Nadine Heredia y Ollanta Humala: ¿Qué testimonios y diligencias contempla la fiscalía en el Caso del Centro de Convenciones de Lima?

Esta diligencia formará parte de las actuaciones que programará el MP, luego de que el Poder Judicial (PJ) ordenó ampliar por 24 meses adicionales el caso.

El juez de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Luis Chávez Tamariz adoptó la decisión durante la audiencia de este miércoles 3 de diciembre, ante el pedido por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para ampliar la investigación contra la expareja presidencial, otras 21 personas (19 naturales y 2 jurídicas).

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Según el magistrado Chávez Tamaríz, el requerimiento del Ministerio Público debía ser declarado fundado, pero con un plazo razonable debido a la ingente cantidad de diligencias que aún faltan actuar.

La fiscal Diana Canchihuamán, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios había solicitado 36 meses adicionales.

No obstante, el juez recordó que la investigación preparatoria ha llevado tres años, por lo que era viable una prórroga adicional de dos años.

“La motivación radica en las diligencias que se deban realizar como son las pericias, en el número de imputados que se trata de 24, que comprende 7 aspectos (hechos) relevantes que se han descrito sobre el Centro de Convenciones y de las imputaciones que han recaido sobre cada uno de los procesados”, anotó.

El Comercio se comunicó con el abogado Edinson Huamán, defensa legal de Nadine Heredia y Ollanta Humala en este caso, quien cuestionó la decisión judicial al sostener que es un plazo “excesivo”.

“Es un plazo excesivo. Vamos 6 años de investigación y ahora se extiende 2 años más. El tema central es que durante la investigación se viene confirmando la inocencia de mi patrocinada y se descartan las imputaciones del Ministerio Público. Vamos 6 años de investigación, que atenta el derecho al plazo razonable. Ya el Tribunal Constitucional se pronunció sobre las investigaciones perpetuas”, sostuvo.

Respecto a la decisión del Ministerio Público para tomar la declaración de Heredia Alarcón, remarcó que la exprimera se encuentra amparada por el asilo diplomático otorgado por Brasil, por lo que esperarán la convocatoria de la fiscalía para adoptar una decisión.

“Recordar que mi patrocinada tiene el amparo del asilo internacional y, por tanto, vamos esperar las citaciones del Ministerio Público y lo coordinaré con mi colega brasileño.”

Edinson Huamán, abogado de Nadine Heredia y Ollanta Humala

Heredia y Humala -quien cumple condena por el Caso Aportes- son investigados por el presunto delito de colusión agravada.

Si bien el caso no es propiamente por el presunto delito de organización criminal, la fiscalía precisó que “se vienen investigando hechos vinculados a la organización criminal internacional Constructora OAS”, por lo que el caso fue declarado “complejo” en su oportunidad, bajo los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado, y se dispuso 36 meses de plazo inicial.

En atención a ello, la fiscalía alegó que debido a que se encuentran pendientes de realizar diversas diligencias programadas hasta el 2027, se hacía necesario disponer su ampliación.

La fiscal explicó que entre las diligencias pendientes, está la toma de declaración de la ex primera dama, quien fue citada hasta en cuatro oportunidades para los días 3,10,17 y 24 de octubre pasado, pero no se presentó.

La representante del MP no precisó cuál sería el mecanismo para recoger la declaración de Heredia Alarcón.

“Estando que la toma de sus declaraciones indagatorias resultan pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, deberán programarse en función a la prórroga que el despacho solicite y que el juzgado conceda y será puestas a conocimiento de las partes oportunamente.”

Diana Canchihuamán, fiscal de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

Heredia permanece desde hace siete meses en Sao Paulo, Brasil, luego de recibir el asilo político el mismo día en que fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos tras recibir aportes ilícitos en las campañas del Partido Nacionalista del 2006 y 2011.

Su esposo, el expresidente Ollanta Humala, lleva cumpliendo siete meses de los 15 años de condena que también le impuso.

En el caso del Centro de Convenciones de Lima, el pedido de ampliación fue requerido por la fiscal Diana Canchihuamán y la fiscal adjunta anticorrupción, Katherine Aldana Alarcón, oralizó la solicitud.

