La fiscal del Equipo Especial, Geovana Mori, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Heredia Alarcón y dos exministros, quienes son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en perjuicio del Estado.
La fiscal del Equipo Especial, Geovana Mori, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Heredia Alarcón y dos exministros, quienes son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en perjuicio del Estado.
Karem Barboza Quiroz

tuvo injerencia y manejo en el proyecto gasoducto sur peruano (GSP), afirmó la fiscal del equipo especial Lava Jato, Geovana Mori, durante la diligencia judicial en la que sustentó su pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la ex primera dama.

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En el inicio de la audiencia, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena escuchó los primeros argumentos de la representante del Ministerio Público, así como los de la defensa legal de Heredia Alarcón.

Este viernes, el magistrado continuará con la audiencia y escuchará los argumentos contra el exministro de Economía Luis Miguel Castilla y el extitular de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, para quienes se solicitó la misma medida por igual plazo.

Heredia, Castilla y Mayorga son investigados por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, en organización criminal, por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht con la resolución de los proyectos gasoducto andino del sur y gasoducto sur peruano.


Manejo y liderazgo

Durante su exposición, la fiscal Mori afirmó que los elementos de convicción recabados en la investigación preparatoria demostrarían que Heredia Alarcón sería la cabeza de una organización criminal enquistada en el Gobierno Central.

“Se le atribuye la calidad de líder de organización criminal que se enquistó en el Gobierno Central una vez que el Partido Nacionalista llega con Ollanta Humala. Su rol fue establecer planes delictivos y comunicar a los demás integrantes de la organización criminal los fines y objetivos trazados para favorecer a empresas brasileñas en concursos públicos”, aseguró.

El favorecimiento a Odebrecht, dijo Mori, se dio con la resolución de la licitación del gas andino (entregada inicialmente a Kuntur) y la devolución de la carta-fianza de US$66 millones a la constructora. Luego, al haber sostenido reuniones con funcionarios y haber intervenido al darles directivas a Castilla y Mayorga, a fin de que estos favorecieran a la empresa brasileña en el Comité de Pro Inversión con la licitación del proyecto GSP.

Lo anterior sería en retribución del aporte ilegal que Odebrecht habría entregado para la campaña electoral de Humala en el 2011. Mori sostuvo que, en la investigación, quedó demostrado que Heredia tenía “poder” y era una “funcionaria de facto”. Mencionó la declaración del excongresista Daniel Abugattás, quien dijo que la esposa de Humala tenía una oficina en Palacio, asesores, e incluso su amiga Rocío Calderón despachaba allí.

“Lo que se hizo en un fin de semana [fue que] la carta que emite el comité fuera modificada bajo los lineamientos de participación de Castilla y Mayorga. Por eso es que pedimos la prisión preventiva. Porque se manejó esta decisión y se otorgó la buena pro a un solo postor de un proyecto de más de 7 mil millones de dólares”, afirmó.

A través de las declaraciones de colaboradores eficaces y testigos (el exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata, los empresarios José y Hernando Graña, el exministro Jorge Merino y otros), Mori dijo que se demuestra que Heredia “tuvo injerencia en este proyecto”.

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”Vocera del Gobierno”

El abogado Jefferson Moreno, defensa legal de la ex primera dama, rechazó el pedido de prisión preventiva indicando que no existen elementos graves y fundados para sostener esa medida.

Alegó que las participaciones de Heredia en reuniones con funcionarios y empresarios se dieron en su papel de “vocera del Gobierno”, cuyo rol era el de informar sobre las obras de la gestión.

Sostuvo que en la declaración de Jorge Barata no existe un reconocimiento puntual y textual de que Heredia Alarcón haya ofrecido ayudarlos con el GSP. “Lo que hay que discutir es si Nadine Heredia le dijo a Jorge Barata que le iba a hacer ganar el gasoducto, ese es el punto […] Jorge Barata nunca ha dicho que Nadine Heredia le ofreció ganar el gasoducto y que lo ayudaría con Kuntur”, afirmó.

Moreno presentó las declaraciones –no incorporadas en la investigación– que dio Barata a la justicia brasileña en las que indica que no había pagado por el gasoducto sur y en las que aseguró que había una mala relación del sector empresarial con el gobierno de Humala.

También cuestionó las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, como los empresarios José y Hernando Graña, aseverando que sus versiones entran en contradicciones en algunas partes. Igualmente, afirmó que la declaración del exministro de Energía y Minas Jorge Merino no demuestra un pacto colusorio.

“Jorge Barata ha presentado seis declaraciones y en cada una tiene versiones diferentes”, afirmó.

El juez Sánchez Balbuena suspendió la audiencia hasta las 9 a.m. de hoy.

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Nuevo elemento

La fiscal Geovana Mori presentó como nuevo elemento de convicción contra el exministro de Economía Luis Miguel Castilla la declaración de Tabata Dulce Vivanco del Castillo.

Vivanco, el pasado 22 de julio, declaró que Castilla la citó en su vivienda (Magdalena) para buscar que testifique sobre una reunión en Palacio de Gobierno con el entonces viceministro de Energía, Luis Ortigas.

Esto, según la fiscalía, acreditaría una supuesta obstaculización a la investigación por parte de Castilla.

NOTA PREVIA

La fiscal del Equipo Especial , ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Nadine Heredia Alarcón, Luis Miguel Castilla Rubio y Eleodoro Mayorga Alba, quienes vienen siendo investigados por en este caso los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en perjuicio del Estado Peruano.

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Según la hipótesis fiscal, Heredia y los exministros formarían parte de una organización criminal constituida al interior del aparato estatal, donde la ex primera dama tenía un poder de facto. Gracias a ello, habría dado directivas y pactado reuniones con la finalidad de que la empresa Odebrecht, sea favorecida con el proceso del Gasoducto Sur Andino y posteriormente con la licitación del proyecto Gasoducto del Sur.

Lo anterior, según la fiscalía, habría sido en contraprestación de los presuntos aporte ilícitos que la constructora brasileña había realizado durante la campaña electoral del 2011, cuando Ollanta Humala postuló a la presidencia por el Partido Nacionalista.

La solicitud del Ministerio Público se iba a analizar el 24 de julio, pero tras iniciarse la audiencia, y la acreditación de las partes procesales, se dio cuenta que tanto la fiscalía como la defensa legal de algunos de los investigados habían incorporado nuevos elementos de convicción.

“Se trata de nuevos elementos de convicción incorporados por la fiscalía y las partes. Tanto la defensa de Mayorga y Castilla”, indicaron en ese momentos fuentes de El Comercio.

Dicha audiencia duró aproximadamente 30 minutos. Según fuentes de El Comercio, fue instalada por el magistrado con todas las partes procesales, pero no se hizo pública.

A diferencia de otras oportunidades, el Poder Judicial no transmitió la diligencia. Desde la institución, indicaron a este diario que no tenían conocimiento del motivo y que podría tratarse de problemas técnicos.

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