, Castilla y Mayorga son investigados por los delitos de colusión agravada y asociación ilícita en organización criminal.

“Nos encontramos ante un concurso real de delitos por lo tanto procede la sumatoria de estas penas (…) entonces la pena probable sería de 18 a 30 años con lo cual se superaría ampliamente los 4 años que establece el Código Procesal Penal para este segundo presupuesto”, sostuvo la fiscal ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena.

-Heredia ha obstaculizado la investigación

De otro lado, la fiscal Mori sostuvo que existía peligro de fuga y obstaculización por hechos sumamente graves imputados contra Heredia Alarcón. Esto, porque sus familiares tienen diversos inmuebles que podrían ayudar a sustraerse de la justicia.

Puntualizó que existía peligro de fuga, ya que si bien tiene arraigo domiciliario conocido, “tiene capacidad de rehuir a la justicia y pasar a la clandestinidad”. “La ex primera dama tiene facilidad para acceder a cargos en el extranjero, no tiene arraigo laboral o actividad laboral remunerada en el país. A ello, se suma su falta de capacidad para reparar el daño causado”, exclamó.

Sobre el comportamiento procesal, sostuvo la fiscal que existe una práctica de Heredia para interferir en las declaraciones de los testigos. Uno de ellos, según el colaborador eficaz 2-2015, la ex primera dama le dijo a Eduardo Sobenes, que no acuda a la fiscalía a declarar.

“Que se acredita la obstaculización, dijo la fiscal; cuando en el 2018, el abogado Wilfredo Pedraza, que fue abogado de Heredia, le pidió al exministro Jorge Merino Tafur, que niegue haberse reunido con su patrocinada en Palacio de Gobierno. Por eso, agregó, se ha incorporado como investigado a Pedraza”, detalló.

Es por ello que, según la fiscal, se configura el peligro de obstaculización, “en la injerencia y capacidad para que los testigos no obedezcan a los deberes de declarar en las citaciones fiscales”.

“Se evidencia que la directa beneficiada para dirigir estas declaraciones, es la imputada Nadine Heredia Alarcón. Debemos analizar que estas organizaciones criminales trabajan así”, alegó Mori.

Por tanto, para la fiscal, se ha verificado en las conductas de los testigos para que no declaren y tergiversa lo que ha ocurrido. “Condicionando la declaración de un exministro. Estos actos que se viene acaeciendo en este proceso. Estas son prácticas de las organizaciones criminales que con el propósito de que no se conozca lo que ocurrió en los hechos (…) este tercer presupuesto se cumpliría en el caso de la señora Nadine Heredia”, sostuvo la fiscal.

-No existe obstaculización-

A su turno, el abogado Jefferson Moreno, defensa de Heredia Alarcón, sostuvo que su patrocinada sí tiene arraigo laboral y domiciliario.

Reseñó que la ex primera dama recibía una remuneración de S/4,500 como presidenta del Partido Nacionalista. Además, cumple con la función importante de ser madre.

Además, dijo, ha constituido la empresa ‘Bakery 180 AIRL’ el 3 de julio, pero que no pudo abrir cuentas bancarias debido a la investigación por lavado de activos. Según la Sunat, dicha empresa se dedica al sector de panadería.

Para Moreno, no se cumple con el elemento de peligro procesal, contra su patrocinada. Esto, porque no existe la reiteración delictiva porque ya no ocupa el cargo de ex primera dama y que la presunta organización criminal a la que se le vincula, tampoco existe, ya que la fiscalía indica que esta operó entre 2011 al 2016.

Sobre el comportamiento de su patrocinada, sostuvo que esta es investigada por los casos Hospital Lorena, Club de la Construcción y Financiamiento de Campaña por Odebrecht. Y sobre esta última, recordó, de donde habría influido sobre el colaborador 2-2015, solo tiene comparecencia restrictiva.

Sobre la participación del abogado Wilfredo Pedraza, alegó que la reunión que sostuvo con el exministro Jorge Merino, era para determinar cuestiones técnicas sobre el Gasoducto Sur.