Aldana expresó que el plazo solicitado se debe a que algunos de los investigados no han concurrido a las citaciones para continuar con sus declaraciones, y diversas entidades nacionales e internacionales aún no remiten la información solicitada, entre otras diligencias. “Estamos ante casos o hechos de naturaleza grave”, anotó.

La representante del MP recordó que se trata de siete hechos los que se investigan en el caso, entre ellos los presuntos pagos ilícitos a la expareja presidencial.

De acuerdo a la fiscalía, se le imputa a la entonces primera dama que con el acuerdo de su cónyuge, habría sostenido tratativas colusorias -con conocimiento y voluntad- con el imputado Valfredo de Assis de Ribeiro Filho, donde presuntamente acordaron favorecer a su representada Constructora OAS S.A - Sucursal del Perú, en el marco del Proyecto “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima – Perú”, defraudando patrimonialmente al Estado.

Mientras que Humala Tasso, según la fiscalía, habría intervenido en razón de su cargo, con conocimiento y voluntad en tratativas colusorias con el imputado Valfredo de Assis de Ribeiro Filho, donde habrían acordado favorecer a su representada Constructora OAS S.A.

A cambio de dicho favorecimiento, según la fiscalía, se habrían recibido pagos indebidos. Estos, presume el MP, se habrían recibido a través de dos allegados a Heredia Alarcón: Rocío del Carmen Calderón Vinatea y Ronald Barrientos, quienes han sido relacionados debido a que sus nombres fueron consignados en las agendas atribuidas a la exprimera dama.

“Cabe mencionar que el entonces presidente de OAS José Adelmairo Pinheiro Filho (conocido como Leo Pinheiro), habló de pagos ilícitos por el Centro de Convenciones de Lima, confesó que OAS pagó sobornos para adjudicarse la construcción del Centro de Convenciones de Lima por S/534 millones en el 2014. Pinheiro dijo que los detalles lo conocen los ex ejecutivos de OAS Leonardo Fracassi Costa, Ramilton Machado y Alexander Portela.”

Diana Canchihuamán, fiscal de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

Desde que se formalizó la investigación preparatoria el 8 de noviembre del 2022 a la fecha, la fiscalía ha emitido 589 providencias y 40 disposiciones fiscales.

Sin embargo, de acuerdo a la fiscalía existe diversa documentación que aún debe ser analizada y sometida a peritaje.

Entre esta, se encuentra el análisis y depuración de 63,669 archivos contenidos en un disco duro portátil entregado por el Colaborador Eficaz 175-2020.

El Ministerio Público aún se encuentra a la espera de las respuestas a sus solicitudes de Asistencia de Cooperación Judicial Internacional que han sido reiterados a Brasil, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, México, España y Mancomunidad de Bahamas; entre otras diligencias que tiene pendiente de realizar una constatación in situ al centro de convenciones para su verificación.

También se tiene previsto realizar la verificación de originalidad de correos electrónicos entregados por el Colaborador Eficaz 01-2023, que contienen cerca de 112,601 archivos.

Sumado a ello, se tiene previsto tomar declaraciones indagatorias de testigos, entre ellas a 52 ex congresistas como Virgilio Acuña, Humberto Lay, Carmen Omonte, Daniel Abugattás, Freddy Otárola y el hoy alcalde de Lima, Renzo Reggiardo Barreto, entre otros.

De igual forma, declaraciones de miembros del Organismo Internacional para las Migraciones - OIM, así como diligencias de exhibición de documentación y visualización y reconocimiento de videos vinculados a los hechos.

Además, de las declaraciones de los exfuncionarios brasileños de OAS que se encuentran vinculados al caso, pero que la justicia de Brasil ha cuestionado debido a la suspensión del acuerdo de colaboración.

Ante ello, dicha instancia ha solicitado aclaraciones que ya fueron remitidas por la fiscalía y se encuentra a la espera de la respuesta de la justicia brasileña.

Durante la audiencia realizada el último miércoles diversas defensas legales se opusieron al plazo solicitado por la fiscalía, y consideraron que un tiempo razonable sería entre 6 y 18 meses.

Otras defensas solicitaron que se rechace en su totalidad el pedido de prórroga de plazo atribuyendo una falta de diligencia por parte del Ministerio Público por no haber concluido las diligencias en el plazo ya transcurrido y haber programado diligencias hasta el 2027.

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