Nuevo revés para Vladimir Cerrón: ¿Qué sucedió con el Caso Puente Comuneros II donde la fiscalía pide seis años de cárcel en su contra?

El prófugo Vladimir Cerrón no logró archivar la acusación del Ministerio Público que solicitó hasta seis años de cárcel en su contra por presuntos actos de corrupción en el caso “Puente Comuneros II”.

El Poder Judicial rechazó su recurso de sobreseimiento y excepción de improcedencia de acción que presentó el candidato presidencial de Perú Libre con la finalidad de eludir a la justicia, según la resolución obtenida por El Comercio.

La fiscalía anticorrupción lo acusa por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y alternativamente, colusión simple, en agravio del Estado Peruano. Por ello, solicito seis y cuatro años de cárcel en su contra, respectivamente.

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Mientras tanto, la Procuraduría Anticorrupción solicitó que Cerrón Rojas y otros co-acusados paguen una reparación civil solidaria de S/20’135,342.95.

El caso se encuentra actualmente en control de acusación y tras rechazarse el recurso de Cerrón Rojas contra la imputación fiscal, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín continuará con la fase de admisibilidad de los medios probatorios de la acusación.

Esta semana, el ex gobernador regional de Junín cumplió dos años y medio prófugo de la justicia. Y es que, actualmente, existe una orden de captura y prisión preventiva por 24 meses en su contra en el marco del proceso que se le sigue por los presuntos delito de lavado de activos y organización criminal por el caso “Aportes a Perú Libre”.

Cerrón decidió entrar a la clandestinidad para no cumplir con la sentencia que se le impuso el 6 de octubre del 2023, por el Caso Aeródromo Wanka.

Dicha sentencia fue posteriormente anulada, pero incluso el exfuncionario continuó oculto de las autoridades policiales y de la justicia, para no cumplir con las órdenes de prisión preventiva que se le impusieron.

Según la documentación, Vladimir Cerrón es acusado en su condición de exgobernador regional de Junín, por dos hechos presuntamente ilícitos cometidos en su segunda gestión (2019) para la ejecución de la obra “Creación del Puente Comuneros entre la Av. Daniel Alcides Carrión y la Calle Max Hongler en los distritos de Huancayo – Huamancaca Chico – provincia de Huancayo y Chupaca, región Junín”.

De acuerdo a la acusación, Cerrón Rojas no habría cumplido con su deber funcional de resguardar los bienes del Gobierno Regionl y habría incurrido en infracción del deber al firmar el convenio marco de la referida obra.

Por el presunto delito de colusión simple, se le atribuye haberse concertado con funcionarios de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) para que se evalúe, reformule y ejecute el referido proyecto pese a que ya existía un convenio marco suscrito entre el Gobierno Regional de Junín y SIMA Perú, que precisaba cuál sería el papel de esta última entidad y del que tenían conocimiento.

De acuerdo a la fiscalía, durante la reformulación del convenio, para el que no tenían la facultad, se insertaron cláusulas, referidas al objeto - estudio definitivo, plazos y obligaciones de SIMA PERU, distintos al proyecto.

Posteriormente, se suscribió el convenio entre el Gobierno Regional de Junín y SIMA PERÚ, sin que la empresa tenga la competencia de reformular el expediente técnico inicial.

“Es decir, dichos imputados facultaron a SIMA PERÚ a realizar actividades ajenas a su objeto social, tal es así que para cumplir con la obligación de elaborar el estudio complementario de Ingeniería; es decir, la finalidad de dichos imputados con este acto colusorio, fue que SIMA PERÚ además de ejecutar la obra, reformule el expediente técnico inicial, generando un peligro potencial económico al Estado, dado que SIMA PERÚ no sería el encargado de reformular el expediente técnico inicial sino la empresa CESMA con fondos del Estado.”

Fiscalía Anticorrupción de Junín

El segundo hecho, donde se le acusa por el presunto delito de colusión agravada, el Ministerio Público sostuvo que Cerrón Rojas, luego de firmar el convenio y previo a la ejecución de la obra “Creación del Puente Comuneros” se concertó con sus co-acusados con la finalidad de modificar el convenio específico mediante adendas No. 1 y 2.

Dichas adendas, señaló, disponían un adelanto directo del 30% equivalente a S/39’459,197.07 a SIMA Perú para reformular el expediente técnico ampliar el plazo, incrementar los costos en los componentes (Puente Comuneros, vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental) en S/ 3’606, 516.91 y gastos generales en S/ 2’863,172.68, generando un peligro potencial económico al Estado.

Esto porque al haberse reformulado el expediente técnico sin ningún sustento técnico se incrementarían los costos en el puente comuneros, vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental.

Advirtió que fiscalía que “el cambio de alternativa tecnológica no permitió cumplir con la finalidad del convenio específico que se enmarcó en el ahorro del costo (...). Contrariamente, incrementó el costo en un importe similar al que se pretendió ahorrar, por lo tanto al otorgar dicho incremento contravino la cláusula novena del convenio específico”.

La defensa de Cerrón Rojas pidió el archivo del caso al señalar que los hechos por los que fue acusado no configuran delito de colusión.

De acuerdo a sus argumentos, la intervención del SIMA sí estaba contemplado dentro del convenio marco y además, no se habría incurrido en una infracción del deber pues su patrocinado tenía la facultad de suscribir convenios de acuerdo a ley.

“(Solicitó) El sobreseimiento de la causa por falta de elementos de convicción suficientes para vincular a su defendido con el delito de colusión, argumentando que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y que, como gobernador, Cerrón Rojas se basó en los informes técnicos y legales para suscribir la adenda, y no infringió su deber”, demandó la defensa.

La fiscalía anticorrupción, por su parte, solicitó que se rechace el pedido de archivo de la acusación, señalando que lo alegado por la defensa de Cerrón Rojas no concuerda con las actuaciones y acuerdos firmados por el exgobernador regional de Junín.

Con sus actuaciones, señaló el fiscal, “el acusado ha infringido su deber al momento de suscribir el Convenio Específico y la Adenda N.° 1”, ya que si bien estaba dentro de las facultades como gobernador regional, no lo está infringir las normas y ocasionar un perjuicio al Estado.

“El adelanto directo hasta el 30% solicitado, ascendía a más de 40 millones (...) que nunca se debió otorgar porque la obra no se encontraba en ejecución; por lo tanto, los hechos sí se subsumen al delito de colusión”, remarcó el fiscal.

Tras analizar los argumentos de las partes, el Juzgado de Investigación Preparatoria coincidió en que los hechos imputados contra Vladimir Cerrón y otros, calzaban con el presunto delito de colusión.

“En ese entender, este despacho también, comparte la tesis del Ministerio Público, cuando en audiencia, el momento de correrle traslado de la Excepción deducida por la defensa, que se tiene que el acusado en su condición de gobernador regional del Gobierno Regional de Junín, habría concertado on el extraneus”

Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín

En esa línea, el juzgado describió que de acuerdo a la acusación, Cerrón Rojas y sus co-imputados facultaron a SIMA Perú para realizar actividades ajenas a su objeto social, que además de ejecutar la obra, reformuló el expediente técnico inicial, generando un peligro potencial económico al Estado, perpetrando el presunto delito de colusión simple.

“En el presente caso se constatan suficientes datos de cargo, que son desfavorables al imputado recurrente, así como a sus coacusados, y que por el contrario fundan el progreso de la persecución penal, tal es así que el Ministerio Público, como titular de la acción penal ha formulado acusación”, resolvió el juzgado.