Finalmente, sobre los actividad en las redes sociales de Heredia, el abogado sostuvo que el contenido de los tuits no tiene nada que ver con el caso que se investiga.

“Este peligro procesal, si existiese; porque estamos negando que exista, puede ser controlado con otras medidas. La comparecencia con restricciones o la prohibición de comunicarse con sus coinvestigados”, dijo el abogado.

-Exministros tendrían facilidad de eludir la justicia-

En otro momento de la audiencia, la fiscal Mori manifestó que el exministro Luis Castilla, no tendría arraigo domiciliario ni familiar. Por ello, “se presumiría que podría sustraerse de la justicia por no tener arraigo del país”.

Alegó que Castilla fue renuente en la investigacion del Ministerio Público y que tuvo conductas obstruccionistas. Incluso, se reunió con la testigo Tábata Dulce Vivanco, para hacerle consultas sobre una reunión con el exviceministro, Luis Ortigas.

“Estamos ante un peligro de obstaculización de Castilla Rubio que acreditarían el tercer presupuesto”, sostuvo la fiscal Mori.

El abogado César Nakazaki, defensa de Luis Castilla, alegó que su patrocinado sí tiene domicilio. Y que, la falta de propiedades a su nombre, no constituye una falta de arraigo domiciliario.

Recordó que Castilla tenía un trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero por las acciones de la fiscalía tuvo que dejarlo y ahora labora en el Perú en Carrizales Infraestructura Servicio Público en su calidad de consultor.

También, añadió, es consultor de AFP Habitad y tiene un contrato con Palestra Editores para realizar libro.

“Lo que creo es que la fiscalía ahora lo quiere utilizar para mandarlo a la cárcel”, cuestionó Nakazaki. Ello, debido a que Castilla dejó su trabajo y arraigo en Estados Unidos.

Según el abogado, Castilla ha tenido un comportamiento impecable en la investigación. Añadió que no puede reparar un daño al Estado que no ha causado.

Sobre la obstaculización a la justicia y citación de la testigo Tábata Vivanco, señaló que lo que buscaba es aclarar o recordar un hecho, no alterar la verdad.

“Acá señor juez ¿qué amenaza u oferta aparece en una declaración de una persona que dice llámenme como testigo que voy a decir la verdad? Acá, señor juez, no hay sospecha fuerte ni de peligro de fuga, ni de obstaculización”, concluyó Nakazaki.

Sobre la situación Eleodoro Mayorga, según la fiscal Mori, el exministro no tiene arraigo laboral y por ello, “podría eludir la justicia”. Además, podría influir en sus coimputados y obstaculizaría las investigaciones.

Además, pidió al juez considerar su presunta pertenencia a una organización criminal.

La fiscal remarcó que Mayorga tiene constantes viajes al exterior y señaló que la gravedad de la pena de los hechos investigados no tienen beneficios penitenciarios y por ello, podría eludir la justicia.

A su turno, el abogado Raúl Pariona, defensa de Mayorga, sostuvo que la fiscal reconoció que su patrocinado tiene domicilio y que asistió a todas las diligencias programadas por la fiscalía.

“Es la persona que más arraigo tiene, vive hace más de 40 años en su domicilio en Barranco”, afirma.

El abogado indica que pese a su condición de jubilado, Mayorga sí tiene trabajo pues dicta clases como profesor universitario actualmente.

Rechazó que su patrocinado obstaculice las investigaciones, pues ha cumplido con declarar hasta en cinco oportunidades, por lo que no existiría un peligro de fuga.

“Mi patrocinado fue ministro un año y luego no tuvo contacto con funcionarios. Se dedicó a la labora docente y esa es su única actividad. Después que salió mi patrocinado del ministerio han pasado ocho ministros de Estado distintos, es decir que con eso no se puede afirmar que mi patrocinado podría tener algún tipo de injerencia”, afirmó Pariona.

El juez Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado Anticorrupción, suspendió la audiencia para este miércoles a las 3 de la tarde.

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